Por entender que no cumpliría su objetivo de reforzar la seguridad pública, los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) se opusieron tenazmente este martes a un proyecto de ley que transferiría a la Policía funciones y personal de esa institución adscrita al Departamento de Justicia (DJ).

Sin embargo, el Proyecto del Senado 1343, que busca fortalecer el componente investigativo y el esclarecimiento de delitos en la Policía, tuvo el respaldo del superintendente José Caldero y del secretario de Justicia, César Miranda.

La licenciada Denise Maldonado Rosa, portavoz de los agentes y del personal administrativo del NIE, planteó ante la Comisión de lo Jurídico del Senado que la pieza legislativa carece de análisis que sustente que la transferencia de los agentes de investigaciones especiales redundará en un mejor desempeño de la Uniformada, y resaltó que ambas entidades cumplen funciones diferentes.

“Todas las divisiones y unidades de trabajo del NIE tienen sus funciones particulares, ejerciendo, cada una, tareas distintas y especializadas, que se complementan durante cada paso de las investigaciones en curso. Es indispensable que el equipo de trabajo de cada una de las divisiones del NIE trabajen al unísono bajo un mismo componente, de manera tal que los objetivos de combatir el crimen organizado y la corrupción sean logrados”, argumentó Maldonado Rosa. 

“No hay intención de menospreciar a los miembros de la Uniformada, solo deseamos destacar que ambas agencias permanezcan independientes y separadas, toda vez que, como hemos sostenido, los deberes y funciones son incompatibles”, abundó.

El NIE se compone actualmente de seis divisiones, entre ellas la de Investigaciones contra el Crimen Organizado, la de Integridad Pública, la de Capacitación y Apoyo Técnico y la INTERPOL. La abogada planteó que el proyecto de la autoría del senador Miguel Pereira, presidente de la comisión legislativa, acabaría con cinco de las seis unidades. 

Precisó que el NIE cuenta hoy con 151 agentes, quienes en su mayoría se distribuirían en las 13 regiones policíacas, y dijo que los investigadores especiales son expertos en áreas que no caen bajo la jurisdicción de la Policía. 

“El efecto de este proyecto claramente es anular a unos agentes que están capacitados para realizar unas tareas ciertamente más complejas e indistintas a las que le corresponde a la Policía”, argumentó. 

Maldonado Rosa planteó, además, que existe preocupación en torno a la seguridad de los oficiales que podrían ser transferidos, pues entre las responsabilidades del NIE, figura investigar denuncias criminales que involucren a los uniformados.

Mencionó también que el proyecto levanta interrogantes sobre aspectos de recursos humanos, como el estatus en que quedarían las aportaciones a los planes de retiro y al Seguro Social de los agentes transferidos, y las clasificaciones de los oficiales que son distintas al sistema de rango de la Policía.

Asimismo, dijo que el cambio que propone el proyecto podría poner en peligro los fondos federales que hoy recibe el NIE, además de acabar con varios acuerdos colaborativos que mantiene esa entidad con diversas agencias del gobierno estadounidense.

El secretario del DJ, en cambio, avaló la legislación, y destacó que incluye “salvaguardas” que permiten a esa agencia solicitar, cuando alguna pesquisa lo requiera, que se le asignen en destaque algunos de los oficiales transferidos a la Policía.

“Ello incluye la asignación de una elite de agentes para velar por la integridad de los funcionarios públicos, asunto que al presente manejamos con la colaboración de los mismos”, dijo Miranda en su memorial escrito.

La medida dispone que el DJ, a través de la Oficina del Secretario y la Oficina de Integridad Pública, investigará los casos en los que se impute mal uso o abuso de la autoridad por parte de la Policía estatal o las policías municipales, así como de cualquier otro caso que ordene el gobernador y que al presente maneje el NIE.

Mientras, el superintendente Caldero apoyó la intención del proyecto de ley, pero recomendó que se enmiende para disponer que los agentes transferidos sean adiestrados y readiestrados por el cuerpo policíaco, incluida su participación en la Academia de la Policía. 

“Los agentes de NIE, que tras la aprobación de esta legislación pasen a formar parte de la Policía, van a realizar labores cónsonas a los deberes que determine el superintendente”, subrayó Caldero a través de su asesora legal, la licenciada Yashira Vega, quien lo representó en la audiencia pública.

El jefe de la Policía también sugirió que el período de transición se amplíe de 90 a 180 días.

El proyecto igualmente trasladaría las funciones de la División para la Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, actualmente bajo el NIE, a la Oficina de los Fiscales del DJ.