El grupo “Gimnasios Unidos por Puerto Rico” anunció hoy la presentación de una demanda solicitando que se declare inconstitucional la sección decimonovena de la Orden Ejecutiva 2020-54, se informó hoy mediante comunicado de prensa.

Rigurosas las medidas de salubridad

El grupo compuesto por dueños y usuarios de gimnasios tomó la decisión después que la gobernadora ordenara el cierre de sus establecimientos, según ellos, sin mediar estudio científico o evidencia de contagios en los mismos. Esto en la más reciente orden del gobierno para tratar de frenar la pandemia del coronavirus.

“Esta decisión (de cerrar unilateralmente los gimnasios), es totalmente incorrecta ya que no hay evidencia de brotes ni contagios originados en nuestros establecimientos; por otro lado el foco del repunte ha sido a través de actividades donde no se toman las precauciones recomendadas por los expertos”, dijo Abdiel Lugo, portavoz del grupo.

La orden ejecutiva ordena el cierre de gimnasios, lo que -a juicio de los demandantes- priva a los dueños de gimnasios de su sustento y del uso de su propiedad, sobre todo luego de haber invertido grandes sumas de dinero en equipo protector.

Los demandantes le piden al Tribunal de Primera Instancia de San Juan revisar la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva 2020-54 y plantearon que la misma interviene y menoscaba obligaciones contractuales contraídas entre estos y sus clientes y violenta la libertad de reunión. Además, plantean que el gobierno no tiene la potestad para intervenir con estos derechos a través de una orden ejecutiva y que -de proceder- tendría que hacerse mediante ley.

Según el comunicado, la industria de gimnasios aporta anualmente $70 millones a la economía del país.

Una copia de la demanda incluida con el comunicado indica que el recurso legal se sometió el pasado sábado en el tribunal de San Juan. El documento tiene 15 páginas, agrupa a gimnasios de diferentes puntos de la isla, y se reclama que se declare la inconstitucionalidad de la orden o que se emita un interdicto que prohiba al gobierno mantener cerrados esos negocios, así como que el gobierno pague los gastos de este litigio. Los abogados son José Efraín Hernández Acevedo y Ramón Torres Cruz.