Luego de una breve vista esta mañana en el Tribunal de San Juan, se fijó una fecha para una vista de estatus en el proceso judicial contra la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, quien enfrenta dos cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y otro por aprovechamiento ilícito del servicio público, por su presunta participación en un esquema de recaudación de fondos para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares aprovechando su posición al frente de esa agencia.

Durante la vista, la jueza Eloína Torres Cancel hizo la lectura de acusación contra la exfuncionaria, y señaló la fecha del 18 de agosto, en horas de la mañana, para celebrar una vista de estado de los procedimientos.

“Lo que sucedió hoy fue el acto de la lectura, un proceso donde se le entregan ya formalmente las acusaciones a doña Sandra Torres López, y el caso quedó citado para el 18 de agosto. Pero no viene la prueba, no hay presentación de evidencia, es meramente un acto formal”, explicó en breves declaraciones la abogada Carmen Quiñones, representante legal de Torres López.

Aclaró que, aunque hoy atendió el caso la jueza Torres Cancel, el juicio se verá ante el juez Aldo González.

“El caso, aunque lo tuvo hoy doña Eloína (Torres Cancel), lo va a tener el juez Aldo González, puesto que él está de vacaciones y ella lo estaba sustituyendo”, sostuvo la abogada. “Entiendo que (esa vista del 18 de agosto) va a ser un ‘estatus conference’, porque ahora se va a empezar un descubrimiento de prueba de ambas partes”.

Según ha trascendido en este proceso, a Torres López se le imputa haber utilizado su cargo al frente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para beneficiar con recaudos al comité de reelección de Rosselló Nevares, antes que se viera forzado a renunciar a su cargo de gobernador en medio de las protestas masivas del verano de 2019.

Según testimonios ofrecidos en la vista preliminar, la funcionaria compartió una lista de contratistas y compañías que debían ser supervisadas por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, para que se les vendieran taquillas para una actividad de recaudación de fondos en favor de Rosselló Nevares, con la meta de recaudar $40,000.

Una exayudante ejecutiva de la Junta también declaró que Torres López se le acercó en varias ocasiones para que comprara boletos a $1,500 para una actividad en la que participaría Rosselló Nevares.

Por estas acciones, el Panel del Fiscal Especial Independiente le imputó a Torres López el cargo de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, así como las dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental: una por violar la prohibición de que un funcionario use su cargo para obtener directa o indirectamente, para él o una persona privada o negocio, cualquier beneficio no permitido por ley; y la otra por violar la disposición de que un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a otros servidores públicos que hagan contribuciones económicas o empleen su tiempo para realizar o participar en una actividad política.