Los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern se declararon culpables hoy por defraudar en más de $3.7 millones al gobierno federal a través de American Management & Administration Corporation (AMAC), empresa que llegó a administrar 34 complejos de vivienda pública desde mediados de la década de 1990.

Los primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aceptaron cada uno culpa por un cargo de robo de fondos federales, a raíz de un esquema viabilizado a través de cinco empresas privadas en el que se inflaban facturas y se cobraba por servicios que no se habían ofrecido. De las cinco empresas, tres fueron incorporadas y estaban lideradas por Walter Pierluisi Isern.

Conforme a los acuerdos de culpabilidad alcanzados con la fiscalía federal, Walter Pierluisi Isern se expone a entre 37 y 46 meses de cárcel, mientras que Eduardo podría enfrentar entre 30 y 37 meses. En el caso de Eduardo, el acuerdo contempla que solicite una reducción a 24 meses de prisión por motivos de salud que no se precisaron en sala.

Los también excolaboradores de la campaña de Pierluisi Urrutia en 2020 se declararon culpables en procedimientos por separado ante la jueza Camille Vélez Rivé, quien los dejó en libertad con fianzas no aseguradas de $25,000 y fijó sendas vistas de sentencia para el 11 de julio.

Además de aceptar culpabilidad en su carácter personal, Walter Pierluisi Isern hizo lo propio a nombre de AMAC, empresa que incorporó en marzo de 1995 y de la cual aparece como presidente y tesorero. Mediante el acuerdo de culpabilidad se estipuló que el saqueo de fondos públicos se produjo entre 2014 y agosto del año pasado.

Los respectivos acuerdos entre los empresarios convictos y el ministerio público no son vinculantes para el Tribunal Federal, por lo que la jueza Vélez Rivé advirtió que mantiene discreción para dictar penas hasta el máximo de lo que disponen las leyes federales, que, en el caso de los delitos que aceptaron los hermanos Pierluisi Isern conllevan hasta 10 años de cárcel y multas ascendentes a $250,000.

El acuerdo de Walter Pierluisi Isern dispone que no podrá apelar la sentencia siempre y cuando esta no exceda los 46 meses de cárcel, mientras que Eduardo tampoco podrá apelar si la pena es de 37 meses o menos. Ambos convictos igualmente deberán cumplir con un periodo de tres años de libertad supervisada.

David Vélez Hernández, quien fuera director de Finanzas de AMAC, también se declarará culpable por participar del esquema de corrupción de fondos públicos, en una vista que se celebrará el 24 de este mes.

Al momento de la cancelación de los contratos entre la Administración de Vivienda Pública (AVP) y AMAC, en noviembre pasado, la empresa manejaba aproximadamente unas 5,017 unidades de residencias subsidiadas en unos 12 municipios de la región noroeste.

El esquema

De los aproximadamente $3,712,000 que se obtuvieron corruptamente, Walter Pierluisi Isern es quien habría generado más beneficios de manera ilegal, un total de $2,035,498.86, de acuerdo con la fiscal federal Marie Christine Amy, quien resumió la moción de información mediante la cual los implicados se declararon culpables sin la acusación de un gran jurado. Esa cifra es la que se estipuló que Pierluisi Isern restituiría al gobierno estadounidense como parte de la sentencia.

Eduardo Pierluisi Isern, por su parte, se apropió ilegalmente de $363,202.28, que igualmente deberá restituir.

La fiscal Amy precisó que AMAC, conforme a su contrato con la AVP, tenía prohibido subcontratar otras compañías afiliadas a la empresa o vinculadas de alguna manera a sus oficiales. Sin embargo, la moción de información estipuló que Walter Pierluisi Isern autorizó las subcontrataciones de FiveStar Pest Control y CoolBreeze Air Conditioning para proveer servicios a AMAC. A la postre, Pierluisi Isern “causó” que estas dos compañías efectuaran pagos a Docu-Wharehouse, Pier Property y XY Enterprises, empresas incorporadas y controladas por el propio presidente de AMAC.

De esta manera, indicó Amy, el abogado y empresario se apropió de los $2,035,498.86 que debían destinarse a las funciones administrativas de los residenciales públicos.

Mientras, Eduardo Pierluisi Isern aceptó responsabilidad por ordenar que FiveStar y CoolBreeze emitieran cheques a nombre de otras personas, que entonces él depositaba en sus cuentas totalizando los $363,202.28.

La fiscal precisó que, además de los hermanos Pierluisi Isern y Vélez Hernández, el pliego acusatorio contiene referencias a los individuos A y B –dueños de FiveStar y CoolBreeze, respectivamente–, así como a las personas A y B, a quienes se emitían los cheques de los que posteriormente Eduardo Pierluisi Isern se beneficiaba.

De acuerdo con el registro de corporaciones, FiveStar es presidida por Martín D. Cruz Vázquez y CoolBreeze, por Luis O. Agosto Meléndez. Ambas empresas aparecen localizadas en el 1541 de la avenida Ponce de León, que también es la sede de AMAC.

A su salida del tribunal, el licenciado Osvaldo Carlo, abogado de Walter Pierluisi Isern, afirmó que el acuerdo de arrendamiento que estas compañías mantenían con Pierluisi Isern para el uso de las oficinas en la avenida Ponce de León prohibía que AMAC las subcontratara sin una dispensa autorizada por el gobierno puertorriqueño.

Asimismo, Carlo recalcó que los acuerdos de culpabilidad no estipulan la existencia de una conspiración entre los convictos para defraudar al gobierno federal.

“Es como si fuese una conspiración que no está alegada. Lo que se alega es un cargo que tiene que ver con el hurto de fondos federales”, sostuvo el abogado, quien conformó la defensa de Walter Pierluisi Isern junto al licenciado Eduardo Ferrer Ríos. “Por un lado andaba Eduardo con lo suyo; por otro lado andaba Walter con lo de él. No había una tangencia, por decirlo así (entre las acciones), como que no eran acciones acordadas”.

Al cierre de esta edición, el Tribunal Federal no había divulgado la moción de información en la que se estipulan los hechos que derivaron en la culpabilidad de los hermanos Pierluisi Isern.

Carlo, además, aseguró a la prensa que el acuerdo de su cliente no incluye cooperación con las autoridades federales en otras pesquisas.

A su llegada al Tribunal Federal, poco antes las 9:00 a.m., Walter Pierluisi Isern y sus abogados fueron recibidos por un grupo de manifestantes que le gritaban “corrupto” y “pillo” frente a un contingente de policías estatales que custodiaban la entrada principal del Tribunal Federal, en la avenida Chardón en Hato Rey. A la conclusión de la vista, los abogados salieron sin Pierluisi Isern –que se encontraba siendo entrevistado por la Oficina de Probatoria–, momento en que Ferrer Ríos tuvo choques verbales con varios manifestantes, incluyendo al activista y excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina.

Eduardo Pierluisi Isern, cuya vista comenzó a las 11:30 a.m., estuvo representado por la exfiscal federal María Domínguez, quien no habló con la prensa antes ni después de la vista. El licenciado Javier Micheo –también parte del equipo legal– no estuvo presente en sala.

Gobernador: “Se está haciendo justicia”

El gobernador Pierluisi Urrutia, quien en los pasados días expresó estar “molesto” y “apenado” con el desenlace judicial que se avecinaba para sus primos terceros, dijo hoy que los procesamientos demuestran que en el país “no hay impunidad”.

“No importa quién sea, si le falla al pueblo, si comete un acto de corrupción va a tener que responder. En este caso estamos hablando de familiares míos, dos primos, que le fallaron a mi familia, que le fallaron al pueblo y ahora se enfrentan a severas penas. Hablo de la pérdida de su libertad, pago de cuantiosas multas. Se está haciendo justicia, como debe ser”, dijo el primer ejecutivo tras participar de una actividad en la que se conmemoró el “Día Nacional de los Borinqueneers”, en reconocimiento a la valentía, servicio y sacrificio del Regimiento 65° de Infantería.

Desde que se allanaron residencias y oficinas de los Pierluisi Isern, en octubre del año pasado, el gobernador ha insistido que los señalamientos no salpicarían su campaña política, pese a los importantes puestos que sus primos ocuparon en aquel entonces. Walter Pierluisi Isern fue director político, mientras Eduardo sirvió como director de avanzada.

“Obviamente, me apena la situación en el plano personal, pero me molesta enormemente porque al fin de cuentas estamos hablando de apropiación ilegal de fondos federales que estaban destinados para administrar fondos públicos y eso a mí me toca de cerca porque mi padre fue secretario de la Vivienda por ocho años y se dedicó en cuerpo y alma a atender a los residentes de los residenciales públicos”, sostuvo hoy Pierluisi Urrutia.

“Como las convicciones de hoy demuestran, quienes intentan defraudar al gobierno de Estados Unidos tendrán que rendir cuentas. Los acusados y su compañía lastimaron la integridad de un programa diseñado para ayudar a dueños de hogares necesitados. El acuerdo de culpabilidad envía un mensaje claro de que cada vez que fondos del gobierno sean utilizados incorrectamente, y sin importar quién robe dinero de los contribuyentes, trabaremos sin descanso para lograr justicia”, afirmó por escrito el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Leysa Caro González colaboró en esta historia