La Fiscalía de Caguas aseguró este viernes que la conversación entre el exboxeador Juan Manuel López Rivera y su expareja Andrea Ojeda Cruz, que se divulgó ayer en un programa radial, fue grabada “de manera ilegal”.

Según trascendió, la “influencer” habría sido quien contactó a López Rivera. Contra el exdeportista pesa una orden de protección por violencia de género.

El abogado de López Rivera, Jaime Barceló, indicó ayer que no fue la defensa quien filtró las grabaciones al programa “El Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega, y que le corresponde a la Fiscalía responder por la filtración de lo que se refirió como evidencia sometida al tribunal. Barceló mencionó que la Fiscalía tendría que decidir “si van a archivar los cargos de Juanma o van a continuar”.

La fiscal del distrito de Caguas, Aracelis Pérez Correa, respondió esta mañana en declaraciones escritas.

“Nos llama la atención que la defensa haya salido convenientemente a solicitar en los medios que se retiren los cargos contra su representado, a menos de 24 horas de haber entregado decenas de audios y videos editados y manipulados a favor de su cliente, que todo apunta a que fueron grabados de manera ilegal”, expresó Pérez Correa.

La fiscal informó que el Ministerio Público evaluará los pasos a seguir, una vez complete el análisis de todo el material sometido por la defensa de López Rivera. Indicó que dicho material podría incluir algunos audios divulgados públicamente sin el consentimiento de la víctima y a espaldas de la Fiscalía.

“Los fiscales aún se encuentran analizando la evidencia entregada. Pero le recordamos a la defensa que las grabaciones incompletas, editadas y grabadas sin el consentimiento de una víctima no son evidencia admisible en un tribunal”, señaló Pérez Correa.

Pérez Correa mencionó que Ojeda Cruz no puede violar una orden de protección expedida a su favor y en contra de su agresor.

“La orden de protección fue emitida contra el señor López Rivera. Andrea es la víctima en este caso. Contra ella no existe una orden de protección. Si se dio alguna comunicación entre ambos, es él quien pudo haber violado la orden”, explicó al agregar que quien único puede dejar la orden sin efecto es un juez.

Por su parte, la coordinadora de las unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutierrez, precisó que “es parte del ciclo de maltrato el que las perjudicadas permitan cierto grado de acercamiento. El daño psicológico que ocasiona la violencia de género es grande y muy serio. También es conocido que en ocasiones los agresores buscan acercarse como estrategia. En esa situación, el deber de la víctima es informarlo. Sin embargo, por su estado emocional, algunas no lo hacen”.

“Es sumamente preocupante e inaceptable que se estén divulgando grabaciones que pudieran contaminar el proceso criminal, y más cuando se trata de un caso de violencia de género que se verá por jurado. Peor aún, tiene el efecto de revictimizar a la víctima”, puntualizó Hernández Gutierrez.

“En este momento, en el que existe una declaración de emergencia en la isla, todos los sectores deben colaborar para proteger a las víctimas. Pedimos cooperación. Todos tenemos una responsabilidad social”, concluyó la fiscal.