La ventaja electoral de Alejandro García Padilla habría sido mayor, de haberse permitido la participación de miles de ciudadanos excluidos injustamente del registro oficial de votantes, opinó este martes el reelecto representante popular Charlie Hernández.

"Jamás sabremos cuántos habrían ido a votar, pero mi apreciación es que la mayoría eran ciudadanos desafectos con el proceso electoral, con el Gobernador incumbente y con su Legislatura, quienes habrían favorecido a los partidos minoritarios y a García Padilla", estimó Hernández.

A juicio del legislador, recién designado nuevo portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, de haberse permitido los votos "añadidos a mano" de los excluidos interesados en participar en el proceso del 6 de noviembre pasado, García Padilla tendría ahora "un margen más amplio" como nuevo Gobernador electo.

García Padilla dominó al incumbente Luis Fortuño por 12,971 votos, según los datos preliminares de la CEE al reportar las 1,643 unidades electorales que operaron durante la elección general el 6 de noviembre.

Durante el escrutinio iniciado este lunes, ese margen podría variar, pero se da por segura una certificación final del líder popular como gobernador, al igual que la de la mayoría de los candidatos a legisladores y alcaldes del PPD.

El reclamo para que se permitiera el voto de 330,912 electores excluidos de las listas de la votación del día 6 enmarcó el debate político casi hasta la apertura de los centros de votación, pero el Circuito de Apelaciones de Boston falló en contra de los demandantes, que se ampararon en disposiciónes federales para defender su derecho al sufragio.

Sin embargo, Hernández puntualizó en entrevista telefónica con este medio que "el pleito está vivo" por entender que no hay determinaciones finales y firmes sobre el caso. El representantes estimó que a principios de 2013, la jueza federal Carmen Consuelo Vargas podría convocar a una nueva vista en el caso.

Hernández dijo que si en el foro judicial no se resuelve oportunamente el caso, tomaría la iniciativa de legislar una enmienda al Código Electoral para evitar la exclusión automática de electores que dejan de participar en una votación general.

La enmienda que impulsaría Hernández sería a los efectos de evitar que se saque de la lista de electores hábiles o autorizados a quienes dejaron de participar en los comicios generales previos en el país.

El representante explicó que impulsaría una disposición para garantizar que, antes de sacar a ese tipo de elector de la lista, medie una notificación escrita de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para indicarle que su derecho como elector está en riesgo.

"Si el elector no contesta en un plazo prudente, que en el caso de la ley federal es de 15 o 30 días, se entenderá que ese elector consciente la exclusión porque se mudó o porque ha fallecido", sostuvo Hernández.

En el caso de los excluidos, los demandantes destacan la defensa del derecho constitucional del sufragio universal y se amparan en la Ley para Ayudar al Voto Americano (HAVA).

Hernández argumentó que el colegio de añadidos a mano era el mecanismo de la ley local para garantizar el derecho al voto, pero resultaron infructuosos los trámites judiciales para lograr que gente excluida de la lista oficial votara de esa forma para oportunamente determinar si se adjudicaba su voto.

En un momento se planteó que aplicaría la Ley HAVA, solo para el puesto de comisionado residente, pero Boston también frenó la posibilidad a horas de la apertura de los colegios, aunque el estatuto dicta que los estados no pueden pasar leyes que impidan a un elector ejercer su voto para una candidatura federal por el hecho de no haber votado en dos elecciones anteriores.

 El puertorriqueño juez del Tribunal de Apelaciones de Boston, Juan Torruella, emitió una opinión en la que subrayó que, al igual que los ciudadanos tienen el derecho a votar, también tienen el derecho a abstenerse de hacerlo, lo que también constituye una expresión política y, por lo tanto, requiere las más altas protecciones bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

 “Lamento decir que, una vez más, la renuencia de esta corte a reconocer violaciones crasas a los derechos fundamentales resulta en la ampliación del déficit democrático que ya afecta a los ciudadanos americanos de Puerto Rico”, expresó Torruella.

Torruella planteó como “anómalo” que el Congreso permita la aplicación en la Isla de la pena de muerte (prohibida en la Constitución de Puerto Rico) “pero no les garantice a los ciudadanos estadounidenses que viven aquí las protecciones federales para garantizar el derecho al voto”.

 En una decisión del 18 de octubre de 2012, el Circuito de Apelaciones señaló que no podía proveer el remedio que solicitaba la demandante Myrna Colón porque la cercanía de la elección general en Puerto Rico impedía establecer un proceso adecuado que garantizara la pureza del resto del proceso.