González tiene ante su consideración la petición de Nelson Ruiz Colón, José A. Caro Pérez y Nelson Ortiz Álvarez, quienes llevan presos cerca de 22 años.

También tiene ante sí una moción oponiéndose del Departamento de Justicia. 

El juez puede conceder o negar la petición; otra posibilidad es que se limite a escuchar las partes y se reserve el fallo para una fecha posterior.

Lo nuevo es que la vista será transmitida en directo desde las 9:00 de la mañana a través de primerahora.com.

Mientras, el abogado Osvaldo Carlo, quien representa a Nelson Ruiz Colón, señaló que aún esperan por detalles sobre los métodos de pago disponibles para poder enviar evidencia a un laboratorio en los Estados Unidos donde realizarán pruebas mitocondriales a unos pelos recuperados en distintas partes del cuerpo de la víctima.

Los  convictos tienen que pagar por las pruebas.

Ese análisis científico no existía al momento del juicio, por lo que no se pudo determinar a quién correspondían los pelos.

Los convictos están seguros de que los resultados los exonerarán de toda culpa.

“Necesitamos saber si se va a pagar por adelantado o por etapas. Es información que nos debe el Instituto de Ciencias Forenses y que necesitamos para poder enviar esos pelos. Se va a enviar la prueba como quiera, sin importar el costo, pero hay que saber cuánto es, para poder enviar los pagos”, dijo Carlo en entrevista  con Primera Hora.

Sobre la otra prueba a ser analizada

El abogado explicó que el Instituto ha manejado el caso de forma muy lenta.

Asimismo está a la espera de saber si están disponibles para análisis unos swabs tomados del cuerpo de la víctima, y que arrojaron presencia de material genético del tipo Y, o sea, masculino.

Las pruebas de ADNhechas entonces a esas piezas, solo usaron 16 comparables para determinar a quién pertenece el material genético, mientras que en EE.UU. hay laboratorios que pueden extraer hasta 32 puntos comparables para un resultado más certero.

El abogado indicó que espera saber si también se podrán realizar nuevos análisis a esas piezas de evidencia.

“Durante el juicio resultó que las prueba de ADN a esos swabs no fueron concluyentes. Quisiéramos incluirlos y realizarles nuevas prueba en Estados Unidos donde sí puede haber un resultado concluyente. Eso va a ser parte de lo que se le presente al juez el viernes”, explicó Carlo.

Pérez Santiago fue asesinada el 30 de julio de 1988, y su cuerpo fue hallado en la playa Jobos en Isabela.

Ruiz Colón, Caro Pérez y Ortiz Álvarez fueron declarados culpables en el 1995, y condenados a prisión por los delitos de asesinato en primer grado, violación, secuestro agravado, robo y violación a la Ley de Armas.

El 17 de mayo pasado,  se informó que las pruebas de ADN hechas a unas piezas de evidencia levantadas en el lugar donde se encontró el cuerpo de Glorimar, concluyeron que no había ADN de ninguno de los tres hombres.

Esas prueba consistía de un calzoncillo y un pedazo de papel higiénico, que contenían semen y que durante el juicio se presentaron como que podía pertenecer a ellos.

Los pelos encontrados en el cuerpo de la víctima no dieron resultados concluyentes y por eso se enviarán a EE.UU. para pruebas adicionales.

El Departamento de Justicia argumentó que es prematuro conceder un nuevo juicio cuando todavía no están listos los resultados de las pruebas mitocondriales.

Pero los abogados de los tres convictos aseguran que los resultados excluyentes del calzoncillo y el papel higiénico ya son motivo suficiente para pensar que el veredicto pudo ser distinto de contar con esa información durante el juicio. 

La abogada Vanessa Mullet, quien representa a Ortiz Álvarez, dijo estar confiada en que se hará justicia al trío convicto.

Mullet como Carlo se expresaron a favor de la transmisión en directo de los procesos por el interés que hay en el caso.

“La transmisión de la vista puede no solo de educar al pueblo en cuanto a los procesos criminales, sino también satisfacer la necesidad de la ciudadanía en comprender la naturaleza de este caso, ver cuáles fueron los errores cometidos y cómo los mismos pueden ser subsanados mediante los derechos que la nueva Ley de Análisis de ADN post sentencia proveen”, señaló Mullet.