Las autoridades federales acusaron hoy a un total de trece profesionales de la salud en Puerto Rico un esquema de fraude médico en Estados Unidos que provocó pérdidas de $1,300 millones en el campo de la salud.

Los acusados son doctores, enfermeros y farmacéuticos.

Los 13 imputados en la Isla son parte de un enorme grupo de 412 que fueron acusadas a nivel de Estados Unidos por del Departamento de Justicia Federal por supuestamente participar la facturación falsa de diversos servicios del cuidado de la salud, así como la prescripción ilegal de analgésicos con altos índices de adicción entre los estadounidenses.

El fiscal general del Departamento de Justicia Federal, Jeff Sessions dijo en declaraciones escritas que "Demasiados profesionales médicos, enfermeras y farmacéuticos han optado por violar sus juramentos éticos y anteponer la codicia a sus pacientes. Sorprendentemente, algunos han convertido sus centros médicos en empresas multimillonarias".

Sessions agregó que los acusados pedían tratamiento médico que no era necesario bajo la sombrilla financiera de tres planes de salud que son administrados por el gobierno federal: el Medicare, que está destinado a personas mayores de 65 años, el Medicaid, dirigido a aquellos con bajos ingresos y el "Tricare" para los veteranos de guerra.

En el caso de Puerto Rico, la jefa interina de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, detalló que radicaron cargos criminales contra las 13 personas por seis acusaciones separadas.

Entre los acusados hay tres doctores y dos farmacéuticos, a quienes se les imputa cuatro esquemas de desviación de drogas, fraude al Medicaid y el robo de fondos de un programa de atención médica.

 Los acusados fueron identificados como Miguel Hernández Márquez, propietario de farmacia Condado Moderno en Caguas; Guillermo Tirado Menéndez, médico especializado en medicina interna con oficinas ubicadas en Caguas y Cidra; Gilberto Figueroa Trinidad; la enfermera Rebecca Sierra López; el farmacéutico William Vélez Montes; y la farmacéutica Myrna Nevares Sobrino. 

Según Rodríguez, los imputados, supuestamente, participaron en una conspiración para fabricar, distribuir y dispensar, fuera del ámbito de la práctica profesional y no con fines médicos legales, al menos 70,000 unidades de Oxycodone, Percocet, y cerca de 40,000 unidades de Alprazolam, conocido como Xanax.

En una acusación separada, se indicó que Hernández Márquez; Figueroa Trinidad; Vélez Montes; Nevares Sobrino; Luis Vélez Quiñones, un médico especializado con oficina en Guánica;  y Laura López Rolón, fueron imputados por conspirar para fabricar, distribuir y dispensar - fuera del ámbito de la práctica profesional y no de un propósito médico legal, 77,000 unidades de Oxycodone, 47,000 unidades de Alprazolam, y al menos 40,000 unidades de Tramadol.

Una tercera acusación incluye a Ivette Caraballo Pérez y Steven Velázquez Pérez por conspirar para poseer, con la intención de distribuir, Oxycodone. 

La lista de acusados incluye también a José Vega Emmanuelli, un solicitante de registro de la Administración Federal Antidrogas (DEA, en inglés), a quien se le imputa la intención de dispensar Oxycodone y Alprazolam, y a Luz De Alba Quezada De Jesús, una empleada del Servicio Postal. A esta mujer se le radicaron cargos por fraude en el cuidado de la salud y por dar declaraciones falsas relacionadas con asuntos de salud.

Según la Fiscalía Federal, Quezada-De Jesús certificó que estaba desempleada para recibir los beneficios de Medicaid, también conocido como Mi Salud.

Otros de los acusados es Yalixa Flores Fuentes, una empleada de MMM Healthcare, a quien se le imputa cometer fraude bancario, robo de identidad agravado y malversación de fondos.

“Los arrestos conducidos en Puerto Rico el pasado lunes como parte del operativo nacional arrojaron luz a las comunidades en la isla de que la DEA, otras agencias federales y agencias estatales apuntarán a cualquier tipo de actividad ilícita de narcotráfico que amenace a nuestras comunidades”, comentó el agente especial de la DEA, Matthew Donahue.

“La adicción a los opioides es una situación en Estados Unidos que se ha convertido en una crisis nacional y por esta razón estamos trabajando duro y de manera proactiva para mantener nuestros vecindarios y comunidades a salvo y para proteger las vidas de nuestros ciudadanos”, enfatizó.

De los 412 acusados, el Departamento de Salud federal sancionó a 295, incluidos doctores, enfermeras y farmacéuticos, y les prohibió participar en cualquiera de los programas de salud que el gobierno subvenciona para ayudar a personas con bajos ingresos o avanzada edad.