En el decimoprimer día de presentación de testigos del caso federal contra el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, su defensa sentó a testificar a un perito en cuentas y leyes que llevó a cabo un estudio de todos los 28 casos en que, según la fiscalía federal, el municipio de Yauco bajo la administración de Nazario dejó de pagar a empleados.

Sin embargo, el informe del perito estaba siendo triturado por el fiscal federal Scott Anderson, quien lleva el caso junto a la fiscal federal Myriam Fernández.

El informe presentado por el abogado y contador público autorizado (CPA) Rogelio Rosado Cabrera buscaba poner en dudas los cálculos hechos por la fiscalía sobre el dinero que se le dejó de pagar a empleados bajo la administración de Nazario. Según los testimonios de varios empleados y exempleados, habrían sido víctimas de un esquema fraguado bajo la guía de Nazario, en el que habrían trabajado durante meses sin que se les remunerara.

El senador está acusado de haber cometido fraude y haberle mentido al gobierno federal, violando así un acuerdo al que había llegado con el Departamento del Trabajo federal, para pagar las horas voluntarias que habían trabajado un sinnúmero de empleados sin ser remunerados entre 2012 y 2014, práctica que se determinó era contraria a las leyes laborales.

Según ha transcendido por la evidencia mostrada en corte, Nazario, que para entonces era alcalde de Yauco, se habría valido de diferentes estrategias para hacer creer a empleados que el cheque que estaban recibiendo para pagarle por las horas voluntarias, según el acuerdo con el DT federal, era un pago por algún otro concepto, como salario por adelantado, y luego dejaban de emitir sus pagos de nómina regular, o cancelaban los cheques emitidos. Al no saber que el cheque era por las horas voluntarias, los empleados asumían que se les continuaba remunerando por su trabajo.

La defensa de Nazario, formada por los abogados María Domínguez, Edga Vega, Javier Micheo y Carlos Andréu, como parte de su estrategia ha presentado testigos que buscan poner en duda la credibilidad de varios testigos presentados por la fiscalía, así como sus testimonios. De manera simultánea, busca crear una impresión de que cualquier acción de Nazario que pudiera percibirse como negativa habría sido sin mala intención, y que en realidad entonces alcalde de Yauco solo perseguía ayudar a sus empleados.

Como parte de esa defensa sentaron a declarar a Rosado, quien presentó un detallado informe, explicando que el mismo contenía cálculos realizados a partir de un sinnúmero de documentos recibidos de parte de la defensa, como nóminas, hojas de asistencia, informes de licencia, contratos, entre otros. Asimismo, había recibido instrucciones de la defensa para llevar a cabo los cálculos.

A preguntas de Andréu, repasó varios de los casos, explicando qué documentos había tenido en cuenta para sus cálculos, detallando que algunos reclamos no los había incluido, porque no había contratos que lo fundamentaran.

Declaró que como resultado del estudio llegó a la conclusión de que el municipio de Yauco no debía la cantidad que estaba indicando la fiscalía en su denuncia. Sin embargo, dijo que esos mismos cálculos indicaban que Yauco adeudaba a un grupo de empleados $6,829.52, y en dos casos, afirmó que coincidía con los cálculos de la fiscalía.

En este punto, ya resultaba curioso el hecho de la presentación de un perito con un informe que, en cualquier caso y asumiendo que fuera correcto, comoquiera determinaba que, en efecto, Yauco debía dinero a sus empleados, si bien era una cifra considerablemente inferior a los $44,737.19 que la fiscalía indica le adeudan a los empleados.

Pero en el contrainterrogatorio, el fiscal Anderson destrozó el informe de Rosado, llevándolo a admitir que, más allá de que solo se había confeccionado con material provisto por la defensa y siguiendo instrucciones de la defensa, contenía varios errores severos, como la inclusión de un cheque que fue cancelado sin que el empleado jamás lo cobrara, o varias horas trabajadas y reflejadas en hojas de asistencia que no incluyó, así como cálculos basados solo en los días de cierto mes aun cuando alguna semana incluía días del mes previo.

“Usted hizo su análisis según instrucciones de la defensa. No hizo una investigación independiente, no verificó si algún empleado tenía contrato como lo han testificado. Solo calculó según ordenado por la defensa a los empleados con contrato”, cuestionó el fiscal.

“Yo trabajé con la documentación que me proveyeron. No sé nada de los testimonios”, admitió el testigo.

“Entonces su análisis no es correcto”, continuó Anderson.

“Basé mi análisis en los documentos que me dieron y las instrucciones que me dieron”, reiteró Rosado.

“Pero como CPA, ¿usted sabe que si alguien trabaja, aún sin contrato, se le debe pagar?”, preguntó el fiscal.

“No necesariamente. Si no hay registro, contrato, ¿cómo se sigue eso?”, respondió el testigo.

“O sea que usted dice que a alguien que va a trabajar cada día no hay que pagarle. ¿Sabe que existe una ley de prácticas laborales justas, que establece que si alguien trabaja hay que pagarle?”, continuó el fiscal.

“No sé, soy CPA, no abogado”, dijo Rosado.

Entonces Anderson fue directo a varios de los casos especificados en el informe.

Cuestionó por qué, si admitía que el empleado José Cordero tenía en un mes 145 horas trabajadas registradas, solo le calculaba 80. “O sea, que el resto no se le paga. ¿Mala suerte y ya?”, cuestionó Anderson.

Rosado explicó que, su contrato establecía que solo se le pagar por 80. “Quizás le pagaban tiempo compensatorio luego”, agregó.

“¿Quizás? O sea que usted no sabe si eso ocurrió. Está asumiendo. Igual que asume que solo se le debe pagar 80 horas, pero no tiene una investigación independiente que corrobore eso”, añadió el fiscal.

En otro caso, el fiscal señaló que, según el análisis, “como no había registro de asistencia, concluyó que no se le debía pagar. Pero no sabe si trabajó o no”.

“Y en el caso de tres empleados, dijeron que no se les debía nada, y solo por eso determinó que no se les debe nada. Solo siguió las instrucciones y se basó en eso solamente para ellos tres”, continuó desbaratando el informe Anderson.

En el caso del empleado Alberto Caraballo, tras revisar otra vez las hojas de asistencia, llevó al testigo a admitir que había dejado de incluir al menos tres días que estaban registrados que sí había trabajado.

En otro caso también dejó de incluir varios días trabajados, alegando que se había basado en los registros de licencia, porque las horas trabajadas no estaban en controversia.

“Y en el caso de Jenyliz Rodríguez González, también se basa en instrucciones y no en investigación independiente. No verificó, no sabe si trabajó en el resto de ese tiempo”, insistió el fiscal.

“Con Harold Rodríguez Cruz, también asume, porque se le pagó un cheque el 31 de agosto (de 2015). Pero ese cheque está cancelado después. O sea, nunca recibió ese cheque”, sostuvo Anderson, mostrando el registro de nómina.

“Tiene razón”, admitió el testigo.

El contrainterrogatorio al perito de la defensa continúa esta tarde.