La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, explicó que el pliego acusatorio contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, usaron su cargo para beneficiar a la empresa BDO a obtener millones de dólares en contratos, y al consultor de esta compñía, Alberto Velázquez Piñol, quien recibió para su beneficio personal cerca de $1,000,000 en comisiones pagadas con fondos federales.

“Es una pena que veamos este tipo de esquema, una vez detrás de otra, hay mucho, mucho por hacer por Puerto Rico. Y estos seis acusados se lucraron, buscaron beneficiarse para seguir con sus beneficios personales y no estaban en una posición de ayudar a Puerto Rico. Este es el tipo de casos que se menciona tantas veces que son fondos federales que da vergüenza”, sentenció Rodríguez durante una conferencia de prensa en la Fiscalía federal en Hato Rey.

“La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los oficiales del gobierno y nuestros ciudadanos. Los acusados Keleher y Ávila Marrero explotaron sus posiciones en el gobierno y fraudulentamente galardonados con contratos financiados con dinero federal”, añadió la jefa de la Fiscalía federal, al destacar que este esquema privó al pueblo de servicios educativos y de salud.

Rodríguez explicó que en pliego acusatorio hay 32 cargos relacionados a contratos ascendentes a unos $15.5 millones. “Los acusados usaron la posición de Keleher y Ávila para enriquecerse ilícitamente y defraudar al gobierno de Estados Unidos”, sostuvo.

Asimismo, se alude en la acusación a un director de campaña a la gobernación, aunque no identifican, y el fiscal José Capó aclaró en la conferencia que hubo varios candidatos a la gobernación en el 2016.

La jefa de la fiscalía explicó cada uno de los tres esquemas, el primero de los cuales fue en Educación, e incluye a otras dos acusadas en el pliego, Glenda Ponce Mendoza, asesora de Keleher, y su hermana Mayra.

Gracias a ese acceso privilegiado, la empresa de la hermana de la asesora de Keleher logró un contrato sin que estuviera capacitada y sin que fuera solicitada por la oficina de asuntos federales en Educación, y que empezó en unos $40,000, luego subió a unos $90,000 e intentó, aunque sin éxito subirlo a $400,000.

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“Keleher presionó para que se le diera el contrato”, sostuvo Rodríguez.

El segundo y tercer esquema implican a BDO y Velázquez Piñol, y surge el tema de como personas ajenas al gobierno recibían de jefes de agencia autoridad para dar órdenes en las dependencias, y que se usaron servicios de mensajería como Telegram. Este sistema ha estado recientemente en el ojo público al revelarse que era un sietam muy usado por altas figuras del gobierno en comunicaciones que incluían insultos y bromas.

En el segundo esquema, Keleher ayudó a Velázquez Piñol de forma directa, incluso tomando fotos a un documento interno y enviárselo al consultor, para obtener contratos.

En el tercer esquema, Ávila “de inmediato buscó a personas que gozaban de la confianza de la nueva administración” y tan pronto como en enero de 2017, recién comenzada la administración, había correos electrónicos de Ávila demostrando el trato preferencial a Velázquez Piñol.

Rodríguez detalló que Velázquez Piñol recibió una comisión de 10% del valor de los contratos en Educación. Dijo que esto representó un pago de $219,059.

Mientras, en ASES el pago que le hizo BDO con fondos federales por sus cabildeos para obtener los contratos $710,000.

Como parte del operativo, se ocupó un apartamento en el edificios Las Olas, en Condado, perteneciente a Vázquez Piñol.