Un policía adscrito a la División de Autopistas del área de Carolina fue arrestado esta mañana por agentes del Strike Force del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), en su residencia de la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina, como parte de una investigación de corrupción relacionada al operativo “Cantazo Azul”, que se llevó a cabo el pasado 22 de mayo.

Al policía Alexander Mir Hernández, de 40 años, se le despojó de su arma de reglamento e identificaciones como agente de la Policía, confirmó el superintendente de la Policía, José L. Caldero López.

Además, se arrestó a David Figueroa Rodríguez, quien se hacía pasar como policía para cometer fechorías.

Mir Hernández, enfrenta cargos por conspiración, violación de derechos civiles y el uso de un arma de fuego para cometer actos de violencia.

El agente será suspendido sumariamente de la Uniformada, agregó Caldero López. “Fue arrestado por corrupción policiaca y la investigación continúa”, aseveró el funcionario.

El agente arrestado también trabajó en la División de Drogas del Aeropuerto y llevaba solo cuatro meses asignado a la División de Autopistas.

En mayo, 16 policías fueron arrestados luego de que un gran jurado federal emitiera un pliego acusatorio de 36 cargos por violaciones a la Ley Hobbs por extorsión y robo, y cargos relacionados a la Ley RICO, de crimen organizado, por conspirar para violar derechos civiles y leyes de armas.

Los arrestos de hoy están relacionados al caso que se sigue contra el sargento Jorge "Aro" Fernández Avilés, de la Unidad de Vehículos Hurtados de la División de Tránsito de Bayamón, quien fue detenido a finales de junio pasado.

En la moción que sometió la fiscal Marquest J. Meeks, de la División de Integridad Pública en Washington D.C., para la vista de fianza de Fernández Avilés, indicó que éste constituye un riesgo de fuga y peligro a la comunidad, por lo que se opuso a que se le otorgara libertad bajo fianza. Destacó que el oficial abusó de su posición y de la confianza depositada en él al "violar los mismos derechos que prometió proteger" al conspirar con otros policías y tres civiles para robar en una residencia dinero en efectivo y un cuarto de un kilogramo de cocaína, mientras usaba un arma. El imputado recibió paga por la reventa de la cocaína robada.

Meeks señaló entonces que aunque Fernández Avilés no tiene historial criminal previo, el peso de la prueba es contundente, incluyendo a dos testigos cooperadores, el testimonio de las víctimas y una grabación del hoy imputado hablando del robo y de otros delitos como secuestro y muerte tomada por un agente encubierto.

De ser encontrado culpable, Fernández Avilés se enfrenta a una condena que podría ir desde cinco años de cárcel hasta prisión de por vida.