La jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, no descartó este lunes que esa jurisdicción procese a los acusados de la matanza familiar en Guaynabo y que soliciten que el caso se certificado como uno de pena de muerte.

Mientras, el gobernador Alejandro García Padilla reiteró su rechazo a la pena capital y dijo que trataría de persuadir a un jurado en el país de que no condene a nadie a la pena de muerte sino a cadena perpetua.

El gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales ampliaron hoy a todo el país el acuerdo de colaboración que mantienen en torno a la investigación y procesamiento de casos relacionados con delitos de lavado de dinero, crimen organizado, narcotráfico y robos de autos a mano armada (carjackings), entre otros.

El nuevo documento que las partes firmaron hoy, incluye un párrafo para “aclarar y facilitar” la comunicación cuando ambas o una de las jurisdicciones toma jurisdicción primero o la toman paralelamente en casos calificados como “horribles, sumamente importantes y que han calado” en el país.

“Entiendo que ambas jurisdicciones tienen leyes completamente diferentes con relación a la pena de muerte. El señor gobernador y el señor secretario de Justicia tienen derecho a poner en vigor su Constitución, pero en Estados Unidos, es la ley de la nación la que contempla la pena de muerte. Así que cualquier eventualidad es posible. Si es un caso de pena de muerte, va a ser un caso de pena de muerte”, indicó la fiscal federal, quien dijo que el caso se está consultando con el Departamento de Justicia en Washington.

“No es una afrenta al sistema, no vamos a usar fiscales estatales. El mismo acuerdo dice que no se van a usar fiscales estales. Lo que vamos a hacer es poner en vigor la ley, que precisamente para eso estamos las autoridades federales”, agregó Rodríguez.

“Nosotros podemos trabajar juntos y no estar de acuerdo en el 100 por ciento de las cosas. Ellos tienen unas leyes que hacer cumplir y nosotros tenemos una Constitución que nos obliga. Yo no solamente me opongo a la pena de muerte, sino que hago campaña activa en contra de la pena de muerte y procuraría que un jurado puertorriqueño no encuentre a una persona rea (culpable por pena) de muerte. Haría todas las expresiones públicamente posibles para persuadir a esos jurados de que no la encuentren culpable (por pena de muerte), sino que la metan presa toda la vida”, sostuvo el gobernador.

En la jurisdicción estatal, el asesinato en primer grado conlleva la pena de 99 años, sin incluir, las penas de infracción a la Ley de Armas, que son dobles. “La perpetua se cumple cada día”, dijo el secretario de Justicia, César Miranda, quien junto al superintendente de la Policía, José Caldero, suscribieron el acuerdo de colaboración con las agencias federales en el país.

“Por primera vez, todo Puerto Rico es parte de este memorando de entendimiento que contribuye a que el crimen siga reduciéndose”, dijo el gobernador. Sostuvo que como resultado del plan anticrimen de su administración los asesinatos se han reducido en un 30 por ciento en comparación con el 2012.