Las autoridades federales diligenciaron esta madrugada sobre 20 órdenes de arresto a través de la Isla como parte de una investigación relacionada con la venta y desvío de medicamentos en Puerto Rico.

Según precisó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, el esquema consistió en una conspiración entre propietarios y empleados de farmacias, que desviaban medicamentos y los entregaban a personas fuera que los vendían y distribuían de manera ilegal, poniendo así en peligro la vida de miles de personas.

Los medicamentos, se indicó, estaban “mal etiquetados”, por ejemplo, guardados en bolsas plásticas, y eran transportados a “diferentes sitios” de la Isla en grandes cantidades.

Entre los medicamentos que fueron desviados y vendidos de manera ilegal figuraron Advair, Albuterol, Alphagan, Anoro Ellipta, Arnuity Ellipta, Aspen Dexamfetamine, Atripla, Atrovent, Azopt, Bepreve, Biktarvy, Breo Ellipta, Brilinta, Budesonide, Bumetanide, Byrdureon Pen, Cialis, Chloramphenicol, Collagenase Santyl, Combigan, Ozempic, entre otros.

Los imputados, alega la Fiscalía Federal, generaron ingresos por más de $13 millones a través de este esquema, que se llevó a cabo desde el 2018. Todos enfrentarán procesos de consfiscación de bienes.

Entre los detenidos está el exbaloncelista Orlando “Guayacán” Santiago, confirmó Muldrow.

Los acusados que fueron identificados como propietarios o trabajadores de farmacia, figuran:

- Valerie M. Cintrón-Rivera: copropietaria de Farmacia Monte Verde en Bayamón

- Maria T. Rivera-Fuentes: copropietaria de Farmacia Monte Verde en Bayamón

- Jaime Figueroa-Ramos: propietario de Farmacia Santa Olaya en Bayamón

- Elisa Cruzado-Ramos: farmacéutica de Farmacia Santa Olaya en Bayamón

- Nivia Ríos-Matos: técnica de farmacia de Farmacia Santa Olaya en Bayamón

- Raúl Morera-Llera: copropietario de Farmacia Unity en Aibonito

- Enid M. Rivera-Rosario: copropietaria de Farmacia Unity en Aibonito

- Gerardo A. Romero-Marcano: copropietario de Farmacia San Antonio en Canóvanas

- Sheila Rodríguez-Agosto: copropietaria de Farmacia San Antonio en Canóvanas

- Gabriel A. Rodríguez-Malavé: copropietario de Farmacia Brisas del Mar en Luquillo

- Rosaida Torres: copropietaria de Farmacia Brisas del Mar en Luquillo

Los acusados que fueron identificados como distribuidores y vendedores de medicamentos sin autorización médica, son:

- Alberto Meléndez-Nieves, alias “Bertín”

- Angel L. Santiago-Cruz, alias “Aguacate”

- Eddin Orlando Santiago-Cordero, alias “Guayacán”

- Eric J. Collazo-Rivera, alias “Eric Manía”

- Javier E. Ortiz-Rivera, alias “Tato”

- Holvin E. Avilés-Carmona, alias “Holvin”

- Marlon E. Marino-Leal, alias “Chamo”

- José M. Amalbert-Rohena, alias “Chema”

- Miguel A. Rojas-Reyes, alias “Dr. Hacienda”

- Rosa M. Méndez-González, alias “Puruca”

- Antonio F. Portilla-Arzola, alias “Portilla”

- Reynaldo Guzmán-Martínez, alias “Bebo Canales”

- Moisés O. Heredia-Tineo, alias “Billy”

- José A. González-Maldonado, alias “Potala”

Dos de los 25 acusados, 23 fueron arrestados y otra de las personas se comunicó para entregarse.

“Los acusados se enriquecieron a través de un plan fraudulento que le costó a Medicare y Medicaid más de $7.6 millones. Además, los acusados, con claro desprecio de las necesidades y condiciones médicas de los pacientes, distribuyeron medicamentos sin el procedimiento ni las instrucciones adecuadas sobre cómo administrar dichos medicamentos. La Fiscalía Federal está comprometida con proteger a la comunidad”, dijo Muldrow.

De ser declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 5 años de prisión por conspiración para defraudar a Estados Unidos, hasta 10 años de prisión por conspiración para distribuir medicamentos sin licencia de medicamentos recetados, hasta tres años de prisión por asociación comercial no autorizada y etiquetado engañoso de medicamentos, así como hasta 20 años de prisión por robo, tráfico y venta de productos médicos.

En el operativo colaboran la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal (HHS-OIG, en inglés), así como la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés).