Fiscalía federal pide 3 años y 10 meses de cárcel contra exempleada de “Tata” Charbonier
Frances Acevedo, que pagaba los sobornos, será sentenciada este viernes.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 meses.
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Por haber “robado más de $100,000 al gobierno de Puerto Rico”, para pagarle sobornos a la convicta exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, la Fiscalía federal solicitó la imposición de una sentencia de 46 meses -o lo que equivale a tres años y 10 meses de cárcel- contra la que fuera la “recepcionista-secretaria” de la exlegisladora, Frances Acevedo Ceballos.
Se solicitó también “un periodo de libertad supervisada” una vez salga de la cárcel. Sin embargo, no se fijó en el “memorando de sentencia” el tiempo requerido.
La información fue publicada en el expediente de Acevedo Ceballos, ya que este próximo viernes será la lectura de su sentencia ante la jueza federal Silvia Carreño Coll, en el Tribunal federal de Distrito en Hato Rey.
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El “memorando de sentencia, firmado por la fiscal federal Kathryn E. Fifield, expone “la necesidad de que la pena impuesta refleje la gravedad del delito, promover el respeto a la ley y proporcionar un castigo justo por el delito”.
Acevedo Ceballos se declaró culpable el pasado 7 de noviembre de un cargo de “soborno relacionado con programas que reciben fondos federales”. No figuró como testigo en el juicio contra Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, en el que ambos resultaron culpables. Sin embargo, se utilizó un revelador audio que le grabó su amante, Jonathan Alemán, en el que reveló el esquema de fraude que se había establecido en la oficina legislativa.
Trascendió que Charbonier Laureano infló el salario de Acevedo Ceballos, quien era su “recepcionista-secretaria” hasta llevarlos a $8,000 mensuales para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Se alude que, bajo este esquema de comisiones ilegales (kickbacks), la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos. Muchas de las transacciones las realizó Acevedo Ceballos al acudir directamente al banco a depositar el dinero en la cuenta bancaria del matrimonio. También los transfirió por ATH Móvil, dejando claro con un mensaje que el dinero era “De Tata”.
Por estos delitos, la fiscal indicó que “el gobierno recomienda una sentencia de 46 meses de prisión, una sentencia significativa que sea suficiente, pero no mayor de lo necesario, para lograr los objetivos de la sentencia”.
Entre otras cosas, la Fiscalía federal habló de que es importante dejar conocer con la sentencia las consecuencias del delito cometido de corrupción pública y el cual erosiona la confianza del pueblo en sus líderes.
“El público deposita una profunda confianza en los empleados públicos para ejecutar fielmente sus trabajos, ya sean funcionarios de alto nivel, como Charbonier, o empleados gubernamentales, como Acevedo. Uno no está por encima o por debajo de las consecuencias apropiadas para el comportamiento ilegal. Como se señaló anteriormente, existe una diferencia de culpabilidad entre Charbonier y Acevedo. El tribunal debería tratarlos diferentemente. Pero, la gravedad del delito de Acevedo, y el impacto material de su conducta en el pueblo de Puerto Rico, exige una sentencia significativa. Aunque, nominalmente, ha aceptado la responsabilidad por el delito en que se declaró culpable, las declaraciones de Acevedo sugieren que ella todavía tiene que apreciar plenamente el impacto material de su conducta. Acevedo lamentó haber sido demasiado ‘confiada’, pero no expresó arrepentimiento significativo en su papel en la apropiación de fondos públicos. Además, Acevedo ha trató sistemáticamente de desviar a los investigadores y a la Corte en cuanto al rol de Charbonier en el esquema”, dice el memorando.
La sentencia de Charbonier Laureano y su esposo, por otra parte, están calendarizadas para el 10 de abril a las 10:00 a.m. Todavía la Fiscalía federal no ha radicado el memorando que establece cuánto tiempo de prisión solicitarían contra el matrimonio convicto.