Federales acusan a cuatro personas por presunto esquema para borrar multas en los Cesco
Dos imputadas eran empleadas del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 meses.
PUBLICIDAD
Las autoridades federales acusaron a cuatro personas vinculadas a un presunto esquema para borrar multas en los Centros del Servicios al Conductor (Cesco), del Departamento de Transportación y Obras Públicas, entre otros trámites fraudulentos, informó hoy la Fiscalía federal mediante comunicado de prensa.
Juan Carlos Cruz Hernández, Verónica Forte Roig, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario figuran en la acusación que los imputa de participar en una conspiración y plan de soborno y fraude electrónico para defraudar a la agencia. Tres de ellos fueron detenidos este jueves mientras que Báez Flores está pendiente de arresto.
Báez Flores y Figueroa Rosario eran empleadas de los Cesco ubicados en Caguas y Carolina, por lo que tenían acceso a la información de los conductores y sus vehículos y, entre otras cosas, poseían la capacidad de eliminar multas.
Relacionadas
La Fiscalía alega que desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2023, Báez Flores recibió más de $62,000 en pagos de sobornos por parte de Cruz Hernández y Forte Roig.
También se alega que desde abril de 2019 hasta junio de 2023, Figueroa Rosario recibió más de $7,000 en pagos de sobornos por parte de Cruz Hernández y Forte Roig. Muchos de estos pagos de sobornos se realizaron directamente a Báez Flores y Figueroa Rosario a través de ATH-Móvil, indicó la Fiscalía.
De igual manera, con los presuntos pagos de sobornos negociaron otros trámites, como acceder a datos y obtener documentación duplicada.
Los imputados podrían enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión por conspiración, una pena máxima de 10 años de prisión por soborno y una pena máxima de 20 años de prisión por fraude.
La pesquisa estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. La fiscal federal Marie Christine Amy está a cargo del caso.