Agarre ahora el salvavidas y colabore con las autoridades o “vamos a darles pon a la cárcel, gratis, en un vehículo oficial del FBI (Negociado Federal de Investigaciones)”. Así de claro y contundente fue el mensaje de las autoridades federales al presentar cargos contra tres personas involucradas en el escándalo de los empleados fantasmas de la Legislatura. 

En una serie de comentarios en que no mostraron disimulo alguno, tanto la jefa de la fiscalía federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, como el director local del FBI, Douglas Leff, llamaron a la colaboración a otros posibles involucrados en los esquemas de corrupción que, aseguran, continúan investigando y probablemente produzcan más arrestos. 

Rodríguez Vélez dijo que este es “el primer caso que radicamos por el uso de los famosos empleados fantasmas”, y agregó que “cuando digo que es el primero, estoy siendo explícita, es el primero de muchos más”.

“Todos sabemos que esto ha sido así por muchos años y es el momento de decir públicamente que basta ya”, recalcó la fiscal. “Esto no es injerencia de nadie en particular, sino de todas las personas que pudieron haber estado envueltas en esto y que abusaron del gobierno de Puerto Rico”, agregó. 

Leff, por su parte, agradeció a las personas que habían colaborado en la investigación y afirmó que “los arrestos de hoy, así como los que seguiremos realizando”, fueron en gran medida gracias a esa “cooperación del público que nos ha facilitado evidencia de esas actividades sospechosas que han observado”, así como de los empresarios que han reportado transacciones sospechosas. 

“La cooperación de algunos de los cómplices en el esquema original, ha sido de gran valor”, agregó Leff, sin entrar en detalles de esa cooperación ni de quiénes la habían ofrecido. “Ellos han reconocido sus errores y han decidido que la mejor manera en la que pueden ayudarse a sí mismos y al pueblo es uniéndose a nosotros”, recalcó.

No obstante, no todos están cooperando y el jefe del FBI advirtió que “hay un grupo de personas que saben bien quiénes son y viven en constante desasosiego, preocupadas porque iremos a arrestarlos”. 

“Respecto a eso, están en lo correcto. Sin dudas, llegaremos por ustedes. Hasta entonces, cada una de sus noches será más y más larga… hasta que se den cuenta que deben llamarnos de inmediato o hasta el momento que toquemos a su puerta”, sentenció.

“Hay otro grupo de personas involucradas: los funcionarios y políticos corruptos. La mayoría de ellos no nos han contactado… ellos son lo peor de lo peor en el campo de corrupción”, manifestó. 

“Si hubiera la posibilidad de que pudieran encontrar la decencia de convertirse, deben ponerse en contacto con nosotros lo antes posible. De lo contrario, con gusto recibirán una gratificación final del gobierno federal. Vamos a darles pon a la cárcel, gratis, totalmente gratis, en el asiento trasero de un vehículo oficial del FBI”, agregó Leff. 

Al ofrecer detalles de los arrestos en el caso de los empleados fantasmas, la fiscal explicó que se habían radicado un total de 18 cargos contra Chrystal Robles Báez, Isoel Sánchez Santiago y Ángel Figueroa Cruz. Este último era el director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, además de fungir como presidente de la Legislatura Municipal de Bayamón.

Los cargos son por conspirar para cometer fraude usando medios electrónicos interestatales; 10 cargos sustantivos de fraude usando medios electrónicos interestatales; hurto de identidad agravado por el uso de información personal de otras personas; y lavado de dinero por el uso de transacciones con el dinero obtenido a través del esquema de fraude. Además, Figueroa Cruz encara un cargo adicional de utilización indebida de propiedad por un representante de una entidad gubernamental que recibe fondos federales, por su rol de aprobar las facturas fraudulentas que presentaban los otros dos acusados por supuestos trabajos que no realizaban.

“Desde el año 2016, hasta junio del 2018, los acusados conspiraron para estafar al gobierno de Puerto Rico por medio de representaciones y promesas falsas y fraudulentas. Por medio de contratos por servicios profesionales los acusados llevaron a cabo su plan de defraudar facturando, aprobando y cobrando por trabajos que no se completaron o que se realizaron en contravención a los términos explícitos de los contratos”, detalló Rodríguez Vélez sobre las acusaciones. 

La fiscal dijo que los acusados habían trabajado para candidatos a puestos políticos electos en las elecciones generales del 2016, y tan pronto como el 1 de enero de 2017, “en vez de celebrar con sus familiares el Año Nuevo, los acusados comenzaron a ejecutar su plan para enriquecerse ilegalmente”, con Robles Báez y Sánchez Santiago incorporando varias compañías para ofrecer servicios de asesoría política y administrativa, talleres, relaciones públicas y consultoría, para la Cámara de Representantes y el Senado. 

“Robles Báez, en más de 15 ocasiones, certificó y solicitó pagos que indicaban que había asistido, o sea que había ido personalmente y trabajado. Y lo hizo en la Oficina de Asuntos Gubernamentales. Pero en realidad en esos días la acusada no asistió ni proveyó los servicios profesionales. Se encontraba en otro lugar”, agregó la fiscal. 

“Robles Báez y Sánchez Santiago utilizaron la información de identificación personal de varias personas, sin conocimiento ni autorización de estas personas, para dar la impresión de que… habrían brindado servicios a las víctimas cuando en realidad nunca se solicitaron ni se brindaron tales servicios”, continuó.

Sobre Figueroa Cruz, la fiscal dijo que “certificó falsamente como correcta la información contenida en las facturas de pago presentadas por Robles Báez… cuando eso no era cierto”. 

Rodríguez Vélez dijo que, como resultado del esquema, en un estimado “sumamente conservador”, los acusados se apropiaron de por lo menos $27,300, aunque aseguró que creen que “es mucho más”. 

 De ser encontrados culpables, los acusados se exponen hasta 20 años de prisión, y además hay una alegación de confiscación de dinero por los $27,300.

Los tres acusados tuvieron ayer en la tarde su vista inicial ante la magistrada Camille Vélez-Rivé, y fueron dejados en libertad bajo fianza, pendientes a la continuación del proceso en su contra.

Se distancia Rivera Schatz 

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo ayer que relevó de sus funciones al director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del cuerpo legislativo.

Rivera Schatz se distanció de las acusaciones graves que pesan contra Figueroa Cruz, cuya oficina está adscrita a la Presidencia del Senado y rechazó que se trate de un caso de empleados fantasmas. 

“Yo no superviso directamente a Ángel Figueroa”, dijo en una conferencia de prensa en el Capitolio, al reaccionar a los arrestos.

“Hay gente que plantea y especula. Aquí no hay ningún empleado fantasma acusado, hay un contratista que cometió un fraude en una factura”, sostuvo el líder senatorial. “Aquí no hay ningún legislador acusado. No han implicado a ninguna figura política”, indicó.

“Es imposible que un jefe de agencia o un legislador, un presidente de un cuerpo legislativo conozca el detalle de lo que hacen cientos de empleados aquí, ellos no nos imputan a nosotros nada, contra nosotros no hay ninguna imputación, ¿te quedó claro?”, dijo Rivera Schatz, quien ripostó de forma punzante algunas de las preguntas de los periodistas. 

Indicó que ordenó una auditoría de todas las dependencias del Senado, incluyendo las oficinas administrativas y las oficinas de los senadores.

Al ser preguntado cómo queda la Asamblea Legislativa ante el pueblo con este nuevo caso de corrupción, Rivera Schatz indicó que “el pueblo evalúa, adjudica y cada cuatro años acude a un evento de votación”.

“Todo eso que ustedes llaman políticos llegaron por votación, el pueblo evalúa correctamente y sabe cuándo es una insinuación, conoce las agendas, tiene claro todo este escenario y nos sometemos al escrutinio tranquilamente”, sostuvo el presidente senatorial.

Entre tanto, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente suspendió a Figueroa Cruz de sus funciones en la asamblea municipal de Bayamón. 

Sobre el arresto, el alcalde Ramón Luis Rivera, hijo, dijo que “quiero aclarar que esta situación no tiene relación alguna con el desempeño que Ángel Figueroa, ha realizado o realiza en la Legislatura Municipal de Bayamón, en donde ha trabajado muy efectivamente y ha mantenido una excelente relación con las minorías. Este caso guarda relación con su trabajo como empleado del Senado de Puerto Rico”.

Nydia Bauzá colaboró en esta historia.