En el séptimo día del juicio federal contra el exalcalde de Yauco Abel Nazario Quiñones, la fiscalía federal buscó dar solidez a su extensa prueba documental con la presentación de un técnico de nómina que trabajó para el municipio de Yauco y una especialista en contabilidad forense del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), al tiempo que la defensa del ahora senador redoblaba su estrategia de sembrar dudas sobre esos documentos.

El senador está acusado de haber cometido fraude y haberle mentido al gobierno federal, violando así un acuerdo al que había llegado con el Departamento del Trabajo federal, para pagar las horas voluntarias que habían trabajado un sinnúmero de empleados sin ser remunerados entre 2012 y 2014, práctica que se determinó era contraria a las leyes laborales.

Según ha transcendido por la evidencia mostrada en corte, Nazario, que para entonces era alcalde de Yauco, se habría valido de diferentes estrategias para hacer creer a empleados que el cheque que estaban recibiendo para pagarle por las horas voluntarias, según el acuerdo con el DT federal, era un pago por algún otro concepto, como salario por adelantado, y luego dejaban de emitir sus pagos de nómina regular, o cancelaban los cheques emitidos. Al no saber que el cheque era por las horas voluntarias, los empleados asumían que se les continuaba remunerando por su trabajo.

Los fiscales Myriam Fernández y Scott Anderson han mostrado una gran cantidad de documentos durante el proceso, que incluyen copias de cheques, registros de nómina, listados de asistencia y documentos con diversa información escritos a mano, además de una gran cantidad de empleados y exempleados que en su mayor parte han testificado que fueron engañados por Nazario y trabajaron durante meses sin paga, aunque también ha habido testimonios contradictorios y algunos que han defendido al exalcalde y negado haber sido engañados o que se les deba dinero.

Entretanto, la defensa de Nazario, conformada por los abogados María Domínguez, Edgar Vega, Javier Micheo y Carlos Andréu, luego de algunos malos momentos iniciales, ha trazado una estrategia de sembrar dudas sobre toda esa prueba documental en cuanto al grado de su certeza, y por consiguiente su validez.

La fiscalía sentó a de sentó a declarar a Eddie Manuel Troche, quien fue técnico de nómina en el municipio de Yauco entre 2005 y 2015.

A preguntas de la fiscal Fernández, el testigo explicó como parte de sus labores estaba encargado de procesar los pagos a empleados, las deducciones a su paga (seguro social, Asume, retiro, entre otros), así como de activar y desactivar empleados en la nómina. Agregó que entraba al sistema la información personal del empleado, siguiendo las instrucciones del entonces alcalde Nazario, su ayudante Edwin Torres, la directora de Recursos Humanos Claribel Rodríguez o la secretaria de esta última, Karen Sepúlveda.

Troche abordó el periodo de 2015 en que habría ocurrido el fraude que se le imputa a Nazario, y detalló que “para marzo (de 2015) empecé a hacer una nómina especial”, según se la presentó Nazario.

“Me llevaron un listado con nombres de empleados, la cantidad a pagarle y me dijeron que era una nómina especial a pagar antes de la fecha que tenía indicada cada empleado”, relató.

Sostuvo que la primera vez que le dieron instrucciones sobre la nómina especial lo hizo Nazario, quien también le dio instrucciones adicionales “dos o tres veces” más. Dijo que, además, recibió instrucciones del ayudante Torres y la directora de Recursos Humanos.

Específicamente, agregó, le daban una hoja con nombres y la cantidad a pagarles, en diferentes periodos. Tanto Nazario como Torres y Rodríguez le dieron esa lista en diferentes ocasiones, así como la instrucción de desactivar a los empleados en cuestión de la nómina, de manera que no recibieran salario durante cierto tiempo.

Troche afirmó que nunca se le explicó las razones para esa nómina especial ni se le dijo que esos pagos eran parte de un acuerdo con el DT federal. Añadió que, una vez procesaba la lista de empleados, la devolvía al alcalde o su ayudante, según las instrucciones que ellos mismos le habían dado.

Al testigo se le mostró la copia del documento que, según el acuerdo con el DT federal, debió mostrarse a todos los empleados en un lugar público, en inglés y español, explicando el acuerdo y su alcance, así como que no se podría tomar represalias contra nadie involucrado. Se le preguntó si “lo vio alguna vez publicado o posteado en las oficinas de recursos humanos”.

“Yo no lo vi”, afirmó.

Troche reconoció otro documento que se le mostró, con la lista emitida por el DT federal de empleados que serían compensados y la cantidad. Dijo que lo había visto antes, pero sin el encabezado que identificaba al DT federal.

En el contrainterrogatorio, la abogada Domínguez le preguntó a Troche si sabía que todos los empleados en el listado habían recibido su remuneración según el acuerdo.

“Si lo recibieron, yo no lo sé. Yo sé que los procesé”, respondió el técnico de nómina.

Domínguez, sin embargo, sugirió que no sabía en parte porque había dejado de trabajar en Yauco en el mismo 2015 (en agosto).

La abogada cuestionó si, pasados cinco años de los hechos, podía asegurar al jurado que las listas de empleados bajo la nómina especial que alega le entregaron era la misma que presentaba como evidencia la fiscalía, según provista por el DT federal.

“Son casi 200 empleados en la lista. No hay manera que pueda decirnos si los nombres que aparecen en esta lista son los mismos que le entregaron a usted en esas listas que dice le entregaron, cinco años atrás”, cuestionó la abogada, llevando al testigo a admitir que no podía asegurar que las listas coincidieran.

Con otra serie de preguntas, la abogada llevó a Troche a admitir que no recordaba varios otros detalles de su interacción con Nazario en relación con los hechos. De igual forma, la abogada condujo al testigo a reconocer que, si bien había declarado que inactivó de la nómina a varios empleados siguiendo instrucciones de Nazario, su ayudante y la directora de Recursos Humanos, no sabía si la inactivación era o no por alguna razón justificada, como que hubiese expirado el contrato del empleado.

El otro testigo que sentó la fiscalía a declarar en la jornada fue la oficial de contabilidad forense del FBI, Mirelis Domínguez, a quien se le encargó revisar los documentos del caso, e identificar las posibles discrepancias en pagos a los empleados.

Afirmó que revisó la prueba, incluyendo registros de nómina, registros de asistencia, certificaciones de cheques, contratos e incluso notas escritas a mano relacionadas con los hechos. Agregó que luego de revisarlo todo, generó un informe con un listado de pagos no realizados a 28 empleados.

El listado, explicó en detalles, contiene la información de la persona, los pagos que no le hicieron, cuantos pagos no le hicieron, las fechas de los pagos no realizados, la fecha de emisión del cheque por el acuerdo con el DT federal, los cheques emitidos a nombre del empleado y luego cancelados, las horas trabajadas que pudo identificar, sin incluir vacaciones o licencias, así como un espacio para comentarios en el que incluyó los apuntes que había en los documentos, tales como “contrato especial”, “nómina especial” y otros.

No obstante, la abogada Domínguez le cuestionó que su trabajo sólo incluía los documentos provistos por la fiscalía, y nada de los documentos de la defensa.

“No hizo un ejercicio de contabilidad. No revisó si el empleado estaba o no bajo contrato. O sea, solo revisó las discrepancias en la nómina de pagos. Pero no puede asegurarle al jurado si al empleado se le debía o no pagar en ese periodo”, sostuvo la abogada.

Asimismo, atacó parte de la metodología de su reporte al cuestionar si se había establecido un parámetro específico para determinar cuanto tiempo alrededor del pago del cheque por el acuerdo se revisaba.

La especialista sostuvo que “había un mismo criterio” que era la ausencia de pagos en tiempo cercano a la emisión del cheque por el acuerdo, pero los periodos en que no recibieron paga eran diferentes en cada empleado con casos en que solo faltó un pago, hasta otro en que faltaron 16 pagos.

“Pero no sabe si en esos periodos el empleado trabajó. No sabe la razón de la cancelación de los cheques”, insistió la abogada, llevando a la especialista a admitir que no sabía esa información.

Según trascendió en la sala, la fiscalía tiene todavía un testigo adicional que no pudo presentar el jueves por razones justificadas. Se espera que lo presente este viernes y, de no tener más testigos, podrían comenzar entonces a sentarse a declarar los testigos de la defensa.

De acuerdo con los cargos presentados por la fiscalía federal, se alega que Nazario, cuando era alcalde de Yauco, mintió a sabiendas al Departamento de Trabajo federal e incumplió con un acuerdo al que habían llegado con el municipio para que le pagara a 177 empleados por horas trabajadas como “voluntarias” entre mediados de 2012 y mediados de 2014, que no se les habían remunerado, en violación a las leyes laborales vigentes. En total enfrenta 37 cargos, 30 por cada caso de empleado que habría resultado engañado y en consecuencia habría constituido un fraude y violación al acuerdo con el DT federal, y otros siete de fraude electrónico.