“Ya es tiempo que se celebre el juicio”.

El sistema judicial tiene los mecanismos para compensar y controlar la posible discusión pública de un caso criminal y su efecto en el juicio que se lleve contra un acusado.

Esas fueron las expresiones del secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, en torno a la petición de la defensa del traslado del juicio contra Pablo Casellas a otra jurisdicción.

Sánchez Betances comentó que existen controles para neutralizar los posibles efectos de publicidad que recibe un caso criminal de alto interés público, como es “el secuestrar al panel de que se seleccione; la desinsaculación del potencial jurado; donde las partes tienen la oportunidad de interrogar y el tribunal de auscultar la imparcialidad y ausencia de influencias de la discusión pública que se ha hecho del caso; y tomar las medidas que las circunstancias provean al acusado de un juicio justo e imparcial”.

¿Usted cree que hay potenciales jurados no contaminados?

Puede haber una persona con una opinión formada y los mecanismos del sistema permite excluirlos. Para eso se recusan. Deben haber muchos jurados que no tienen un criterio formado y pueden emitir un juicio imparcial.

“Nuestra posición es que esto se tiene que ver ya. Ha tomado mucho tiempo el proceso... Él ha ejercido todos sus derechos. Ha ido paso por paso, agotándolos todos y creo que es ya tiempo que se vea el caso y se celebre el juicio”, aseveró Sánchez Betances.

En esa dirección, los fiscales Phoebe Isales, Janet Parra y Sergio Rubio presentaron ayer en el Tribunal de Instancia de Bayamón su oposición a la moción de Casellas en solicitud de amparo del debido proceso de ley y el derecho a un juicio justo e imparcial.

Nada es filtración del Estado

Estos rechazan las alegaciones de la defensa de que “la publicidad, en este caso, en contra del acusado haya tomado fuerzas y se haya desarrollado ante las filtraciones y comentarios de funcionarios del Estado y la divulgación de estos dirigidos al entretenimiento público”.

Sostienen que las imputaciones no tienen fundamentos y que de la propia moción de la defensa surge que la alegada prueba filtrada no guarda relación alguna con la prueba, ya que “no son más que especulaciones de la prensa que no concuerdan con la prueba del ministerio público”.

“Esto lo que tiende a indicar es que no se trata de filtraciones de prueba, sino meras conjeturas de medios que no han tenido acceso a la prueba del caso”, se indica.

Señalan, textualmente, que “como ejemplo, podemos mencionar que el cuerpo fuera movido de una segunda planta a la primera; que el arma que se utilizó para causar la muerte a Carmen Paredes se le ocupó al acusado resultado de un allanamiento; que la cobertura que le dio la prensa a la computadora y las órdenes de allanamiento fueron fructíferos y que resultó ser incorrecto”.

Observan que para la prensa “fue una sorpresa” cuando se informó que no se utilizaría lo ocupado en los allanamientos y que ese dato lo que hace es probar que el arma que se utilizó para causar la muerte fue un rifle.

“Esto último fue noticia que publicó equivocadamente la prensa, luego de escuchar la prueba que se desfiló en la vista de supresión de evidencia”, se acota.

La defensa es la que filtra

El ministerio público alude a la entrevista que le diera el acusado a un medio televisivo y las expresiones del juez Salvador Casellas, padre del acusado, a Primera Hora.

“...durante estos últimos meses la discusión pública del caso del acusado ha sido mínima y no fue hasta que el padre del acusado, en una acción de relaciones públicas, le brindó una entrevista a un medio noticioso, logrando la primera plana de un periódico de gran circulación en Puerto Rico, haciendo comentarios sobre la prueba y testigos de cargo... con el único propósito de favorecer al acusado en la opinión pública”, se expone.

efecto de publicidad en el jurado

Los fiscales argumentan que el reclamo de traslado a otra jurisdicción es absurdo e improcedente en derecho ya que la defensa tiene que probar el efecto real que haya tenido la publicidad en este caso en el ánimo de los candidatos a jurado.

Estos recuerdan que el tribunal ya tomó las medidas para que, en la segunda parte de la desinsaculación (voir dire) de los candidatos a jurado se cubrirá exhaustivamente el tema de la publicidad.

“Además, una vez el panel quede constituido se le informará al jurado que es posible que serán secuestrados por el tiempo que dure el proceso...”, se indica.

Los fiscales aluden a la encuesta comisionada por la defensa para medir el efecto de la publicidad en los potenciales jurados en el distrito de Bayamón arroja que sólo el ocho por ciento de la población serviría como jurado.

Se indica que, de los propios números, surge que un 70 por ciento piensa que el acusado es culpable, por lo que queda un 30 por ciento, no un ocho por ciento, que no tiene opinión formada. Destacan que solo se entrevistaron 240 familias de la totalidad de 409,054 personas entre las edades de 18 a 64 años, lo que “es meramente un 0.23% de la población del distrito”.