El archivo de los cargos criminales que pesaban contra el asesino confeso de Andrea Ruiz Costas, que fue encontrado muerto en el penal donde esperaba por el inicio del juicio en su fondo, serán archivados, pero la memoria de su víctima permanecerá como “portaestandarte de los casos de violencia de género”.

Así los expresó el fiscal del caso Yamil Juarbe, quien explicó que según los dispuesto por el artículo 86 del Código Penal de Puerto Rico, donde establece las causas de extinción de la acción penal, en su primer inciso está la muerte del acusado o del imputado independientemente de la etapa del proceso en la que se encuentre.

“Sería absurdo continuar un proceso contra alguien que no está vivo”.

Lo que procede es acreditarle al tribunal en una vista ya sea con la certificación de muerte del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la boleta del fiscal ordenando la autopsia, un documento fehaciente del Registro Demográfico que esta persona falleció y se procede a solicitar el archivo de los cargos que pesaban contra esta persona.

El cadáver de Miguel A. Ocasio Santiago de 40 años, fue encontrado en su celda de la institución 292 del complejo correccional de Bayamón, ocurrió a eso de las 9:25 p.m. de ayer, domingo, tras ser hallado con una tirilla de sábana atada alrededor del cuello y al barrote de la ventana de la celda. El caso se investiga como un suicidio ya que el hombre estaba aislado en una celda 23 horas del día, aunque se esperan por los resultados de la autopsia y la investigación completa para certificarlo.

“En cuanto a esa expectativa justa, por demás, de la familia de esperar que se le hiciera justicia a doña Andrea y que la persona que le causó la muerte pagara por eso, ciertamente tengo que decirle que la muerte de Andrea no ha sido en vano, porque la realidad es que este caso, si nos ponemos de acuerdo como sociedad, todas las instituciones del gobierno, nuestra gente, podemos tomar la muerte de doña Andrea para darle un gran significado y ser el portaestandarte de los casos de violencia de género”, puntualizó Juarbe.

Ruiz Costas, de 35 años, cuyo cadáver parcialmente calcinado fue localizado el 29 de abril en una zona boscosa en el kilómetro 25 de la carretera PR-184, del sector Las Trescientas del barrio Guavate, en Cayey.

Juarbe aceveró que desde que la investigación reveló que acudió sola en dos ocasiones al tribunal para denunciar a su agresor el Departamento de Justicia tomó medidas para evitar que otra víctima enfrentara la misma situación.

“El Departamento de Justicia desde los inicios de este caso comenzó a tomar medidas proactivas, el secretario ordenó que hubiese fiscales acompañando las víctimas desde las vistas de determinación de causa y en todas las etapas del proceso. El Departamento ha puesto a disposición de las víctimas de violencia de género técnicas de víctimas y testigos que trabajan para el Departamento de Justicia”, destacó Juarbe.

A su vez, dijo que el DJ ha establecido acuerdos con organizaciones que se dedican a trabajar con estas víctimas para que acudan les ofrezcan seminarios a los fiscales para sensibilizarlos y darles la perspectiva de las y los perjudicados.

Como parte de esa transformación, observó que tanto la Rama Judicial como la Legislativa se han movido buscando tomando medidas correctivas para atender mejor estos casos.

“Esto ha levantado una conciencia social, yo a mi gente en Puerto Rico, le tengo que decir que la indiferencia no puede ser la opción, que no podemos mirar hacia otro lado, cuando vemos personas padecer esa violencia de género machista. Familiares, amigos, vecinos, no podemos mirar hacia otro lado, tenemos que hacer causa común para batallar y vencer esta aberración de comportamiento que se llama el machismo”, sentenció el fiscal, quien considera que las instituciones solas no pueden realizar el cambio porque es indispensable la colaboración ciudadana.

La fallecida mantuvo una relación con Ocasio Santiago durante ocho meses quien la acosaba constantemente, en su lugar de trabajo y en su residencia. Durante ese periodo no obtuvo ni una orden de protección. Estos hechos están bajo investigación del Tribunal Supremo.

El occiso, que recibió tratamiento psiquiátrico había denunciado que presuntamente desconfiaba de su representación legal y trató de probar, sin éxito, que sus abogados, Rubén Parrilla y Luis Pérez de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), tenían un conflicto de intereses porque un empleado de esa oficina estuvo en comunicación por un período largo de tiempo con una de las testigos del caso.

Mientras que, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club anunciaron la creación de una Alianza pro Transparencia en un esfuerzo para acudir ante el Tribunal Supremo de Estados unidos para que le de paso a la divulgación de las grabaciones de las vistas judiciales en as que Andrea detalló el acecho al que la tenía sometida su expareja y la actitud tomada por los funcionarios que atendieron los casos.

Con la muerte del acusado ya no existiría el fundamente de los derechos del acusado para no entregar las grabaciones.