Federales diligencian 62 órdenes de arresto por narcotráfico en Arecibo
Desarticulan poderosa organización que ejercía el control de los puntos de drogas en El Cotto y otros residenciales.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 meses.
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Un total de 62 personas, vinculadas a una peligrosa pandilla que operaba en el área de Arecibo, fueron arrestados esta madrugada por las autoridades federales, luego que un gran jurado emitiera acusaciones contra estos por conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, y la posesión y distribución de las mismas, además de violaciones a la Ley de Armas, informó la Fiscalía Federal.
La investigación que culminó con los arrestos en horas de la madrugada de hoy en los residenciales públicos del área del Cotto y distintos puntos de la región, fue encabezada por el Negociado de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico en Arecibo adscrito a distintos equipos de trabajo conjuntos con las agencias federales (Strike Force) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).El Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Policía Municipal de Bayamón, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Vivienda Pública de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico también colaboraron en la pesquisa.
La Fiscalía federal informó que de acuerdo con la acusación emitida por el gran jurado, desde el 2014 hasta el presente, los acusados formaron parte de una organización dedicada al tráfico de drogas, que distribuyó cocaína, crack, heroína y marihuana, generando ganancias millonarias. También traficaban con medicamentos derivados de opioides como Oxicodona o Percocet, Xanax, Clonazepam o Klonopin, y Tramadol. Todo ello a menos de 1,000 pies de los proyectos de vivienda pública Ramón Marín Solá, Trina Padilla de Sanz, Manuel Zeno Gandía, y Bella Vista (enclavados en El Cotto), y Las Mesetas.
Según la acusación, “los líderes de la organización que opera dentro de los cinco proyectos de vivienda pública que comprenden El Cotto, se reunían regularmente para discutir actividades de narcotráfico y prevenir problemas entre los miembros de la organización. El objetivo de la organización era mantener el control de las actividades de narcotráfico dentro de su territorio mediante el uso de la fuerza, amenazas, violencia e intimidación”, informaron las autoridades federales.
Los acusados, que según sostiene el ministerio público, actuaron en diferentes papeles para promover los objetivos de la conspiración de tráfico de drogas, incluyendo actuar como líderes, ejecutores, corredores, vendedores y facilitadores fueron identificados como:
- Melquisedec Navarro Lorenzo, a.k.a. “Melqui/La M”
- Joel Caraballo López, a.k.a. “Flaqui”
- Luis Amezquita Lorenzo, a.k.a. “Berto/Bethoven”
- Reinaldo Ortiz González, a.k.a. “Chiqui/Compi Rey/Rajao/Viejo”
- Alex Montalvo Novoa, a.k.a. “Alex Chiquito”
- Jonathan Joel Franco Mercado, a.k.a. “Gancho”
- Ivan Acosta Rodríguez, a.k.a. “Luis Ivan Acosta Rodríguez/Luis Ivan Santiago Pérez/Ivan El Negro/Billy The Kid/Wakala”
- Albert De Jesús Schelmety, a.k.a. “Macu/Macuco”
- Renso Marcial Rodríguez
- Josué Cedeño Feliciano, a.k.a. “Camboya”
- César Cardona Mena, a.k.a. “Chivas”
- Lydia M. Pagán Arocho, a.k.a. “Tata”
- Luis Méndez Medina, a.k.a. “Tommy El Gago/Tommy El Loco”
- Jonathan Robles Maldonado, a.k.a. “Paramédico/Jonathan Paramédico”
- Joseph Sanabria Alequin, a.k.a. “Pitbull”
- Yefrain Molina Viruet, a.k.a. “Harry Potter”
- Erick Juarbe Rodríguez, a.k.a. “Erico”
- Ramón Colón Crespo, a.k.a. “Papito”
- Jonathan Feliciano Torres, a.k.a. “Duende”
- Abdiel Yadiel Carrión Rosado, a.k.a. “Gemelo”
- Yadiel Abdiel Carrión Rosado, a.k.a. “Gemelo”
- Emmanuel Pérez Rodríguez, a.k.a. “Manny/Manes/El Duraco Del Castillo”
- Obrian D. Mercado Rivera
- Ashley J. Rodríguez Pérez, a.k.a. “Chal/Char”
- Jimar I. Álvarez Maldonado, a.k.a. “Gordo”
- Jimel J. Ortiz Delgado, a.k.a. “Maiky/La Jota”
- Bryan Medina Herrera, a.k.a. “Bryan Dialysis”
- Rafael Valle Delgado, a.k.a. “Rafa Valle”
- Mitzuel Torres Rivera
- Jan C. Cuevas Correa
- Alexander Serrano Colón, a.k.a. “Calle 13″
- Joselito Rodríguez Álvarez, a.k.a. “Bombili”
- Ángel M. Felix García, a.k.a. “Bully”
- Ángel Cortés Soto, a.k.a. “Ángel el Bizco”
- Evans Y. Herrera Quiñones, a.k.a. “El Enano”
- Luis O. Valentin Rivera, a.k.a. “Luis Paramédico/Paramédico Valentin/Omar”
- Jesús D. Rodríguez Martínez, a.k.a. “Spock/Danny”
- Héctor Y. Rodríguez Miranda, a.k.a. “Negri/Negrito”
- Michael Jordan Lugo, a.k.a. “Jordan/Goldo”
- Kenneth Medina Velázquez, a.k.a. “Kenny”
- Edgardo J. Ríos Santana, a.k.a. “Coco”
- Kelvin Hernández Bonilla, a.k.a. “Yampi/Yapi”
- Carlos Rodríguez Herrera, a.k.a. “Carlitos/Hermano de Brian Dialysis”
- Natanael Franco Mercado, a.k.a. “Nata/Hermano de Gancho/Cirilo”
- Amisael Flores Martínez, a.k.a. “Misa”
- Giovanni Molina Viruet, a.k.a. “Giovannie/Giovanny”
- Alvin Y. Torres Santiago, a.k.a. “Wisin/Yamil”
- Emmanuel Serrano Feliciano, a.k.a. “Nana”
- Brandom L. Díaz Navarro, a.k.a. “Brandon”
- Joshua Vargas Feliciano, a.k.a. “Buda”
- Geovanell Mercado Marrero, a.k.a. “Kiko”
- Jorge Cintrón Cordero, a.k.a. “Ogui”
- Adonis J. Rosado Serrano
- Jonathan Ayala Torres, a.k.a. “Menor/Siete Pestes/Jon”
- José Santiago Quiles, a.k.a. “Ewan”
- Liuzkany Rivera Arroyo, a.k.a. “Kany/Luzkany”
- Adrián M. Lezca
- Kevin X. Pérez Molina, a.k.a. “Chino”
- Jair X. Galarza, a.k.a. “Marciano”
- Shaquilomar Molina Soto, a.k.a. “Shaquille”
- Israel Rivera Rivera, a.k.a. “Gemelo”
- Dexie Marie Narpiel Nieves, a.k.a. “La Flaca/Depsi/Petunia”
Treinta y seis de los acusados antes mencionados también se enfrentan a un cargo de posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas. En caso de condena, todos los acusados están sujetos a una acusación de decomiso de estupefacientes de 72,868.600 dólares.
El Fiscal Federal Adjunto y Jefe de la Sección de Bandas, Alberto López Rocafort; la Jefa Adjunta de la Sección de Bandas, Teresa Zapata Valladares; y los fiscales Pedro R. Casablanca y R. Vance Eaton, están a cargo del caso.
De ser declarados culpables por los cargos de tráfico de drogas, los acusados se enfrentan a una pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua. Una condena por el cargo de armas de fuego conlleva una sentencia mínima obligatoria de cinco años a cadena perpetua, que se cumpliría de manera consecutiva a cualquier sentencia impuesta por los cargos de tráfico de drogas.
En declaraciones escritas, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick B. Garland, elogió la labor de las agencias federales, que además de los arrestos, logró una incautación millonaria de drogas. “Gracias al trabajo de la DEA, la ATF, el FBI, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., y nuestros socios estatales y locales, más de 60 presuntos miembros de pandillas y más de $72 millones en drogas han sido incautados en esta operación”,
“Los residentes de los proyectos de vivienda pública merecen algo mejor que ser aterrorizados por bandas violentas de narcotraficantes, y el Departamento de Justicia será implacable en nuestros esfuerzos por desmantelar las bandas que alimentan la delincuencia violenta y se lucran envenenando nuestras comunidades”, añadió.
“Las detenciones en este caso ponen de relieve la determinación de la Fiscalía General y de sus socios encargados de hacer cumplir la ley para defender el Estado de Derecho y llevar ante la justicia a los delincuentes violentos que amenazan a nuestras comunidades”, manifestó por su parte el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow. “El Departamento de Justicia se mantiene firme en su compromiso de desmantelar las organizaciones criminales, responsabilizar a los miembros de las pandillas y buscar justicia para las víctimas.”
“Las acusaciones de hoy cuentan una historia aterradora sobre la violencia de las pandillas en estas comunidades de vivienda pública”, dijo el director de la ATF, Steven Dettelbach. “Para todos los residentes inocentes que están tratando de criar familias sanas en comunidades seguras, las fuerzas del orden quieren que sepan que estamos aquí para ustedes. Vivir en una vivienda pública no puede, ni debe, significar estar sometido a una atmósfera de violencia armada y tráfico de drogas a su alrededor y al de su familia. La prioridad número uno de la ATF es sacar de las calles a los peores delincuentes: los que aprietan el gatillo y los traficantes de drogas. Cuando bandas rivales se declaran la guerra en las calles de cualquier ciudad, son los transeúntes inocentes los que sufren las mayores consecuencias. Quiero elogiar a todos los agentes de la ATF y a nuestros socios federales y locales que trabajaron incansablemente para hacer de Arecibo y de todo Puerto Rico un lugar más seguro.”
Esta acción judicial forma parte de una investigación del Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). La OCDETF identifica, desarticula y desmantela a los narcotraficantes, blanqueadores de dinero, bandas y organizaciones delictivas transnacionales de más alto nivel que amenazan a Estados Unidos, utilizando un enfoque multiinstitucional dirigido por fiscales e impulsado por servicios de inteligencia que aprovecha las fuerzas de las fuerzas del orden federales, estatales y locales contra las redes delictivas.