Dos hombres puertorriqueños fueron sentenciados en el Tribunal Federal el pasado viernes por destrucción, remoción y relleno de humedales en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, según informó este lunes la Fiscalía federal.

Los sentenciados fueron Rafael Carballo Díaz, de 51 años, y Nathaniel Hernández Claudio, cuya edad no fue revelada.

Carballo Díaz deberá cumplir 12 meses de prisión y un año de libertad supervisada, además de pagar una multa de $4,000, mientras que Hernández Claudio fue sentenciado a 12 meses de libertad condicional.

Se alegó que partir de julio de 2020, Carballo Díaz destruyó, removió y rellenó áreas de humedales de manglares dentro y alrededor de la reserva. A pesar de no tener un permiso, rellenó el área con material de cantera, cercó la zona, colocó al menos seis unidades de vivienda móvil en la propiedad y añadió una piscina. Luego nombró la propiedad como Cacique Resort y alquiló las unidades en línea como propiedades vacacionales a corto plazo.

Hernández Claudio laboraba como gerente en el Cacique Resort y fue sentenciado por su papel en el relleno de la propiedad.

Ambos fueron acusados en diciembre de 2023 y se declararon culpables en julio pasado.

Este caso es parte de una investigación en curso sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico. Entre los individuos previamente acusados se encuentran Luis Enrique Rodríguez Sánchez, sentenciado en junio; Awildo Jiménez Mercado, sentenciado el 11 de septiembre; y Pedro Luis Bones Torres, cuya sentencia está programada para el 7 de noviembre.

Los humedales de manglares, como los destruidos por los acusados, son cruciales para la infraestructura local, las economías y los ecosistemas, ya que pueden mitigar los daños por inundaciones y tormentas, reducir la contaminación y proporcionar hábitat a numerosas especies marinas y en peligro de extinción.

La Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos fue designada como reserva en 1981 para proteger los humedales y estudiar los impactos biológicos y sociales del hábitat estuarino, así como para ofrecer oportunidades recreativas y educativas a las comunidades locales. La reserva alberga especies en peligro de extinción como el pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí de las Indias Occidentales.

El Congreso promulgó la Ley de Agua Limpia en 1972 para proteger y mantener la integridad de las aguas de los Estados Unidos. Esta ley prohíbe la descarga de cualquier contaminante y material de relleno en aguas de los Estados Unidos, salvo que se obtenga un permiso de las autoridades competentes.

La División de Investigaciones Criminales de la Agencia de Protección Ambiental y el FBI investigaron el caso con apoyo de la Fuerza de Tareas de Crímenes Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El fiscal superior Patrick M. Duggan, de la Sección de Crímenes Ambientales del Departamento de Justicia, y el fiscal auxiliar Seth A. Erbe, del Distrito de Puerto Rico, están a cargo de la prosecución del caso.