Seis personas fueron acusadas por un gran jurado federal tras presuntamente participar en un esquema fraudulento multimillonario para obtener fondos bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act.

Según especificó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, los imputados hicieron 272 solicitudes de préstamos a partir de abril de 2020, que sumó en más de $9,020,590.33 en desembolsos de préstamos de Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), cuyas funciones eran para alivios de los efectos del COVID-19.

“Este caso demuestra el descaro con que los acusados tomaron ventaja de los programas federales que tenían como fin ayudar a las empresas afectadas severamente por la pandemia del COVID-19″, indicó.

Los seis acusados fueron identificados como:

Agosto se entregará a las autoridades esta tarde, mientras que el único prófugo es Manfred, quien fue el principal organizador del esquema y quien más se benefició de ambos préstamos, pues en total se le desembolsaron 11. El préstamo de PPP de mayor cantidad que recibió Manfred fue de $150,000, mientras que el de EIDL de mayor cantidad fue de $149,412.

“Los acusados en esta acusación no nada más robaron del gobierno federal, pero le robaron (a) toda la población. Hay mucha gente, empresarios, que no han podido recibir fondos para que sus empresas sobrevivan la crisis del COVID-19. Cuando se robaron estos fondos del gobierno, sin tener los requisitos de poder recibir los fondos, afectaron a todos y a los Estados Unidos”, aseguró James Martínez, el agente especial adjunto a cargo de la Oficina del Inspector General de SBA.

Detalles del esquema

Bajo el liderato de Manfred, Rudolpho abusaba de su posición en una institución bancaria donde era empleado para gestionar las solicitudes fatulas y asegurar su aprobación.

Augusto, por su parte, asistía en la preparación de la documentación fraudulenta, que incluía documentos ficticios de impuestos, así como nóminas, récords de banco e identificaciones falsas. El éxito de este crimen se debió, mayormente, a la posición de Rodolpho en el banco, pues era el responsable de procesar las solicitudes al SBA a través de los sistemas de la institución financiera. Además, abría nuevas cuentas de banco para facilitar los depósitos. Así, se desembolsaron $3,105,300 a través de préstamos EIDL y $5,915,290.33 de 223 préstamos PPP.

Mientras, Jonatan Ben David entregaba los pagos de soborno, o “kickbacks”, los cuales disfrazaba como si fueran pagos de nómina. Era Ligia María, la madre de Manfred, quien recibía estos pagos y se los traspasaba a los coconspiradores del esquema. Carlos Manfred es señalado de gozar de estos fondos.

“¿Cómo era el esquema? Los acusados y coconspiradores reclutaron a otros para obtener préstamos EIDL y PPP utilizando representaciones falsas y bajo falsos pretextos. Los acusados y conspiradores obtuvieron la información personal de otros para usar esa información para solicitar los préstamos. Ellos hicieron representaciones falsas en las solicitudes. Por ejemplo, los ingresos de 2019, la cantidad de empleados, los salarios pagados, las representaciones falsas de que los fondos se usarían para usos permitidos”, explicó Muldrow al especificar que los federales comenzaron a investigar este caso a partir del 2021.

“También, ellos utilizaron los fondos de los préstamos EIDL y PPP de manera fraudulenta para participar en transacciones financieras diseñadas para crear la apariencia de ser casos comerciales de buena fe, incluidos los gastos de nómina”, añadió.

En total, los imputados enfrentan 21 cargos. Los seis enfrentan cargos por fraude electrónico y por conspirar para cometer lavado de dinero. Sin embargo, se acusa a todos salvo a Carlos Manfredo de conspirar para cometer fraude electrónico.

De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 30 años de prisión por fraude electrónico y hasta 20 para lavado de dinero.

Son muchos más

Para lograr esto, el esquema no se limitó a los seis acusados, sino que las agencias investigadoras tienen en la mira a cerca de 150 personas que aparentemente participaron y se beneficiaron de los fondos obtenidos ilegalmente. En la acusación, fueron identificados únicamente por los iniciales de sus nombres.

“La acusación incluye a personas que de manera fraudulenta recibieron esos préstamos y esa gente, cuyas iniciales están reflejadas ahí, son objetos de investigación, sí. Puede haber más personas también involucrados con el reclutamiento a terceros al esquema. Hay distintos niveles de personas involucradas: reclutadores, así como los individuos que recibieron los préstamos”, detalló Muldrow a Primera Hora.

Además de las personas nombradas en la acusación investigados por someter aplicaciones falsas electrónicamente a través del portal del SBA para beneficiarse del préstamo EIDL, se incluyeron las iniciales: J.M., O.S., M.R., A.B., G.C., R.S.R., R.S., F.R., J.S., J.M., H.S.O., S.M., K.B., J.P., A.B., V.B., G.V., B.B., G.R., R.G. y B.V.

Asimismo, las iniciales en la acusación de aquellos que recibieron préstamos PPP de manera fraudulenta son: J.F.C.J., O.O.S.R., J.C.C.M., J.M.R.C., N.T.C. F.R.N., A.C.H., J.C.Z., M.C., E.L.G., G.R.D., R.G.R., W.V.R., A.B.B., E.M.C., B.B., R.S.R., C.N.C., Y.M.V., J.R.M., J.C.D., V.G.B., A.M., P.A.N., K.B.M., H.H.T., C.C.S., J.S., V.B.M., Y.P.M., J.E.P., O.S.R., J.R.C., A.C.H., A.M.B., J.P.R., R.B.D.T., J.O.C., L.P., M.M.C., E.D.D., J.C., E.I.I., H.M.O., J.S.S., N.N.S., C.C.S. J.C.D., R.G.C., J.R.M., I.D., G.R.R., R.M., C.P.G. G.V.H., C.P., M.R.R., J.S., A.D.R., E.J.O., J.L.S., E.P., J.C.J., S.V.E., Y.D.P., R.G.R., G.C.R., J.M., D.R., J.D., C.S.V., S.R., I.R., C.M., R.S.M., E.L.R., W.C., H.S., G.R.D., K.D.L.D., W.V., C.G.M., E.M.R., H.S.O, K.V.T., D.R.R., R.R.M., M.C., C.N.F., I.N., R.S.G., W.R.F., R.S., Y.M., O.N.A., K.B., J.H., J.R., P.L.S., V.B.M.,M.O.G., K.A.C., L.C.R., B.O.G., A.D., J.S.L., S.L.P., V.V.M., K.A.O., A.F.M., L.C.P., L.G.B., D.T.P., R.P.B., V.R.D.J., R.C.S., R.L.A., F.C.S., J.M., W.R.S., C.A., G.R.A., G.H.C., L.R.S., M.A.G., O.R.N., T.M.M., L.L., J.V.D.J., R.B.D.T., N.N.S., M.M.C., T.C.S., H.M.O., A.P., E.I.I., A.M.B., N.S., A.D., J.L.S., J.P.R., L.P., Y.R.H., .R.D., L.R.D.J., Y.M.S., H.H.T., C.P.G., T.L., J.M., N.R., N.B., A.G.C., M.P.M., M.V.R., D.R., A.R., N.A.Q., R.M.G., K.S.B., S.R., E.R.T., J.O.C., F.L.V., M.P.P., M.N.A., R.F., J.M.S., J.R.M., J.G.L., I.A.P., G.V.H., S.M.A., C.R.R., G.R., R.T.D.L., L.B.D., R.G., E.D.D., J.G., S.V.E., J.M.A., O.L.C., E.P. y J.V.

A estas personas, Muldrow los instó a hacer el primer acercamiento para confesarse, “antes de que nuestros agentes vayan a su casa y le toquen la puerta.

“Estarías mejor si llegas a nosotros que si nosotros vamos a ustedes”, repitió a este diario al indicar que “si usted es una de las personas que aparece en la acusación por sus iniciales que recibió uno de estos préstamos, por favor llamar al Servicio Secreto en San Juan al 787-277-1515″ o se comuniquen a la Oficina del SBA 1-800-767-0385 u 866-720-5721.

¿Y el banco?

Más allá de asegurar que es “un banco aquí en Puerto Rico”, el fiscal federal no especificó el nombre del banco mencionado en la acusación, el cual es descrito en el documento como “Banco 1″. No obstante, aseguró que la participación de la institución en el esquema, si alguna, está bajo la lupa federal, por lo que podría ser susceptible a sanciones civiles o criminales por no implementar efectivamente tácticas contra el fraude, que pudiese haber detenido las transacciones.

Entretanto, los Estados Unidos confiscó aproximadamente $848,957.96 del banco provenientes en ganancias de este esquema, dinero que actualmente está sujeto a decomiso.

“Estamos investigando si alguna acción podría ser apropiada para la institución financiera que procesó los préstamos”, comentó a respuesta de los medios de comunicación.

El CARES Act fue una ley federal activada luego del comienzo de la pandemia en marzo de 2020 que facilitaba fondos federales para subsanar los efectos que provocó el coronavirus en todos los sectores económicos. Entre los programas de la ley y a través de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SB, en inglés), estaba el programa EIDL que proveía préstamos para empresas específicamente afectadas por el COVID-19 y que estuvieran en operación previo a febrero de 2020. Por ende, estos préstamos se emitían con el propósito de pagar deudas fijas, nóminas, cuentas y otras facturas que podrían haberse pagado si no hubiera ocurrido el COVID-19. Mientras, el PPP era otro préstamo para pequeñas empresas para la conservación del empleo y ciertos otros gastos. Para cualificar, se le requería al negocio proveer sus gastos mensuales promedios de nómina y la cantidad de nómina, entre otros requerimientos.