El Negociado Federal de Investigaciones Criminales (FBI, en inglés) diligenció esta mañana unas 32 órdenes de arresto relacionadas a un alegado esquema de fraude al Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), la ayuda económica para subsanar los gastos de muchos trabajadores que perdieron su empleo a causa de la pandemia.

Según confirmó a Primera Hora Limary Cruz, portavoz del FBI en Puerto Rico, las órdenes de arresto se ejecutaron en su mayoría en la zona metropolitana. Algunas otras se ejecutaron fuera de la Isla.

La ayuda económica del PUA comenzó como medida para subsanar los gastos de muchos trabajadores que perdieron su empleo a causa de la pandemia en 2020. Las autoridades federales alegan que los imputados se apropiaron de $981,071 en fondos federales a través del esquema mediante el cual solicitaron y recibieron los fondos aunque sabían que no cumplían los requisitos, según declaraciones de W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Las acusaciones formales implican a estos 32 individuos en: de robo de propiedad de los Estados Unidos, fraude postal y uso indebido de números de Seguro Social.

Los acusados, son:

• Alexander Hernández-Casanova (se alega que se apropió de $21,576)
• Héctor Javier Fernández-Porrata (se alega que se apropió de $40,488)
• José Emanuel Serrano (se alega que se apropió de $30,564)
• José Manuel Salinas-Bermúdez (se alega que se apropió de $18,180)
• Kenny A. Cruz-Chévere (se alega que se apropió de $49,476)
• Luis Felipe Cesani-Cintrón (se alega que se apropió de $66,390)
• Michael Martínez-Torres (se alega que se apropió de $21,444)
• Juan José Reyes-Hernaiz (se alega que se apropió de $35,022)
• Neyscha Lee Font-Fontanez (se alega que se apropió de $22,908)
• Christopher J. Mercedes-Sánchez (se alega que se apropió de$30,168)
• Taylor Bryan Rentas-Día (se alega que se apropió de $22,374)
• Danny Olmo-Quiñones (se alega que se apropió de $22,440)
• Francisco J. Carrillo-Hernaiz (se alega que se apropió de $43,152)
• Julio Omar Rodríguez-Algarín (se alega que se apropió de $31,632)
• Alexander Barbosa-Concepción (se alega que se apropió de $23,304)
• Bryan Omar De Jesús-Pizarro (se alega que se apropió de $53,636)
• Bryan De Jesús-Acevedo (se alega que se apropió de $17,580)
• Carlos Alberto Batista-Serrano (se alega que se apropió de $53,070)
• Fabián Abdiel García-Concepción (se alega que se apropió de $22,440)
• Dianelys Ailysh Torres-Pizarro (se alega que se apropió de $34,692)
• Jamisael Jiménez-Pérez (se alega que se apropió de $30,366)
• Jerry Isaías Medina-Hernández (se alega que se apropió de $20,112)
• Jesús Manuel Crespo-Rivera (se alega que se apropió de $31,830)
• Glendaly Rivera-Torres (se alega que se apropió de $21,708)
• Joumar Vale-Sauri (se alega que se apropió de $33,069)
• Kelvin A. Fermaint-Hernández (se alega que se apropió de $22,374)
• Kenneth Javier Escalera-Paris (se alega que se apropió de $17,910)
• Manuel Salinas-Bermudez (se alega que se apropió de $40,086)
• Rodney Eiram Rodríguez-Rivera (se alega que se apropió de $20,112)
• Yoanelys Vázquez-González (se alega que se apropió de $32,430)
• Eluzay De Jesús-Acevedo (se alega que se apropió de $17,376)
• Luis Angel Crespo-Rivera (se alega que se apropió de $33,162)

“Continuaremos responsabilizando a quienes buscan explotar la pandemia para beneficio personal, proteger a las poblaciones vulnerables y salvaguardar la integridad de los programas financiados por los contribuyentes”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.

Mientras, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Puerto Rico, Joseph González, recomendó a quienes estén relacionados a este tipo de esquemas, que acudan a las autoridades.

“A aquellos que han participado en estos actos fraudulentos, les recomiendo encarecidamente que se presenten y cooperen con las autoridades antes de que tomemos medidas contra ustedes”, precisó.

El fiscal federal adjunto Scott Anderson está a cargo del procesamiento de estos casos.

Si son imputados son declarados culpables, se exponen a enfrentar las siguientes sentencias: hasta 20 años de prisión por fraude postal; hasta 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno; hasta 5 años de prisión por uso indebido de un número de Seguro Social; una multa de hasta $250,000; y tres años de libertad supervisada.

El PUA, aprobado por el Congreso de Estados Unidos en marzo de 2020, permitió acceso a beneficios por desempleo a sectores de la población que no calificaban bajo los programas ordinarios de cada jurisdicción.

Según indicó en aquel entonces el secretario del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera, unas 73,000 personas recibían el PUA en Puerto Rico, a lo que hay que sumar otras 57,000 que participaban de otros programas de desempleo.