Un gran número de funcionarios de las agencias que componen el sistema de justicia criminal desconocen o no respetan los derechos que cobijan a los testigos y víctimas de delitos. Esa situación se agrava por la propia ignorancia de las personas perjudicadas sobre las ayudas que tienen disponibles, lo que les impide reclamar esos servicios.

Así describió este miércoles la Alianza Laura Aponte por la Paz Social (Alapás) la situación que experimentan a diario las víctimas y testigos de delito, a quienes, según la organización, no se les honran las garantías contenidas en la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos del Crimen (Ley 22-1988). 

“Hemos confrontado muchas situaciones en que funcionarios del sistema de justicia criminal expresan saber que las víctimas tienen derechos, pero no parecen poder citar derechos específicos, como sucede con los derechos de los acusados”, manifestó Myra Rivera Torres, presidenta y fundadora de Alapás.

“Muchos funcionarios del sistema de justicia criminal desconocen el impacto de la victimización. Es decir, el impacto físico, emocional, económico y social, y las secuelas de este impacto por un número indeterminado de años”, añadió durante una vista pública de la Comisión senatorial de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, que preside la senadora Rossana López.

La presidenta de Alapás, entidad que por 16 años ha atendido a las víctimas de delitos, excluyó de esa apreciación a los técnicos de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia (DJ), pero advirtió que la ley que rige las compensaciones establece restricciones que dificultan el acceso hacia esas ayudas.

“Aunque existe un fondo de compensación a víctimas, el proceso para solicitarla es sumamente burocrático y exige una serie de documentos que, tomando en consideración el estado emocional de la víctima, obstaculiza su accesibilidad y, en muchas ocasiones, las víctimas desisten”, subrayó.

Rivera Torres dijo, además, que el grado de vulnerabilidad, temor y desconfianza en el que se encuentran muchas víctimas de delitos impide que, en momentos en que se violenten sus derechos, opten por presentar una querella, y señaló que esa situación se agrava cuando los oficiales que cometen alguna violación son de mayor jerarquía. 

La portavoz de Alapás subrayó que, mientras los derechos de las víctimas están establecidos por ley, los de los acusados están contenidos en la Constitución del Estado Libre Asociado, lo que les confiere un mayor grado de protección.

Por ello, recomendó a la comisión legislativa que se presente una medida que ordene la celebración de un referéndum para que los electores decidan si desean o no elevar a rango constitucional los derechos de las víctimas.

La Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos del Crimen establece el derecho a ambos grupos a recibir un trato digno y compasivo por parte de los componentes del sistema de justicia criminal, tener acceso a servicio telefónico para comunicarse gratis con familiares o allegados, reclamar que se mantenga en estricta confidencialidad su información personal, recibir todos los servicios que sean necesarios para garantizar su seguridad, ser orientados sobre los programas de asistencia médica, psicológica, social y económica que tienen a sus disposición, entre otros.

Alapás suscribió recientemente un acuerdo de colaboración con la Policía que, según dijo el superintendente José Caldero en su memorial escrito, incluye la designación de un oficial policíaco que sirva de enlace entre la Uniformada y esa entidad para fortalecer la política de protección a víctimas y testigos en los procesos judiciales y en las etapas investigativas de un crimen. 

“Más allá de dicho acuerdo, hemos reiterado a la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales que los agentes a cargo de investigaciones criminales en curso tienen que mantener informados a los testigos y familiares inmediatos del curso del caso que se trate, claro está, sin ofrecer detalles que afecten el mismo. No obstante, el trato a los mismos debe ser sensible y cortés para evitar revictimizar a estos”, sostuvo Caldero.

En tanto, el secretario del DJ, César Miranda, anticipó por escrito a la comisión senatorial que promoverán legislación para enmendar la “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito” (Ley 183-1998) con la intención de, entre otras cosas, ampliar los términos para incluir a personas que pueden recibir beneficios provistos por la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, y añadir delitos que puedan dar lugar a la compensación. 

Asimismo, el titular del DJ se propone impulsar otras medidas para reorganizar la referida oficina para redistribuir las partidas provenientes del Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito con el objetivo de incluir a todas las víctimas o testigos de delitos graves.

“Es fundamental fortalecer la coordinación de nuestros trabajos con aquellas tareas que realizan otros componentes del sistema de administración de justicia criminal. La coordinación adecuada de todas las actividades que tienen impacto sobre los derechos y el bienestar de víctimas y testigos son indispensables para que se pueda cumplir cabalmente con las disposiciones contenidas en la Carta de Derechos”, puntualizó Miranda.