La familia de Shannel Colón Ponce, la confinada de 23 años que murió hace un año en confusas circunstancias en medio de un traslado hacia su celda en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón, inició una demanda por daños y perjuicios por violación de derechos civiles contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y su secretaria, Ana Escobar; el Negociado de la Policía de Puerto Rico y su comisionado, Antonio López Figueroa; el secretario de Justicia Domingo Emmanuelli y las empresas Physician Correctional y Puerto Rico Medical, entre otras personas involucradas al caso.

Así se informó a través de las redes sociales de la organización Kilómetro Cero, entidad que junto a ACLU de Puerto Rico (Unión Americana de Libertades Civiles) y el Proyecto Matria coordinaron la conformación del equipo legal que presentó la reclamación civil. El equipo legal está compuesto por los licenciados Fermín Arraiza Navas, director legal en ACLU PR; y José Rodríguez Jiménez y Wanda Valentín Custodio, quienes ejercen la profesión legal en la práctica privada.

La demanda fue incoada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón por Jahaira Ponce (mamá de Shannel), una tía de Shannel y otros dos familiares menores de edad, incluyendo la bebé de la occisa, se informa en la demanda de la que hay algunos detalles en la publicación que pueden acceder a través de Familiares de Shannel Colón Ponce presentan demanda civil por violación de derechos civiles — Kilómetro 0

En el pleito civil se reclaman $600,000 para cada uno de los demandantes a fin de compensar los sufrimientos y angustias psicológicas y mentales ocasionadas. Además, hay un reclamo de $800,000 para la hija de Shannel por concepto de lucro cesante. Por último se valoran en $600,000 los daños sufridos y agravios que, alegadamente, sufrió Shannel mientras estuvo encarcelada. En total, el reclamo es de un mínimo de $3.8 millones pues, se solicita también que se imponga una suma igual a la totalidad de las cantidades reclamadas a modo de daño punitivo y honorarios de abogados.

“No podemos permitir que Puerto Rico siga siendo un lugar exento de derechos civiles, donde el Estado no asume sus responsabilidades ministeriales, provocando así muertes de personas vulneradas sin que haya consecuencias legales por ello. Por eso hemos conformado un equipo legal para llevar este caso y otros similares, acción que debe abrir paso a cierto tipo de rendición de cuentas en un paísdonde hace años que prácticamente no existe ninguna”, expresó en declaraciones escritas el equipo legal.

Por su parte, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, indicó que la muerte de Shannel -quien tenía padecimientos de salud mental, según revelaron públicamente sus familiares- pone de manifiesto que “la cárcel no es lugar para ninguna persona con una crisis emocional o de salud mental”.

“Ya es evidente que las cárceles en Puerto Rico son lugares peligrosos, violentos y no cumplencon su función rehabilitadora, Por eso, vamo sa utilizar todas las herramientas posibles para confrontar la violencia de estado y exigir adjudicación de responsabilidades y reparaciones para las víctimas”, subrayó Narváez.

El 2 de junio de 2022 Shannel fue encontrada muerte en la cárcel donde se encontraba internada. La joven estaba sumariada por cargos de apropiación ilegal de vehículos.

Su familia se manifestó en las inmediaciones de la cárcel de Bayamón al no confiar en las versión que ofreció el Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el fallecimiento. Aseguraron que tenían información desde adentro de la institución de que el caso pudiera haber sido una muerte violenta.

Mientras, la investigación de la muerte sacó a relucir problemas de seguridad en la institución pues la pesquisa no contó con grabaciones de lo que aparentemente ocurrió pues las videocámaras del lugar estaban inoperantes por una supuesta falla de energía eléctrica.

De otra parte, la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), informó que la muerte de Shannel fue un suicidio, según los análisis de la patóloga Edda Rodríguez.

“Luego de realizar una extensa y minuciosa evaluación de los hallazgos de la autopsia, evidencia física y testifical, la patóloga Edda Rodríguez concluyó que la causa de la muerte de la joven fue asfixia por suspensión y la manera de muerte fue suicidio”, reveló Conte Miller en un comunicado de prensa.

“La doctora Rodríguez evaluó toda la evidencia científica, los reportes del incidente, testimonios y realizó una visita a la cárcel para inspeccionar el área donde ocurrieron los hechos para poder llegar a esta determinación”, precisó la funcionaria.

Tras lo trascendido en el caso, el Senado de Puerto Rico inició una investigación a través de la Comisión de Iniciativas comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado. Además, la secretaria de Corrección refirió un informe preliminar al Negociado de Investigaciones Especiales. Al momento, no se han hecho públicos los hallazgos de sendas pesquisas.

Según detalle Kilómetro Cero, y de acuerdo a las versiones ofrecidas por familiares a diversos medios de comunicación, Shannel vivía con su madre e hija en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. En cambio para enero de 2022 la joven comenzó a padecer una condición mental e inestabilidad emocional para la que recibía tratamiento médico. De hecho, requirió de un proceso de hospitalización involuntaria en Pensilvania.

Posteriormente, el 2 de abril de 2022 la joven madre viajó a Puerto Rico. En la isla su situación de salud mental se agravó por lo que necesitaba tratamiento médico.

“El 19 de abril, su tía, que vivía en Puerto Rico se enteró por los medios de comunicación que ella estaba siendo vinculada al hurto de un vehículo de motor. Shannel le indicó a su familiar, Cheilian Rosario, que la estaban persiguiendo por lo que para escapar de sus perseguidores, había tratado de utilizar ese vehículo. La Sra. Rosario se percató de que Shannel estaba descompensada mentalmente por lo que coordinó una cita con la policía en la División de Vehículos Hurtados para aclarar el asunto y buscar ayuda para su sobrina, que necesitaba estabilizarse mental y emocionalmente. La Policía optó por mantenerla bajo custodia por 48 horas, a pesar de que en ese momento no existía una orden de arresto en su contra. Todo se hizo sin la presencia de un abogado que velase sus intereses, a pesar de que en ese momento la Policía la consideraba sospechosa de un delito”, expone la organización sin fines de lucro.

“Los oficiales de la policía no orientaron a la familiar de Shannel sobre la alternativa de conseguir una orden para un ingreso involuntario a un hospital psiquiátrico que brindara tratamiento a la paciente y la estabilizarla. Por el contrario, presentaron una denuncia en su contra y hubo una determinación de causa para arresto fijándose una fianza de $10,000, que no pudo prestar. La noche del 22 de abril se ingresó a Shannel a la Cárcel de Mujeres de Bayamón. Durante más de un mes no se le permitió a la familia ver a Shannel, quien denunció malos tratos de parte de policías y guardias penales”, se agrega en el escrito y según consta en la demanda.

La demanda explica que el 25 de abril la madre de la difunta acudió a la institución penal pero no le permitieron verla. Posteriormente, el 4 de mayo se celebró la vista preliminar en el tribunal de San Juan, donde la abogada de Shannel, Zamarys Benítez, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) solicitó una Regla 240 para Evaluación Psiquiátrica, debido al estado en el que encontró a su clienta. En consideración, la vista fue suspendida y pautada para el 10 de junio de 2022, en espera de esa evaluación médica, la cual fue pautada para el 8 de junio, casi un mes después de la vista en tribunal. Shannel murió el 2 de junio.

“Shannel fue sometida a tratos inhumanos, crueles y degradantes al habérsele privado de los servicios de salud mental que su condición requería, provocándole intensos sufrimientos y angustias mentales”, lee la demanda en la que se subraya que los funcionarios del DCR a cargo de su custodia no recibieron adiestramiento para manejar este tipo de casos dentro del sistema correccional.

Los familiares alegan en la demanda que, además, han realizado “múltiples solicitudes de información que no han sido contestadadas, han pedido documentos y expedientes médicos de Shannel que los demandados se niegan a proveer”.

Corrección pedirá a Justicia que asuma la representación legal

Primera Hora solicitó reacciones de los portavoces de las agencias demandadas, pero al publicarse esta historia solo desde el DCR se habían enviado expresiones escritas, puntualizando que al momento no habían sido emplazados formalmente.

“En torno a la demanda presentada por los familiares de Shannel Colón Ponce informamos que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no ha sido emplazado conforme a las reglas de procedimiento civil. Una vez la agencia sea emplazada, el DCR solicitará al Departamento de Justicia que asuma la representación legal. Sobre este caso, el DCR no emitirá comentarios adicionales por tratarse de una acción legal en curso”, se refirió.

De otra parte, desde el Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía peticionaron tiempo para responder el próximo día laboral, debido a que la solicitud de reacción se solicitó el Día de Padres, y los recursos de las oficinas legales no trabjan en días feriados.