El gobernador Pedro Pierluisi exigió hoy a que todo funcionario que “falló” y facilitó la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez “responda” para “evitar que algo como lo que ocurrió se repita”.

“Yo no voy a intervenir en las investigaciones. Yo lo que espero es que se sigan llevando a cabo ágilmente y que se investigue esto a fondo. Como he dicho anteriormente y repito: aquí todo debe estar bajo revisión, tanto las leyes como los reglamentos y los procesos pertinentes. Todas esas leyes bajo revisión. Si hay que revisar ley, reglamento, proceso que se haga para evitar que algo como lo que ocurrió se repita, (se hará), porque fue realmente un incidente trágico. Por otro lado, también, si cualquier funcionario falló, también que responda”, recabó tras ofrecer detalles de mejoras permanentes al Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau (HURRA), en Bayamón.

Ávila Vázquez, quien tiene un historial criminal siniestro, cumplía, desde el 14 de febrero de 2005 una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas.

Sin embargo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, luego de evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional, pues fingió ser parapléjico.

A un año de su excarcelación, fue acusado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, y cargos de destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, violación de la Ley de Armas y vehículo hurtado.

La jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza de $4 millones, por lo que fue ingresado a la cárcel nuevamente.

“Importante que se profundice, se investigue y se tome las medidas correctivas que se tengan que tomar y se responsabilice de la forma que sea, sea penalmente, administrativamente, lo que proceda, a quien sea que falló”, repitió el gobernador.

Debido a su súbita y controvertible liberación, se llevan a cabo varias investigaciones de manera concurrente, tanto en el Departamento de Justicia, en el DCR y el Senado, para así determinar quién facilitó esta excarcelación.

“En su momento, tendremos el resultado de estas investigaciones y sabremos qué fue lo que ocurrió aquí”, anticipó Pierluisi, quien confió en el testimonio de la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, quien dijo no haber intervenido en la liberación del acusado.

“Sé que se ha separado del cargo a una empleada de Corrección que tenía una relación, alegadamente, indebida con esta persona y fue separada de su cargo. Por otro lado, la persona que tomó la decisión de conceder el pase fue relevada de su cargo, de ese cargo en particular, de esa función en particular. Y, como saben, otra medida que se tomó es que ahora todos los que tienen el beneficio de este tipo de pase, pues tienen un brazalete electrónico. Esas son algunas medidas cautelares que se han tomado inmediatamente, pero no descartemos medida alguna. Hay que ver cuáles son los resultados de estas investigaciones y, en su momento, actuar”, agregó el primer ejecutivo.

El miércoles trascendió que Ávila Vázquez envió una carta escrita a mano al exsenador y aspirante al Senado por Acumulación del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Díaz Sánchez en la que admite que los empleados del DCR sabían que caminaba y no estaba parapléjico.

Al mismo tiempo, en la supuesta misiva con fecha del 1 de mayo, solicitó una reunión urgente con el Departamento de Justicia o el Negociado de Investigaciones Especiales para delatar a todos sus presuntos cómplices.