El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó que la Fiscalía de San Juan finalmente podrá utilizar la prueba de alcohol realizada a Mayra Enid Nevárez Torres durante el juicio que se celebrará contra la acusada de haber provocado la muerte de Justin Santos Delanda y heridas graves a Keven Monserrate Gandía, mientras conducía en estado de embriaguez y en contra del tránsito por el Puente Teodoro Moscoso, el 21 de noviembre de 2021.

El pasado viernes, 15 de marzo, venció el término para que la defensa de Nevárez Torres presentara una segunda reconsideración ante el Tribunal Supremo. Esto, luego de que el máximo foro judicial rechazara en dos ocasiones revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones, que acogió los planteamientos de los fiscales, permitiendo que se utilice la prueba de alcohol en el juicio contra la acusada.

“Finalmente prevalecimos y estamos listos para comenzar el juicio. Tal y como lo demostraron nuestros fiscales, los agentes a cargo de la investigación actuaron conforme a la ley y la evidencia fue obtenida según el proceso establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Habiendo culminado esta etapa, la Fiscalía de San Juan del Departamento de Justicia está lista para iniciar el juicio y hacerle justicia a las víctimas y a sus familiares”, indicó el secretario de Justicia, en un comunicado de prensa, quien reconoció la labor de los fiscales a cargo del caso, Edmanuel Santiago Quiles y Jesús Torres González.

Por su parte, el fiscal Santiago Quiles sostuvo: “Estamos conformes y listos para solicitar al Honorable Tribunal la fecha para dar inicio al juicio en su fondo. La Fiscalía siempre ha comparecido preparada con toda la evidencia requerida para probar más allá de duda razonable la culpabilidad de la Sra. Nevárez Torres. Estamos enfocados en hacerle justicia a Justin, a Keven y a sus familiares y amigos”.

En el mes de agosto del año pasado, el Departamento de Justicia recurrió al Tribunal de Apelaciones para revocar la determinación de la jueza Nerisvel Durán, quien suprimió dicha pieza de evidencia mediante un dictamen emitido el 21 de julio. El foro apelativo le dio la razón al Departamento de Justicia; acogió el planteamiento de la Oficina del Procurador General y revocó la decisión de la jueza. A pesar de que la defensa de la imputada intentó refutar los argumentos del Ministerio Público, sus esfuerzos no rindieron frutos.

“En todo momento nos hemos mantenido en comunicación con los familiares de las víctimas para informarles sobre todas las etapas del proceso”, añadió el fiscal.

La próxima vista sobre el estado de los procedimientos se llevará a cabo el 23 de abril.