El Departamento de Justicia federal pudiera asumir jurisdicción en el caso de la muerte del pelotero dominicano Agustín Javier Peguero, quien falleció  de un tiro por parte de un capitán de la Policía Municipal de San Juan en medio de lo que familiares alegan es un caso evidente de “fuerza excesiva policiaca” y un “acto de discrimen contra la comunidad dominicana en la Isla”.

Así lo informó a Primera Hora la madre del occiso, Ana Peguero, al asegurar que tan reciente como hace un mes tuvo la última comunicación con funcionarios del Servicio de Litigaciones de Justicia federal, entre ellos el fiscal Luis E. Saucedo, quienes la entrevistaron sobre lo ocurrido aquella fatídica noche del 8 de noviembre de 2013, cuando el más pequeño de sus hijos murió en medio de un incidente en el que irónicamente él figuraba como querellante.

“Ellos (federales) me llamaron y cogieron el caso… ahora espero que en nombre de ese divino Señor se haga justicia y esto no se quede así. Porque la muerte de mi hijo fue demasiado abusiva y eso es lo que me duele. Aquí se castigó a un policía que le disparó a una garza y a otro que pateó a un gato y, entonces, con mi hijo que es un ser humano no ha pasado nada. Y eso me tiene adolorida porque yo veo que aquí (en Puerto Rico) un animal tiene más preferencia que un humano, ¿o será que es discrimen contra los dominicanos?”, dijo sobre la muerte de su hijo, un aficionado al béisbol y plomero de profesión.

Y es que, según doña Ana, esa trágica noche  Agustín Javier llegó hasta la residencia de un sujeto en Barrio Obrero, en Santurce, donde cobraría un dinero   que le debían a ella. 

La mujer señala que su hijo se vio obligado a llamar al 9-1-1 porque quería hacer una denuncia formal ante la Policía pues el alegado deudor se negó a salir de su casa y pagar el dinero. Posteriormente, la Policía llegó al lugar pues se presume que el sujeto que era buscado por Agustín Javier también se comunicó con las autoridades de ley y orden denunciando que había un ladrón en su casa.

Fue entonces que el capitán de la Policía Municipal de San Juan, Ismael Rivera, quien desde entonces fue desarmado y limitado a trabajar en labores administrativas, disparó en el pecho al pelotero.  

La madre de la víctima  insiste en que hay testigos que indican que  -tras ser herido- su hijo fue esposado y dejado tirado en el piso.  “No le dieron auxilio, aunque mi hijo pidió que lo llevaran a un hospital… lo dejaron esposado y dejaron que se desangrara”, dijo doña Ana, aún abatida por el dolor de haber perdido de una forma “tan cruel” a su vástago, quien tenía 36 años y dejó huérfanos a dos adolescentes de 12 y 14 años.

Tras el incidente, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia tomó la batuta en la investigación del caso. 

De hecho, en un momento dado se habló de entrevistar a tres testigos presenciales de los hechos, tras doña Ana hablar con algunos agentes del caso, incluyendo al director de la División de Integridad Pública del NIE, Yamil Juarbe.

En cambio, el jefe de fiscales del Departamento de Justicia, José Capó, confirmó a Primera Hora tener conocimiento sobre los testigos, pero curiosamente dijo que “a pesar de las múltiples gestiones del agente investigador del NIE, (la familia de Agustín Javier) no han provisto los nombres”. 

La pariente insiste en que sí los ofreció.

 Lo que sí aseguró Capó es que el caso se sigue trabajando ininterrumpidamente y que para la investigación se ha entrevistado a más de 15 personas bajo juramento.

“Esperamos que en el mes de enero nos hagan entrega de los informes que faltan del Instituto de Ciencias Forenses para realizar una evaluación final y determinación del caso”, reiteró el jefe de fiscales.

Pero, doña Ana insiste en que las autoridades estatales no le han prestado atención a la pesquisa del asesinato de su hijo. “Hace más de un año que ni siquiera sé de ellos… no me han llamado ni nada”, señaló.

La progenitora aprovechó para cuestionar varios ángulos de la pesquisa, por ejemplo que le hayan entregado incompletas las pertenencias de su hijo.

“La guagua me la entregaron y estaba chocada… tenía muchas cosas dañadas. Además, se perdieron unos celulares que mi hijo tenía para la venta. Su celular también desapareció y su cartera me la entregaron solo con $20 y él cargaba más dinero”, dijo sobre las supuestas irregularidades.

Apoyo de los suyos

El líder del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez,  dijo por su parte que seguirá de cerca la pesquisa del NIE y la posible intervención de las agencias federales, particularmente para que se les  garantice  protección a los “testigos”.

“Hay testigos, pero hay que protegerlos porque tienen mucho miedo a testificar porque no tienen papeles (están indocumentados)”, sostuvo.

Aun así instó a las personas con conocimiento de lo que sucedió en la escena a cooperar con las autoridades federales pues, según dijo, hay disposiciones en esa esfera judicial que garantizan una vista especial a las testigos y personas víctimas del crimen.

“Tienen que hablar porque ellos saben lo que realmente sucedió. De hecho, uno de ellos me contó a mí lo que pasó con este joven asesinado. Es la única forma de reclamar justicia para los dominicanos en la Isla”, manifestó Rodríguez.

 De otra parte, familiares del pelotero radicaron hace unos meses una demanda civil en el Tribunal Federal solicitando una indemnización de $20 millones.

 La demanda presentada por la viuda Glennis Gelarbert de Peguero, y las madres de los dos hijos menores de edad del occiso, María Confesora Rosario y Nancy Orfelina Álvarez, es por muerte por negligencia y arresto ilegal contra el capitán de la Policía Municipal, Ismael Rivera; el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Guillermo Calixto Rodríguez; y la propia alcaldesa Carmen Yulín Cruz. 

Se incluye también a John Doe’s del 1 al 100, refiriéndose a los demás agentes que estuvieron presentes la noche del trágico suceso.