El fiscal Michael E. Gilfarb solicitó que Pablo J. Casellas Toro sea mantenido bajo custodia federal hasta que se vea el proceso en su contra en el Tribunal Federal, en el que se le acusa de proveer información falsa al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

"Pablo Casellas Toro encaró cargos estatales. Ahora, el gobierno federal está tomando acción para que responda por un crimen en contra de los Estados Unidos. El acusado deberá ser traído ante un juez federal para que responda por ese crimen, y así lo ha ordenado la corte. El Gobierno está solicitando que el acusado permanezca bajo custodia federal hasta el momento del juicio en su contra por estos cargos", lee la moción radicada por Gilfarb esta tarde en el expediente electrónico del caso.

El acusado está citado para la vista inicial, de fianza y lectura de acusación en su contra este viernes a las 10:30 a.m. y el juez federal Joseph R. Goodwin -juez de Virginia asignado a ver el caso- ordenó que sea trasladado desde la sección 501 de la Cárcel Regional de Bayamón o desde donde esté dentro del sistema del Departamento de Corrección, donde permanece desde que fue encontrado culpable el 22 de enero pasado por el asesinato de su esposa Carmen Paredes.

Por dicho crimen, será sentenciado mañana, jueves, en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón y se expone a más de 100 años de prisión a nivel estatal.

Mas el fiscal federal de Florida asignado a procesar el caso pidió que permanezca bajo la jurisdicción federal.

"En este caso, el Gobierno está pidiendo a la corte que retenga al acusado bajo detención previo al proceso judicial. Si la corte accede a esta petición, no será devuelto a las autoridades estatales a menos que él lo solicite, lo que equivaldría a una renuncia a su derecho a permanecer bajo custodia federal. La corte también puede enviarlo de vuelta en contra de su voluntad. Si el acusado lo pide y se le concede derecho a fianza, estaría renunciando a su derecho de permanecer bajo custodia federal y regresaría a la jurisdicción estatal, donde es prisionero", agregó el fiscal, aclarando que en este caso no aplica la Ley de Acuerdo Interestatal de Detenidos (IADA).

La ley IADA establece juicio rápido para personas que están encarceladas en una jurisdicción y es llevada a otra para enfrentar diferentes cargos en su contra.

Aún no ha comparecido ningún abogado al foro federal a identificarse como la persona que representará a Caellas en el proceso.

Un gran jurado encontró causa contra el hijo del juez federal Salvador Casellas el 10 de abril de 2013 por tres cargos por proveer información falsa a las autoridades federales, por ser víctima de un alegado "carjacking" que no ocurrió y que supuestamente le robaron dos armas que luego aparecieron.

En el pliego acusatorio -que se mantuvo sellado para no afectar el proceso en su contra a nivel estatal- indica que Casellas Toro "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al alegar que el 17 de junio de 2012 fue asaltado a mano armada por dos individuos que dispararon el cristal trasero de su vehículo y lo hirieron de bala en un brazo para robarle su carro, cuando la realidad es que pretendía "crear la falsa impresión de que fue víctima de un crimen".

En el juicio estatal, un jurado compuesto por seis mujeres y seis hombres lo encontró culpable de utilizar el arma que había reportada como robada en el supuesto "carjacking" para asesinar a Paredes el 14 de julio de 2012 en su casa en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo.