La gobernadora Jenniffer González Colón informó este jueves que presentó el proyecto de ley que propone sacar al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Ya la primera ejecutiva había adelantado que se proponía tomar esta acción, pero con la presentación del proyecto toma el primer paso formal para lograr su cometido.

Esta tarde la medida continuaba sin ser presentada oficialmente ante la Legislatura. Sin embargo, de La Fortaleza se explicó que el proyecto se sometió ante las presidencias de la Cámara de Representantes y el Senado para que sean los presidentes quienes oficialicen la radicación.

El proyecto, copia del cual obtuvo Primera Hora, crearía la “Ley de la Policía de Puerto Rico”. Además, se busca “definir sus funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación”.

La medida expone que el Departamento de Seguridad Pública cumplió con su misión en el pasado, pero en la actualidad representa “serios tropiezos” para el Negociado.

“La creación de este nuevo componente policiaco busca, utilizar mejor los recursos fiscales y humanos, en un solo componente gubernamental. De igual forma, la creación de la Policía de Puerto Rico le dará los poderes necesarios a su Superintendente, para que lleve a cabo cualesquiera actividades y funciones dirigidas a la erradicación e investigación de actividades criminales. Con esta Ley, promoveremos la maximización de los recursos y se identificaran recursos adicionales para proveerles a nuestros agentes de orden público las herramientas necesarias para puedan cumplir cabalmente con su misión de proteger la vida y propiedad de todos los puertorriqueños”, indica la exposición de motivos.

Según detalló González Colón, durante una conferencia de prensa realizada en Comerío, la medida es trascendental en la lucha contra el crimen. Expuso que en el 2017, cuando se aprobó la creación del Departamento de Seguridad Pública, la misión era lograr economías.

“La política pública, en el momento que yo respaldé, era que unificáramos para reducir los gastos y que se pudieran compartir los gastos administrativos. Por ejemplo, que todas las unidades de compra, finanzas, recursos humanos, todo este tipo de cosas de andamiaje administrativo se centralizara para no tener el mismo departamento en seis o siete agencias. En ese sentido, a mi juicio, cumplió la función”, comentó.

Añadió que, “sin embargo, el tema de seguridad pública en Puerto Rico es uno donde todos los días vemos cómo traficantes de drogas, gangas, se diversifica el tipo de criminalidad. Tú no puedes comparar la criminalidad de ahora con los años 50. En aquel momento, no había celulares, en aquel momento el tipo de delito no tenía fentanilo, tenías otro tipo de drogas. Así que los tiempos han cambiado y requieren que nosotros adecuemos los recursos para atajar la ola criminal de frente”.

Justificó que para encabezar esta lucha contra el crimen fue que reclutó a Joseph González, quien era director del FBI en la Isla.

No obstante, dijo que tener una persona experimentada al mando a la Policía no es suficiente.

“Yo no puedo entregarle un Negociado de la Policía a un superintendente con las manos atadas. Porque ahora mismo, él tiene que hacer una compra, él tiene que ir por ASG (Administración de Servicios Generales), él tiene que comprar chalecos antibalas, tiene que ir por ASG, tiene que pedir la autorización a otra agencia, tiene que hacer un nombramiento de personal, tiene que pedir permiso, y esto pasa meses o semanas. Así que se pierde el poder ejecutar de manera inmediata”, aseguró.

A modo de ejemplo, señaló que “vemos cientos de patrullas abandonadas que parecen ‘junkers’ en muchos de los cuarteles de la Policía. Yo creo que todos ustedes lo han visto. Motoras abandonadas allí. Y tú preguntas por qué. Bueno, porque dependen de que haya una autorización, de que se negocie, de que haya un plan de recogido, de garantía, de erradicación. Yo tengo que darle toda esa responsabilidad al comisionado de la Policía para que pueda utilizar los mejores recursos de la agencia y poner los cuarteles en condiciones. Por eso le estoy dando la facultad de trabajar directamente con todo lo relacionado a la Policía, personal, nombramiento, cambio. Si él tiene que mover un agente o tiene que nombrar un comandante, yo no lo voy a poner a que esté consultando para ver, porque hay otras personas que quizás no están dentro de la agencia para saber la necesidad inmediata”.

En esencia, la propuesta legislativa regresaría a la estructura en la que el jefe sería conocido como superintendente y no comisionado.

“Se crea en el Gobierno de Puerto Rico un organismo civil de orden público que se denominará ‘Policía de Puerto Rico’ y cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles de las personas, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen. Los miembros de la Policía estarán incluidos en el servicio de carrera, pero no les será de aplicación la Ley Núm. 8-2018 según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, dice la propuesta, de 69 páginas.

Se informó que la ley entraría en vigor inmediatamente sea aprobada por la Legislatura y firmada por la gobernadora.