Un gran jurado federal halló causa para arresto contra el pastor Emmanuel Morales-Hernández, residente de Lares de 29 años, por coerción, seducir a un menor de edad e intentar recibir material de explotación infantil.

Según los documentos judiciales, alrededor de noviembre y diciembre de 2021, Morales-Hernández, que era un conocido líder religioso en los municipios de Lares y Utuado, utilizó su posición de confianza pública para persuadir, inducir, seducir y coacciona a un menor de 16 años para que participara en actividades sexuales. El líder religioso fue detenido en su residencia sin incidentes.

Según el fiscal federal W. Stephen Muldrow, el arresto del sujeto se produce de una pesquisa llevada a cabo por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), con la ayuda de la Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“El acusado utilizó su posición de confianza en su comunidad para aprovecharse de un menor, convirtiéndolo en víctima de explotación infantil”, dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.

“Si usted es una víctima o sabe de otra víctima de este individuo, por favor acérquese; póngase en contacto con las autoridades para que podamos protegerlo a usted y a otros de estos crímenes. Queremos que la comunidad sepa que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, junto con nuestros socios federales, estatales y locales, están comprometidos a proteger a los niños de estos criminales,” agregó.

Por su parte, el agente especial a cargo de HSI San Juan, Iván J. Arvelo, sostuvo que la explotación sexual de menores, “en todas sus formas, es un delito despreciable y muy grave”

“HSI investigará ferozmente estos delitos para identificar al presunto autor, arrestarlo y obtener pruebas sólidas que prevalezcan en los tribunales”, afirmó. “Continuaremos trabajando con nuestros socios locales y federales y utilizando todos los recursos disponibles y las sólidas autoridades de investigación para identificarlo, arrestarlo y procesarlo”.

Morales-Hernández tuvo su audiencia inicial ante el juez federal Bruce McGiverin el 24 de marzo. Fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo en espera del resultado de su caso.

Si es declarado culpable, Morales-Hernández se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión por el cargo de incitación y coerción, y a una pena mínima obligatoria de cinco años por el intento de recibir material de explotación infantil.

Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.

La Fiscal Adjunta de los Estados Unidos Jenifer Hernández-Vega, Jefa de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del procesamiento de este caso.