Un hombre, quien se hacía pasar por abogado inmigrante, fue arrestado esta mañana en su casa en el municipio de Carolina por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés).

El imputado fue identificado en conferencia de prensa como Fernando Gallardo Álvarez y está acusado de estafar a cientos de inmigrantes en el proceso de conseguir sus documentos de residencia.

“Estas personas son básicamente inmigrantes que vienen a Puerto Rico para hacer una nueva vida en este país, quieren retener su residencia permanente en Puerto Rico, tener una residencia permanente para permanecer aquí trabajando y cuidando de sus familias. Estas personas llamaban a Fernando Gallardo Álvarez, que se representaba ser un abogado de inmigración que podía ayudarlos”, explicó el fiscal federal, Héctor Ramírez Carbó.

Según se reveló a los medios, Gallardo Álvarez anunciaba sus servicios por LinkedIn y las redes sociales y cobraba entre $1,000 a $6,000 para supuestamente resolver el estatus migratorio de unas 136 reclamaciones desde el 2017 hasta agosto de 2021. Su cuenta de LinkedIn lo cataloga como el presidente de la compañía IM USA, Inc. (Immigration Services).

El imputado orientaba a sus clientes a radicar solicitudes de residencia permanente. Debido a que las víctimas no leían o no hablaban inglés- idioma en los documentos- Gallardo Álvarez se encargaba de llenar formularios I-360, que son específicos para personas víctimas de abuso o violencia de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). El Formulario I-360 es utilizado por cónyuges, hijos y padres maltratados para presentar una petición de visa de inmigrante bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), enmendada por VAWA.

Por cuanto no necesariamente eran víctimas de abuso o violencia, Gallardo Álvarez incluía información falsa de los supuestos agresores y víctimas.

“Cuando esas solicitudes se llenan al servicio de inmigración, automáticamente él radicaba esto como un ‘fee waiver’, es una forma para dispensarle el pago que conllevan estas solicitudes ordinariamente y mientas el trámite estaba bajo investigación, la agencia otorga el ‘waiver’ para el no pago de esto. Él no le representa esto a las víctimas. Él le cobraba ese dinero a las víctimas haciendo la representación de que era el pago por sus servicios y lo que le iba a cobrar la agencia”, explicó Ramírez Carbó.

“Luego de esto, la agencia emite temporeramente un permiso de empleo en lo que estas solicitudes se consideran y se adjudican. Durante ese año, el servicio de inmigración está adjudicando estas peticiones y le está solicitando al señor Gallardo entonces información adicional para corroborar la veracidad de lo aseverando del estatus de víctima y del agresor. El señor Gallardo evadía estas peticiones y esto causaba que, al fin de año, la petición fuera denegada”, agregó al manifestar que, como las víctimas desconocían del trámite fraudulento, volvían a incurrir en sus servicios para recibir otro permiso de trabajo cuando se terminaba el plazo de un año.

Gallardo Álvarez podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 por uso indebido de visas, hasta cinco de uso indebido de número de Seguro Social y una pena de prisión obligatorio de dos años consecutivas por robo de identidad agravada.

“La operación, llamada Falsa Esperanza (en inglés False Hope), va dirigida a, no solo proteger los procesos de inmigración, pero más importante a proteger las víctimas que, con años de sudor y esfuerzo entregaron su confianza y su dinero a Fernando Gallardo con la esperanza de que este resolviera el estatus migratorio de ellos”, indicó la agente especial auxiliar a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional (ICE HSI), Rebecca González, al asegurar que los que denuncian fraudes de esta índole no deberán temer “represalias de migración”.

Por otro lado, su pareja fue arrestada esta mañana por el FBI, por hechos separados. Se trata de Olga Rivera Dávila, quien es acusada de solicitar de manera fraudulenta los beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Gallardo Álvarez también está acusado de solicitar el PUA ilegalmente.

“Olga Rivera está acusada solamente en el caso del PUA. En términos de las pérdidas en el caso del PUA, al menos se han detectado $125,000 emitidos a esta persona. La investigación continúa, estamos seguros que va a ser mucho más”, indicó el fiscal.

La acusación formal señala que Gallardo Álvarez y Rivera Dávila usaron los números de Seguro Social y los nombres de otras personas para obtener los fondos y, luego, alteraron los cheques con sus propios nombres e identificación personal. Entonces, depositaba los cheques falsificados en distintas cuentas bancarias. Asimismo, los demandados también ocultaron las ganancias del esquema de fraude y estructuraron transacciones financieras, se indicó.

“Quiero llevar un mensaje: si alguna persona en la ciudadanía ha tenido interacción con este individuo Fernando Gallardo o su pareja y ha sido víctima de fraude, por favor infórmalo a las autoridades. Quiero lleva un mensaje bien claro: la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico no va a claudicar en sus esfuerzos para investigar y procesar casos de fraude. Aquellos que se aprovechan ce casos de emergencia para cometer fraude desvirtúan el propósito de estos programas e injustamente le hacen mal al nombre de Puerto Rico. Vamos a investigarlos, vamos a procesarlos”, reiteró el fiscal.

Las investigaciones se llevaron a cabo en conjunto con la Policía, el Servicio Postal de los Estados Unidos, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en Puerto Rico, la Oficina del Inspector General del Seguro Social, el apoyo de las entidades estatales y el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

De ser encontrados culpables, los acusados enfrentarían hasta 30 años de prisión por fraude bancario, 20 años por fraude postal y electrónico y un periodo consecutivo de dos años de prisión por robo de identidad agravada.

Las autoridades alertaron a la ciudadanía a reportar esquemas de fraude relacionados con el COVID-19 o cualquier actividad sospechosa al Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) llamando al 1-866-720-5721 o a través del formulario web: https:// www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.