Las tres escuadras del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que se dedican a investigar casos de corrupción pública en la rama judicial, ejecutiva y legislativa y en la Policía de Puerto Rico están "activos" con "múltiples investigaciones que están realizando a la vez".

Así lo aseguró el director del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, en entrevista con este diario relacionado a las expresiones que hizo el Superintendente de la Policía, José Caldero, y otras personas relacionadas a la Uniformada la semana pasada en relación a una investigación que podría producir que, al menos, 50 oficiales de la Policía sean arrestados por casos de corrupción.

"Tenemos tres escuadras permanentes con sus supervisores con múltiples investigaciones que están realizando a la vez. (En cuanto a la Policía), hay varias investigaciones corriendo que han sido referidas por la Policía o por el monitor federal (Arnaldo Claudio) o querellas particulares", indicó Cases.

Al preguntarle cuántos policías serían arrestados y cuándo, respondió: "No puedo contestar esa pregunta".

Recordó que están cooperando con la Policía en la investigación del asesinato del agente Miguel Pérez Ríos, ocurrida el 7 de septiembre pasado en una gasolinera de la avenida Alejandrino, en Guaynabo. Dijo que de surgir un ángulo que le competa al FBI, tomarían acción, pero que los cargos por asesinatos recaen a nivel estatal.

En cuanto a la posibilidad de que los asesinos en este caso fuesen agentes del orden público o con entrenamiento de armas de fuego, como se ha dicho, opinó que "eso es especulativo".

"No es el asesinato típico de disparos a lo loco. Tienen algún grado de conocimiento. Pero de eso a decir que tienen entrenamiento formal, sería especulativo", manifestó.

Bien ocupados en casos de corrupción 

El grupo que trabaja con investigaciones de corrupción judicial está "bien activo", según adelantó Cases. Mas aclaró que las pesquisas en dicha rama gubernamental son "más complejas y toman más tiempo".

"Nos llegan querellas contra jueces, alguaciles, abogados, fiscales, personal clerical. Pero la mayoría no llegan a violaciones criminales. Son más bien quejas, porque no recibieron un trato justo y vienen, pero nosotros no estamos aquí para fiscalizar el desempeño de los jueces, sea bueno, malo o indiferente. Lo que velamos es que no cometan delitos federales. Hay que verlos y evaluarlos", aclaró Cases.

La escuadra de la rama ejecutiva y legislativa ha estado ocupado con "varias investigaciones importantes, de impacto", entre ellas, el recién operativo llamado "Bad Grades" o "Malas notas", cuando acusaron a más de 30 empleados de la compañía de tutorías de Rocket Learning por un esquema de fraude para retener fondos federales por servicios no rendidos.

"La investigación está en proceso. Esa fue la primera fase. Ahora entramos en la próxima fase que, tan pronto esté lista, la sacamos. Tiene muchas fases, porque es una investigación bien abarcadora. Se ocupó mucha evidencia. Se supo que realizamos 15 o 16 allanamientos en distintas compañías. Será una fase por cada una de las compañías. Pero el hecho de que se hizo un allanamiento, no quiere decir necesariamente que se emitirá una acusación a nivel federal. Por eso, los allanamientos no se avisan, porque es una etapa investigativa, preliminar, y les asiste su presunción de inocencia", explicó Cases.

"Donde obtengamos violaciones de delitos federales, someteremos los casos correspondientes", agregó.

En la conferencia de prensa de hace dos semanas cuando se arrestó a los empleados de Rocket Learning, Cases indicó que el Departamento de Educación falla en el área de supervisión por ser un "monstruo burocrático". Explicó que el manejo de fondos federales es "altamente técnico" con muchos requisitos y controles.

"Lamentablemente, cada cuatro años viene personal nuevo sin experiencia a bregar con esos asuntos. No es un problema de la presente administración, es de siempre, y es culpa del sistema y de las personas a cargo que permiten que esto suceda. Cada cuatro años pasa lo mismo. Deberían ser personal de carrera y no echarlos a un lado y traer batatas políticas que no saben cómo funciona el sistema. El jefe de agencia puede cambiar, pero el personal no cambia. Sigue haciendo el trabajo", expresó.

Destacó que de las 56 oficinas del FBI que hay a nivel nacional, San Juan es la única con tres escuadras dedicadas solamente a casos de corrupción pública. Aunque reconoció que la corrupción "es un mal social en Estados Unidos y en el mundo", destacó que en Puerto Rico se crearon "porque hay mucho trabajo".

Al repasar algunas de este año pasado, recordó que se logró la convicción por corrupción del primer juez estatal, Manuel Acevedo Hernández, los arrestos de los centros de tutorías y el operativo "Cantazo azul" el año pasado, cuando acusaron a 16 policías por violar la Ley RICO de crimen organizado.