Contra la organización criminal se radicaron 616 denuncias por los delitos de apropiación ilegal, falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad y perjurio. Mientras, a los policías municipales también se les imputó violaciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

Por estos delitos, los jueces Isander Rivera y Luis B. Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, impusieron una fianza global de $3,714,600.

El director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Alberto Valcárcel, reveló que el esquema de fraude comenzó en el año 2008, pero los delitos entre ese año y el 2009 no pudieron radicarse porque prescribieron.

Reveló que la investigación interna que realizó la ASC encontró que los empleados José Pagán Rivera y Wilnelia Ortega Anaya fueron las principales figuras de este esquema, el cual fue diseñado para que cuatro personas realizaran las reclamaciones fraudulentas. Estos últimos fueron identificados como Pablo Oyola Cotto; Luis E. Torres Díaz y Luis J. Torres Díaz, quienes son padre e hijo, así como Yaritza Rodríguez García, quien es la esposa de Luis E. Torres Díaz.

De las 17 reclamaciones que fueron investigadas por la Policía y Justicia, se observó un patrón en el que un grupo de ciudadanos acudía a suscribir las reclamaciones al seguro compulsorio con información falsa que proveían a los policías municipales. Esto últimos, en común acuerdo, supuestamente redactaban el informe del alegado accidente de tránsito y les asignaba un número de querella, el cual es requisito de Ley para poder presentar la solicitud para el pago de dinero.

Los policías municipales que supuestamente participaron en el esquema fueron el comisionado de seguridad, Héctor L. Meléndez Bermúdez, así como los agentes Glenda L. Ramos Álvarez, Luis F. Zaragoza de Jesús, Félix Rodríguez Muller, Luis A. Martínez Díaz, Carlos Reyes Rodríguez y José A. Rivera Rivera.

Valcárcel indicó que estas querellas se radicaban incompletas para que fueran atendidas por Pagán Rivera y Ortega Anaya, quienes eran los encargados de atender este tipo de reclamación. Entonces, los presuntos cabecillas del fraude llamaban a los supuestos reclamantes y le tramitaban el pago con la suma máxima autorizada por la ASC, que asciende a los $4,000.

El funcionario indicó que en esta etapa de la pesquisa no revelaría cómo se repartían las ganancias, ya que es parte de la prueba que desfilará en el Tribunal.

“El comisionado (de seguridad de Cidra) para la fecha de los delitos que se le están imputando era policía municipal (y) participó en este esquema en términos de recibir esta información falsa, preparar los documentos necesarios para presentarlos al seguro compulsorio, entiéndase el número de querella con el informe de accidente con información falsa”, señaló Valcárcel, durante una conferencia de prensa realizada en el Cuartel General de la Policía en la que también estuvo el superintendente auxiliar de Investigación Criminal, coronel Antonio López.

Se alega que se apropiaron de $200,000

La gerente de Procesos de Investigativos de la ASC, la licenciada Lorelly Navarro, reveló que la totalidad del dinero obtenido mediante el esquema de fraude asciende a los $200,000.

“Nosotros identificamos que había una similitud entre la cantidad de daños reclamados, la cantidad de vehículos que procedían de la misma área geográfica, similitud en el proceso de las reclamaciones por los mismos agentes del orden público, entre otros aspectos”, sostuvo Navarro, al revelar detalles de cómo se descubrió el esquema.

Añadió que, en alguno de los casos, sometían fotos que no le correspondían al vehículo del reclamante.

Los dos empleados de la dependencia, quienes poseían licencias de ajustador expedidas por la Oficina del Comisionado de Seguros, fueron separados de sus funciones tan pronto se comenzaron a detectar los indicios de que habían cometido el fraude y se les canceló su licencia, explicó.

La investigación, que se extendió durante dos años, fue referida al Departamento de Justicia por la ASC, quien a su vez encomendó la pesquisa a la División de Robos a Bancos y Fraude de la Policía.

Asimismo, la funcionaria reveló que a pesar de que en este caso el fraude se cometió en un centro de la ASC, no se descarta que se hubiesen hecho reclamaciones ilegales a través de la página de web.

“No podemos descartar que haya ocurrido, porque en efecto hubo algunas de las reclamaciones que se iniciaron a través de nuestra página web también. Eso no descarta que podamos identificar cualquier irregularidad que ocurra con las reclamaciones”, detalló la licenciada.

El caso fue investigado por el agente Abraham Lebrón y consultado con la fiscal Rosa Molina.

ASC toma medidas contra el fraude

Este caso de fraude llevó a ASC a tomar medidas de control internas con relación al manejo de información y el procesamiento de estas reclamaciones para evitar que se vuelva a repetir un caso de fraude similar, dijo Navarro.

Reveló también que en la actualidad se llevan a cabo otras investigaciones por fraude. Dijo que está impedida de revelar detalles de las mismas, ya que no han concluido.

“En este momento, estamos trabajando reclamaciones que no son iguales a este tipo de esquema, pero sí estamos trabajando con otros esquemas con otras divisiones de la Policía de Puerto Rico", destacó.

Por su parte, en declaraciones escritas, el presidente de la ASC, José L. Blanco Latorre, reafirmó que va a continuar colaborando en las investigaciones sobre fraude que se realizan.

“En ASC tenemos como norte que todos nuestros empleados cumplan con las leyes, normas y procedimientos aplicables. Cometer fraude es un delito con serias consecuencias. Por eso, en ASC estamos preparados y alertas para identificar cualquier tipo de fraude, incluyendo el fraude interno, y tomar las medidas necesarias para combatirlo”, aseveró Blanco.

ASC cuenta con 12 centros en toda la Isla y tiene 208 empleados.