La directora de Sistemas de Información del municipio de Guaynabo, el director interino de Rescate y un supervisor de Obras Públicas Municipales figuran en la lista de las 16 personas que fueron acusadas este martes por cargos relacionados al fraude electoral en las primarias a representante del distrito por el Partido Nuevo Progresista.

Entre los acusados también figura un agente de la Policía estatal y ocho agentes municipales, incluyendo a un sargento, informó el fiscal Edmanuel Santiago Quiles a su llegada al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

La directora de Sistemas de Información del municipio de Guaynabo fue identificada por el Departamento de Justicia como Carmen Puig. El fiscal aceptó que la mujer es paciente de cáncer.

Este grupo de acusados se allanó a la determinación de causa para arresto ante la jueza Jesica Morales Correa. La vista preliminar se citó para el 19 de junio próximo en la sala 403 del Tribunal de Bayamón.

En comunicado de prensa, Justicia indicó que, además de Puig, también se acusó a Rafael A. Álamo Sierra (supervisor de Obras Públicas), Manuel A. Viera Suárez (director interino de Rescate), Mirelys V. Álamo Cotto (secretaria del director de Obras Públicas), Ángel L. Ortiz Torres (empleado de Servicios Administrativos), Robin García Cruz (empleado de Recreación y Deportes), y Melba A. Ríos Pérez (nutricionista del Programa Head Start).

Otros de los acusados son los policías municipales Pedro A. Vega Gracia, Sergio Rivera Pérez, Daniel Cumba Aponte, Carlos J. Garriga Matos, Juan A. Rivera Rivera, José A. Laguna Pérez, Yenetamie Díaz Zayas y John W. Sánchez Morales. Completan el listado el policía estatal Carlos A. Vázquez Santos, quien fue desarmado tras la acusación, y el ex policía municipal Miguel A. Berríos Rodríguez.

A su salida del Tribunal, el supervisor de Obras Públicas declinó hacer comentarios a este diario.

"Hable con mi abogada", se limitó a decir.

Por otro lado, otras tres personas también iban a ser acusados hoy en este segundo grupo de radicaciones de cargos por el fraude electoral, según el fiscal. Sin embargo, no pudieron radicarle cargos ya que dos se mudaron a los Estados Unidos y otra tuvo un accidente.

El fiscal informó, además, que a los empleados municipales se les acusó de perjurio, archivo de documentos falsos, falsedad ideológica y apropiación ilegal de identidad. De este último cargo, solo serán acusados algunos de los empleados.

Explicó que estos delitos son graves de cuarto grado, lo que implicaría una pena de seis meses y un día o hasta 3 años de prisión, de ser encontrados culpables.

"La alegación que tiene el ministerio público son transferencias ilegales, transferencias a domicilios que no le correspondían", sostuvo Santiago Quiles.

Por su parte, una de las abogadas del grupo, Ana Quintero, informó que los empleados municipales se allanaron a la determinación de causa para arresto. Explicó que pagaron $1,000 de fianza por cada cargo a través de varios fiadores y que todo el proceso se acordó con los fiscales.

La letrada sostuvo que en la vista preliminar presentarán una moción para pedir la desestimación de los cargos bajo los mismos alegatos que están esbozados en el primer grupo de acusados del pasado mes de abril. Ese grupo fue de 29 personas.

"Ya nosotros tenemos un planteamiento de falta de jurisdicción del Tribunal en los casos", sostuvo, al reiterar que se debieron haber radicado los cargos por violación al Código Electoral y no por violación al Código Penal.

El fraude electoral en Guaynabo consistió en que empleados de confianza del alcalde Héctor O'Neill y policías municipales mintieron a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre su lugar de residencia para votar en primarias a favor del hoy representante penepé Antonio “Tony” Soto. Soto era el favorito de O'Neill en la primaria contra Ángel Pérez, a quien O'Neill le había declarado la guerra públicamente. El escándalo fue revelado por una pesquisa periodística de El Nuevo Día el 1 de mayo del año 2012.

Por otro lado, el fiscal Santiago Quiles indicó que próximamente bajarán más acusaciones contra empleados municipales. Dijo que se estima que un total de 90 personas sean investigadas y posiblemente juzgadas por este caso.

“Tal y como habíamos anticipado, el Departamento de Justicia continúa trabajando activamente para garantizarle al pueblo puertorriqueño que tendremos cero tolerancia ante el fraude electoral. Durante el día de hoy, fiscales de nuestra División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor han presentado acusaciones contra otro grupo de policías municipales y empleados del municipio de Guaynabo. Mientras este proceso continúa, trabajamos concurrentemente en otras investigaciones sobre posibles actos criminales asociados a eventos electorales. No descansaremos hasta llevar a los tribunales a todo aquel que haya intentado alterar el resultado de un proceso eleccionario, independientemente de su afiliación política”, sostuvo el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances.