En lo que representa el preludio de una investigación abarcadora que se realiza contra los monopolios en la industria de transportación en la instrucción pública, las autoridades federales arrestaron este jueves a cinco dueños de compañías de guaguas escolares que atendían la población estudiantil en Caguas.

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal detuvieron a los comerciantes implicados en una serie de irregularidades que afloraron en el proceso de contratos de transportación escolar en el municipio de Caguas durante el 2014. Los individuos, según alegan los federales, suprimieron y eliminaron su competencia al repartirse rutas y manipular subastas.

"La investigación se extiende a otras áreas. Es una pena que esto ocurra con fondos destinados a los niños de Puerto Rico", indicó la directora de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, durante una conferencia de prensa que contó con la participación de la jefa de la división Antimonopolio de Washington D.C., Lisa Phelan, el inspector auxilar de la Oficina del Inspector General de Educación Federal, Aaron Jordan, entre otros altos funcionarios federales y estatales.

Los transportistas arrestados fueron identificados como Gavino Rivera Herrera, dueño de un negocio de transportación escolar en la barriada La Barra en Caguas; Luciano Vega Martínez, propietario de L.V. Transport, Inc.;Alfonso González Nevárez, de Junito Bus Line, José Arroyo Quiñones, presidente de Transporte Escolar J.L. y René Garay Rodríguez, dueño de Gary Bus Lines, Inc.

Las autoridades subrayaron que los comerciantes, previo a someter subastas, acordaron no competir entre sí y, por consiguiente, sometían precios inflados para las rutas que no les interesaba cubrir para así aparentar que había competencia entre las empresas implicadas en el esquema.

Según los federales, los comerciantes acordaron licitar a precios elevados para las rutas que sí querían operar para poder renegociar precios más bajos en el futuro, aunque garantizando todavía un alto margen de ganancia, todo de forma coordinada. Los contratos para cada una de las compañías ascendían a $3.5 millones y tenían un periodo de vigencia de cuatro años.

"La acusación anunciada durante el día de hoy es meramente el inicio de esta investigación. Nuestra división continuará luchando para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos y hacer valer la ley contra aquellos que intentan subvertir la competencia", confirmó Phelan.

La acusación emitida también detalla una serie de irregularidades que se registraron durante el proceso de subasta municipal para otorgar contratos que cubrían rutas como San Antonio, Río Cañas, Bairoa, Cañabón, Caguas Pueblo, Cañaboncito, Turabo, Tomás de Castro, Beatriz y San Salvador.

Los implicados en el esquema podrían enfrentar sentencias máximas de 20 años de cárcel de ser encontrados culpables de conspirar para restringir el comercio interestatal, y otros dos cargos relacionados con fraude postal. Se le aplicaron estos delitos por haber enviado cartas de adjudicación de subastas a través del correo.

"Estos cinco acusados formaban parte de un cartel, ‘el cartel de los gansos’. Conspiraron para defraudar al municipio de Caguas y al Departamento de Educación de Puerto Rico", indicó el director del Negociado Federal de Invetsigaciones (FBI) Carlos Cases.

“Añadiría que son unos buscones, chanchulleros, oportunistas y mercaderes del sufrimiento de los más necesitados”, añadió el funcionario.

Los arrestos de hoy confirman nuestro compromiso para investigar alegaciones de fraude relacionadas con fondos federales, dinero del contribuyente que se destina para el mejoramiento y la enseñanza de nuestros niños", dijo Jordan.