Un “Task Force” interagencial federal tomó jurisdicción del caso de una persona sin hogar que fue intervenida ayer, lunes, por ser sospechoso de cometer fraude al cambiar una docena de cheques del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), por la cantidad aproximada de $50,000.

El arresto del hombre de 43 años se produjo en la sucursal del Banco Popular del centro comercial Santa Rosa Mall, en Bayamón, donde acudió a cambiar el cheque $11,454 a su nombre con un número de Seguro Social falso.

Además, se le ocupó una identificación de conducir de Texas.

Durante la investigación que llevó a cabo la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias, el teniente José Ayala, confirmó que se descubrió que el individuo había incurrido en este tipo de esquema utilizando información falsa en al menos otras 12 ocasiones por separado.

El arrestado tiene expediente criminal por violar la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El “Task Force” federal está identificado aquellos casos en los que tiene jurisdicción para investigarlos, agregó Ayala.

El NPPR se encuentra trabajando en la creación de un grupo especial de trabajo para investigar la avalancha de casos de diversas modalidades de fraude que involucran también a gente que altera los números de los cheques para cobrar más, las reclamaciones de los reclusos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, gestores como el arrestado en agosto, quien también preparaba identificaciones falsas y una posible red que usa adictos a sustancias controladas a los cuales acicala para que acudan al banco a cambiar los cheques del PUA, tras ser detectados estos casos desde mediados de julio.

Hasta este lunes, 68 adultos han sido arrestados por la modalidad de fraude mediante el cual utilizan identificaciones falsas, números de seguro social alterados o mediante el robo de identidad y se han recuperado $425,650, de un total de 63 querellas.

Ayer trascendió el posible fraude cometido por unos 13,000 empleados públicos que pudieron haber solicitado el PUA aun cuando no les correspondía de los cuales al menos la mitad trabajan en para el Departamento de Educación y el restante del Departamento de Salud y del Negociado de la Policía de Puerto Rico, entre otras agencias de gobierno.

En el caso de los uniformados se alega que reclamaron los beneficios porque perdieron trabajos a tiempo parcial o en calidad de pequeños comerciantes afectados por la pandemia, lo cual es ilegal porque su trabajo principal es en el NPPR que no dejó de pagarles sus salarios.

También están en la mira de las autoridades referidos de empleados municipales de Cataño, Arecibo, Ceiba, Ponce, Caguas y de otros pueblos de la isla que a pesar de que continuaron recibiendo sus ingresos al estar fuera de labores solicitaron el dinero.

De las más de 100,000 solicitudes ilícitas de empleados públicos y municipales que ha identificado el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con relación al PUA, unas 3,000 involucran a menores de edad, entre ellos a varios del Colegio San Ignacio.