La Fiscalía federal anunció que radicaron cargos contra 11 personas en Puerto Rico, que se alega, utilizaron información de otros para recibir el pago de estímulos económicos otorgados en medio de la pandemia por COVID-19.

Según indicó a través de un comunicado de prensa W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, los 11 imputados actuaron de manera separada, y acudieron a SURI, el sistema que utilizó el Departamento de Hacienda (DH) para distribuir los distintos incentivos económicos que aprobó el Gobierno federal en medio de la pandemia a través de la Ley Cares, para proporcionar datos de terceros y adueñarse del dinero.

Los acusados fueron identificados como:

- Estephany J. Disla, quien se alega se apropió mediante este esquema de $108,800

- Soammy K. Félix-Rivera, que se alega se apropió de $35,200

- Ismarielis Nolberto-Cedaño, que se alega se apropió de $158,800

- Tatiana Segarra-Vázquez, que se alega se apropió de $96,400

- José L. Cruz-Gutiérrez, que se alega se apropió de $77,600

- Altagracia J. Peña, que se alega se apropió de $63,200

- Félix J. Rivera-Álvarez, que se alega se apropió de $70,400

- Karla Y. Colón-Cruz, que se alega se apropió de $63,000

- Yuleydi C. Bautista, que se alega se apropió de $76,600

- Esther J. Peña-Tineo, que se alega se apropió de $62,000

- Gisel E. Dilone-Díaz, que se alega se apropió de $46,600

Todos los acusados, que fueron arrestados hoy por el Buró federal de Investigaciones Criminales (FBI), enfrentan cargos de robo al Gobierno de los Estados Unidos. Algunos de los acusados enfrentan también un cargos por lavado de dinero. No se precisó quiénes.

“El propósito de los incentivos económicos, como los que se brindan a través de CARES ACT, es extender una mano amiga a las personas necesitadas. Cuando los delincuentes desarrollan planes para robar este dinero, perjudican directamente a personas que ya se encuentran en una situación difícil”, dijo Joseph González, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan.

El Departamento de Hacienda colaboró en la pesquisa. Ahora, el fiscal federal adjunto, Víctor O. Acevedo-Hernández, está a cargo del caso.