La fiscalía federal solicitó una sentencia de cinco años de cárcel contra Pablo Casellas tras ser declarado culpable por mentirle a las autoridades federales sobre un supuesto “carjacking” y robo de armas, y solicitó al juez que al momento de tomar su decisión considere el asesinato de la esposa del acusado, Carmen Paredes, así como el supuesto de que el gobierno local le otorgue un indulto en el futuro.

El fiscal Michael E. Gilfarb argumenta en su moción que la sentencia estatal por el asesinato de Paredes –109 años de prisión– podría ser condonada mediante un indulto de un gobernador de Puerto Rico, lo que impediría que cumpla la totalidad de la misma. Por esa razón la solicitud es que la sentencia sea concurrente con la estatal, pero no concluya necesariamente con aquella.

Gilfarb basa su conjetura en penas que gobernadores han condonado en el pasado e incluso menciona el caso de la actriz Lydia Echevarría, a quien el exgobernador Pedro Roselló le otorgó un indulto condicionado. Echevarría fue encontrada culpable en 1986 de ordenar el secuestro y asesinato de su entonces esposo, Luis Vigoreaux, y cumplía una sentencia de 208 años por el crimen.

El fiscal incluyó también en sus alegatos el indulto que otorgó en el 2008 el gobernador Aníbal Acevedo Vilá a Kenneth Irizarry Ayes, quién había sido sentenciado en el en el 2000 por un asesinato cometido en el 1995. En aquel entonces, según afirma, la familia de la víctima de ese asesinato reclamó públicamente que el indulto se otorgó por las conexiones políticas del convicto, en clara referencia a las conexiones y al poder económico de la familia de Casellas. “Un informe publicado tan reciente como el 14 de junio de 2014 reporta que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá perdonó tres personas que fueron convictas de asesinato en primer grado y que fueron sentenciados a 99 años de cárcel”, sostiene Gilfarb.

“Ese mismo informe indica que el pasado gobernador Luis Fortuño perdonó dos asesinos en primer grado, cada uno de los cuales estaba sentenciado a 99 años de prisión”, agrega.

Va más lejos el fiscal y ofrece una tabla con datos desde el 2007 al 2012 con los indultos que han otorgado los distintos gobernadores de la Isla. “Como el futuro es impredecible, este tribunal debe imponer una sentencia que resista la prueba del tiempo”, concluye esa argumentación.

La solicitud del fiscal en este caso se produce luego que el magistrado Joseph Goodwin desestimó dos de los tres cargos federales que enfrentaba Casellas, por lo que su sentencia a nivel federal podría ser menor.

 El 1 de mayo pasado, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Casellas Toro por, "a sabiendas y voluntariamente, ofrecer testimonio falso, fraudulento y ficticio" por tres instancias: alegar que el 17 de junio de 2012 fue a disparar al Club de Tiro Metropolitano, en Toa Baja; decir que alguien provocó que detuviera su automóvil; y alegar que, a punta de pistola, lo forzaron a moverse al asiento del pasajero. Los primeros dos de estos tres cargos fueron desestimados.

“Las mentiras que el acusado dijo a las autoridades locales y al FBI sobre un supuesto carjacking y el robo de armas fue un insidioso preludio a un asesinato”, sostiene el fiscal en la moción que sometió al tribunal y en la que hace un recuento de los hechos que rodearon el asesinato de Paredes y que fueron ventilados en el juicio estatal, en el que resultó convicto por esa muerte.

Tras su propuesta de una sentencia de 60 meses de encarcelamiento, el fiscal sostiene que “el asesinato de su esposa por el acusado es una consideración relevante al momento de la sentencia”.

Por otra parte, describe al acusado, como un “asesino convicto, que asesinó a su esposa” y como una persona que “creyó que vivía sobre la ley”.

La fiscalía sostiene además que la imposición de la sentencia recomendada reforzará el respeto y la confianza que tiene la comunidad de Puerto Rico en aquellos casos criminales donde hay una agencia federal involucrada.

La vista de sentencia de Casellas está programada para el próximo 11 de agosto.