Gobierno une recursos con el Cuerpo Consular para ayudar inmigrantes víctimas de violencia de género
Se reafirmaron en que no importa el estatus migratorio de la víctima se le dará la protección y los servicios que necesite.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 meses.
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Con el fin de aunar esfuerzos para orientar a las víctimas de violencia de género en las comunidades de inmigrantes para que tengan acceso a utilizar los recursos, herramientas y protección disponibles, hoy se llevó a cabo una reunión entre el Cuerpo Consular de Puerto Rico con el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y otras agencias de gobierno.
Durante el encuentro, que es una iniciativa de la política pública PARE en cumplimiento con los objetivos de la Orden Ejecutiva que declaró un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género, asistió la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, el Departamento de Salud con su Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, el Departamento de Justicia y la Oficina de Servicios y Compensación a Víctimas de Delito y el Poder Judicial.
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La oficial de Cumplimiento PARE, la fiscal Ileana Espada, explicó que la reunión iba dirigida a familiarizar a los diplomáticos de otros países que residen en la Isla con las leyes y los mecanismos existentes para la protección de sus conciudadanos que son víctimas de violencia de género, según un comunicado de prensa.
“Esta iniciativa está alineada a la política pública de protección de los derechos humanos y de acceso de las víctimas a la justicia. Presentamos la idea al cónsul de la República Dominicana, César Cedeño, quien de inmediato a activó a sus pares a través del Cuerpo Consular y fue adoptada por el decano de este organismo y cónsul de El Salvador, Humberto Zacapa. A ambos, así como a todos los cónsules que atendieron nuestro llamado, les agradecemos su proactividad a la hora de facilitar servicios a sus compueblanos y a todas las víctimas de violencia de género”, señaló la fiscal Espada.
Igualmente, se les presentaron los contactos con las agencias públicas que brindan servicios, independientemente del estatus migratorio de la persona afectada por la violencia intrafamiliar. Entre ellas se destaca el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (Copop), un organismo a cargo del NPPR que cuenta con apoyo de policías municipales.
“Una persona que llega de un estado con una orden de protección a su favor está cobijada por la cláusula constitucional de Plena Fe y Crédito, que obliga a una jurisdicción, en este caso Puerto Rico, a seguir los actos públicos y procedimientos judiciales de la otra jurisdicción. Esto no es así con las personas procedentes de otros países, que generalmente desconocen las protecciones que Puerto Rico puede proveerles, y por eso estamos aquí, para dialogar sobre los recursos existentes para apoyar a las víctimas, sin importar su lugar de origen”, indicó el comisionado Antonio López Figueroa.
La agenda de la actividad se enfocó en orientar a los cónsules de una decena de países en torno a la legislación sobre violencia de género vigente Puerto Rico y cómo solicitar las órdenes de protección y dónde comunicarse o referir a las personas para recibir servicios. Asimismo, se les presentó los servicios que ofrece en Copop para monitorear las órdenes de protección y proveer vigilancia a las víctimas.
La directora del COPOP, sargento Ivette Rivera, presentó situaciones reales, como el caso de una mujer que obtuvo una orden de protección en su país natal y viajó a Puerto Rico, de donde es su pareja maltratante, pero como desconocía los procedimientos para la vigencia y validez de la orden, llevó su situación al consulado y se contactó al NPPR.
“De ahí se hace evidente la importancia de orientar al Cuerpo Consular sobre la Ley 54 y su aplicación a personas no nacidas en la Isla, discutir los escenarios posibles, como, por ejemplo, que el incidente violento ocurra aquí, e intercambiar informaciones”, agregó la teniente Aymee Alvarado, directora de la Unidad de Violencia De Género de la Policía.
“No importa el estatus migratorio de la víctima; para darle servicios de protección no vamos a mirar su estatus migratorio”, estipuló la teniente Alvarado.
También estuvieron presentes el equipo del Departamento de Seguridad Pública y Vicenta Pérez, directora de la Oficina de Servicios al Inmigrante del Departamento de Estado.