El jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph González, una vez más lanzó una advertencia a los corruptos en la Isla tras la acusación de dos mujeres y la empresa VIP Healthcare Solutions, por despilfarrar millones de dólares de contratos otorgados por el municipio de Cataño a cambio de administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Job Andújar.

“Durante el curso regular de una investigación, el FBI brinda a las personas involucradas en actividades delictivas numerosas oportunidades para hacer lo correcto. Tal fue el caso de estos dos sujetos”, manifestó González en un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía federal este jueves.

“El mensaje del FBI ha sido claro desde el primer día. Ven a nosotros antes de que lleguemos a ti. Estamos comprometidos a investigar cada violación hasta su última consecuencia”, advirtió.

El caso contra la presidenta de VIP Healthcare, Ivelisse Rivera Padilla, así como Carla Carrillo Torres y la propia compañía es una continuación de la investigación que involucra contratos municipales adjudicados en el municipio de Cataño, y que ha resultado en la condena de contratistas y funcionarios públicos, como el exalcalde Félix “El Cano” Delgado Montalvo, Oscar Santamaría Torres, Raymond Rodríguez, Pedro Marrero Miranda, Mario Villegas Vargas y José Bou Santiago.

Entre otras cosas, se alega que el contrato entre VIP Healthcare y Cataño otorgó $1,134,000 pagados en cuotas mensuales de $189,000. Entre 2017 y 2022 se ejecutaron contratos adicionales por una cantidad superior a $9,000,000. Se alega que Rivera Padilla usó más de $1,000,000 de estos ingresos para su beneficio personal, sin revelar dichos ingresos durante un proceso de bancarrota.

La acusación también alega que Rivera Padilla ocultó la compra de un apartamento por $270,000 ubicado en el condominio Golf y Playa en Cabo Rojo y un terreno de 2,159.5152 metros cuadrados por $275,000 ubicado en Rainforest and Sea View Resort en Luquillo.

Si es declarada culpable, Carrillo Torres podría ser sentenciada a una pena máxima de prisión de 30 años y una multa de $1,000,000 por fraude bancario. Por lavado de dinero, ambas enfrentan hasta 10 años de cárcel. Además, Rivera Padilla enfrenta hasta cinco años de prisión por fraude de bancarrota. VIP Healthcare enfrenta multas monetarias, entre otras sanciones.