Agentes de Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) informaron el arresto del policía Zachary Quiñones Bon y de sus familiares identificados como Jouseph Quiñones Andino y Alexander Martínez Andino por una denuncia de conspiración para poseer con la intención de distribuir unos 67 kilogramos de cocaína, las cuales fueron transportadas en maletas a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

El 17 de marzo, el agente, que estaba adscrito al precinto del aeropuerto, presuntamente usó sus credenciales para entrar en áreas restringidas donde quedó captado por cámaras de vigilancia moviendo unas maletas llenas de cocaína para dejarlas en el baño donde sus familiares los pasaban a otros bultos y maletas más pequeños, abordaron un viaje a Florida y regresaban a la isla el mismo día.

El Fiscal Federal Para El Distrito De Puerto Rico W. Stephen Muldrow y el agente especial a cargo del FBI, Joseph González, hicieron el anuncio en un comunicado de prensa.

El trío no ha sido acusado por un gran jurado federal.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, reveló que en la investigación estuvieron trabajando otros agentes del Task Force “cuyo compromiso de encausar a todo el que promueve o participe del crimen y la corrupción, aunque uno de estos lleve su mismo uniforme. De estos policías, me siento orgulloso”.

Como establece el protocolo, el imputado que llevaba 15 años en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, será suspendido de empleo y sueldo.

“Voy a firmar la suspensión de empleo y sueldo y ya la próxima semana será expulsado de la Policía de Puerto Rico...tuvo dos querellas administrativas dentro de su vida policíaca, una fue por alegados actos lascivos, que posteriormente resultaron que no ocurrió el incidente y otro fue porque él mismo con su arma de reglamento se dio un tiro en una pierna, por eso cumplió diez días de castigo”, subrayó López Figueroa.

El comisionado agregó en una improvisada rueda de prensa, que no se percataron de que su estilo de vida no era compatible con el sueldo que devengaba como policía, como por ejemplo si era dueño o no de caballos de carrera como mostraba en sus redes sociales.

Confirmó que conocía que el policía era investigado por el FBI hace algún tiempo y agregó que “es triste que utilice el uniforme de policía para cometer este tipo de acto que es totalmente reprochable, consterna a los miembros de la Policía porque ese no es el tipo de policía que yo tengo en la calle”.

“Hay otros miles policías que arriesgan sus vidas todos los días para sacar de las calles las drogas que enferman y cobran la vida de nuestra gente. Este individuo no representa a estos policías. Sus actos deshonran el uniforme que llevamos todos los que conformamos la Policía de Puerto Rico”, sentenció López Figueroa.

Los fiscales federales César Rivera y Jonathan Gottfried, de la Sección de Crímenes violentos tienen a cargo el caso junto al agente del FBI Jonathan Vega.

Por su parte, la empresa Aerostar indicó por escrito que la seguridad en el aeropuerto de de alta prioridad y por eso, “nuestro equipo de seguridad trabaja mano a mano y es adiestrado por las agencias federales para prevenir incidentes y actuar estratégicamente cuando alguien decide fallarse a sí mismo y a la responsabilidad que emana de su función”

Solo en el renglón de seguridad se han invertido 20 millones de dólares en equipos, sistemas y protocolos, entre los que se encuentra la cifra más grande de cámaras instaladas en el aeropuerto, con unas 2,000 unidades en operaciones.

De resultar convicto los imputados enfrentan una sentencia máxima de prisión de por vida.

De ser hallado culpable, Quiñones Bon, también enfrentaría consecutivamente una sentencia de 5 años de cárcel por un cargo de violación a la Ley de Armas.