La empresa Uber presentó hoy un recurso ante el Tribunal Apelativo diciendo que la orden de cese y desista de sus operaciones que emitió el viernes la jueza Rebecca de León estaba errada.

Según el recurso presentado por la empresa de transporte, de León debió reconocer el permiso provisional que le otorgó el mismo viernes en la tarde el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y por lo tanto, debe permitirle reanudar sus servicios.

Asimismo, argumentaron los representantes legales de Uber que la jueza debió resolver primero la controversia sobre cuál es la agencia que realmente tiene jurisdicción para reglamentarlos si el DTOP o la Comisión de Servicio Público (CSP).

Los abogados de la empresa, con sede en San Francisco, tronaron contra la togada por decir en su dictamen que “es un hecho habituado de que Uber provee servicios de transportación sin poseer licencia de ninguna de las agencias concernidas”, porque eso ignora el permiso provisional de DTOP.

Uber arrancó operaciones en la Isla el lunes 11 de julio. Cuatro días después sus abogados y los de la CSP acudieron al tribunal debido a que en ese momento no tenían ningún tipo de reglamentación ni permiso. Esa tarde fue que el DTOP aprobó un permiso provisional, pero no pudieron entregarlo a tiempo ante la jueza por lo que esta concedió la petición de la CSP de detener el servicio.

Cerca de la 1:30 de esta tarde la CSP contentó que Uber no tiene razón en acudir ante el Circuito de Apelaciones, ya que hay unos requisitos particulares para llegar a ese foro antes de que se agoten los remedos en el Tribunal de Primera Instancia que alegadamente no ha cumplido.

La CSP expone que Uber no pudo presentar un caso sólido a su favor, no pudo demostrar que sufriría un daño irreparable o que el hecho de que se hayan paralizado sus servicios cause un daño sustancial a las demás partes o el interés público no se verá afectado.

Asimismo manifestó que si los socios conductores de Uber no pueden tener un ingreso debido a la paralización ordenada por la jueza De León, fue un problema “autoinfligido por su actitud temeraria de iniciar operaciones sin la autorización correspondiente de la CSP”.

“Una empresa comercial no puede escoger qué leyes y reglamentos cumple, ni qué agencia gubernamental es la que desea que la regule. Ésta es una función legislativa y en ausencia de un cambio en las leyes aplicables, cualquier empresa que desee establecerse en Puerto Rico tendrá que cumplir con las leyes de Puerto Rico según aprobadas y promulgadas”, argumentó la CSP.

De la misma forma, le cayeron arriba al DTOP por emitir unas guías para la operación de una empresa como la de Uber  un permiso provisional. Según la CSP, el DTOP actuó de manera incorrecta y sin cumplir con varias leyes al hacer esto.

Concluyó la CSP que debe mantenerse en pie el cese y desista que se emitió el viernes para que se mantengan detenidas las operaciones de la empresa de transporte hasta que culmine el caso ante la jueza De León.

El panel de jueces apelativos compuesto por Roberto Rodríguez Casillas, Fernando Bonilla Ortiz y Waldemar Rivera Torres tiene a su cargo tomar una determinación.

A su vez, la Federación de Taxistas también pidió la intervención del Tribunal Apelativo objetando las Guías Administrativas para la Operación Provisional Para las Empresas de Redes de Transporte que fue parte de lo que le permitió al DTOP aprobar un permiso provisional a Uber.

Según la Federación todos los reglamentos que suplementen una ley y a la vez crean derechos, imponen obligaciones y establecen un patrón de conducta tienen que cumplir con los requisitos de notificación, participación ciudadana y publicación, como dice la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

El único momento en que se puede obviar esos pasos es cuando se trate de una situación de emergencia y para eso el gobernante debe emitir una certificación que o establezca claramente, lo que o ha ocurrido.

“Es evidente que estamos ante un proceso de reglamentación por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas bajo el subterfugio y denominación de reglas y normas como ‘guías’”, señaló la Federación de Taxistas.

En este otro caso un panel distinto de jueces del apelativo compuesto por Erick Ramírez Nazario, Grace M. Grana Martínez y Gerardo Flores García le concedió a la Procuradora General hasta el jueves a las 2:00 de la tarde para presentar sus argumentos sobre la controversia planteada.