VIP Healthcare Solutions, empresa administradora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Job Andújar en Cataño, enfrenta imputaciones a nivel federal por un alegado fraude millonario, así como lavado de dinero en relación a pagos recibidos como parte de un contrato con el municipio catañense.

La Fiscalía federal detalló este jueves que Ivelisse Rivera Padilla, presidenta de VIP Healthcare, fue acusada por un esquema de fraude de quiebra, por hacer representaciones materialmente falsas desde marzo de 2017 hasta mayo de 2022 para defraudar el procedimiento de quiebra. Además, fue acusada de 10 cargos de ocultamiento de activos durante su proceso de quiebra y tres cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dichos procedimientos de quiebra.

La acusación alega que durante el procedimiento de quiebra, Rivera Padilla ocultó bienes e ingresos, y no reveló al síndico encargado del control de la propiedad del deudor y a los acreedores y al Síndico de los Estados Unidos, todo el patrimonio de la quiebra durante el curso de su procedimientos de bancarrota, incluidos, entre otros, la creación, operación, propiedad y control de VIP Healthcare.

Para el 23 de junio de 2017, Rivera Padilla incorporó VIP Healthcare, y para el 30 de junio de 2017, firmó un contrato entre VIP Healthcare y el municipio de Cataño, para administrar el CDT.

El contrato otorgó a VIP Healthcare $1,134,000 pagados en cuotas mensuales de $189,000. Entre 2017 y 2022 se ejecutaron contratos adicionales por una cantidad superior a $9,000,000. Se alega que Rivera Padilla usó más de $1,000,000 de estos ingresos para su beneficio personal, sin revelar dichos ingresos durante su proceso de bancarrota.

La acusación también alega que Rivera Padilla ocultó la compra de un apartamento por $270,000 ubicado en el condominio Golf y Playa en Cabo Rojo y un terreno de 2,159.5152 metros cuadrados por $275,000 ubicado en Rainforest and Sea View Resort en Luquillo. Rivera Padilla también habría escondido la creación y participación en otra entidad corporativa conocida como Farmacia Libertad, así como los ingresos de un negocio de alquiler de propiedades a través de AirBnB.

Rivera Padilla, al igual que otra persona identificada como Carla Carrillo Torres, y la empresa VIP Healthcare enfrentan 28 cargos de lavado de dinero basados en transacciones individuales realizadas con fondos ocultos durante el proceso de quiebra. Se alega que estas transacciones se realizaron para comprar múltiples propiedades para las imputadas.

Asimismo, Carrillo Torres y VIP Healthcare fueron acusados de hacer declaraciones falsas en relación con un préstamo del Paycheck Protection Program de $249,755.35.

Las imputadas “utilizaron los procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores. También usaron ilegalmente los fondos de ayuda de COVID para beneficiarse a sí mismos. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se mantiene alerta en el esfuerzo por hacer cumplir las leyes de bancarrota y castigar a quienes desviaron y usaron ilegalmente fondos críticos de COVID para su propio beneficio personal”, manifestó W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Si es declarada culpable, Carrillo Torres podría ser sentenciada a una pena máxima de prisión de 30 años y una multa de $1,000,000 por fraude bancario. Por cada cargo de lavado de dinero, ambas enfrentan hasta 10 años de cárcel. Además, Rivera Padilla enfrenta hasta cinco años de prisión por cada cargo de fraude de bancarrota. VIP Healthcare enfrenta multas monetarias, entre otras sanciones.

El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y se trata de una continuación de la pesquisa que involucra contratos municipales adjudicados en el municipio de Cataño, que ha resultado en la condena de múltiples contratistas y funcionarios públicos, como el exalcalde Félix “El Cano” Delgado Montalvo, Oscar Santamaría Torres, Raymond Rodríguez, Pedro Marrero Miranda, Mario Villegas Vargas y Jose Bou Santiago.