La movilización del personal de todas las agencias de seguridad que atienden las alertas de colocación de un artefacto explosivo no se puede cuantificar en términos económicos, ya que los recursos están en sus horas laborables. No obstante, el precio es alto en cuanto al riesgo que corren los recursos al atender una supuesta emergencia y a la falta de atención, si coincide, con una emergencia real.

El estricto protocolo ante una llamada de alerta sobre una amenaza de bomba implica también el desalojo de un perímetro de, al menos, 500 pies a la redonda, por lo que también se paralizan las operaciones de las empresas y las oficinas que estén ubicadas en esa zona durante horas, al igual que el tránsito.

En lo que va de año, la División de Explosivos y Seguridad Pública ha atendido siete incidentes de falsas amenazas. El más reciente –al cierre de esta edición– ocurrió este miércoles en el Centro Judicial de Ponce y el centro comercial Plaza del Caribe, tras recibirse una llamada telefónica a las 8:34 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. En ella un hombre informó que un compañero de trabajo manifestó su intención de colocar material explosivo en ambos lugares, los cuales son muy concurridos.

Luego de un registro minucioso se determinó que se trató de una falsa alarma. Los investigadores trabajan para establecer el origen de la llamada y la identidad de la persona que la hizo. Al presente, hay una mujer citada que figura como la propietaria del teléfono celular. Ella alega que no generó ese aviso.

El pasado lunes, a las 8:20 a.m., una voz de hombre alertó falsamente sobre la colocación de dos bombas, una en el interior y otra en las afueras del Tribunal de Caguas, lo que ocasionó su desalojo.

Cinco días antes, el 11 de octubre, un bulto desatendido que fue encontrado en el área de la rampa que conduce hacia la sala de investigaciones del Tribunal de Caguas, por el área verde, ocasionó otra movilización de recursos para luego descubrir que solo contenía accesorios de bebé y ningún artefacto sospechoso.

Los hechos coincidieron con el proceso de vista preliminar contra Roy George Karakozian, de 33 años, quien enfrenta cargos por asesinato, tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

La vista era transmitida por el canal del Poder Judicial cuando se interrumpió abruptamente.

Karakozian está acusado por los asesinatos de los hermanos Ángel y Rosa Judith Calderón Pérez de 44 y 45 años de edad, respectivamente, durante la tarde del 29 de agosto, en la rotonda que conduce hacia la entrada a la Sala de Investigaciones del Tribunal de Caguas, por conflictos entre vecinos relacionados a colindancias de sus viviendas.

El teniente Ismael Cartagena, director de la División de Explosivos y Seguridad Pública, indicó que en esta etapa de la pesquisa no se sabe si estos casos de amenazas con explosivos están relacionados.

“Todavía no tengo una forma de vincular los casos ocurridos este año. Sí en el caso de Caguas la semana pasada, ya identificamos un número, estamos haciendo gestiones y sale de un teléfono prepagado en Estados Unidos. Estamos trabajando con tecnología para poder triangular las llamadas e identificar a la persona”, sostuvo Cartagena.

¿A qué se expone?

El teniente detalló que el delito de Alarma Falsa está tipificado como menos grave y establece que toda persona que a sabiendas dé un aviso no real de fuego o de la existencia de una bomba o cualquier otro artefacto explosivo en un edificio, o cualquier otro sitio donde se hallen personas congregadas, incurrirá en delito menos grave y, de resultar convicta, será sancionada por la primera convicción con pena de reclusión por un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses, o multa de $500, o ambas penas, a discreción del Tribunal.

Si se trata de una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1, se cometerá delito grave y se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres años si dicha amenaza provoca el desalojo de un edificio, lugar de reunión, o facilidad de transporte público. También el tribunal puede ordenar que se restituyan todos los gastos incurridos por la movilización de las agencias de emergencia, apuntó.

A su vez, advirtió a la ciudadanía que este tipo de alarma “no es un juego, es algo que está tipificado como delitos en los códigos penales y que las agencias federales también se han unido a las investigaciones para poder procesar estos casos”, puntualizó Cartagena.

Recordó que uno de los casos más recientes esclarecidos ocurrió el 28 de febrero en el recinto de San Germán, de la Universidad Interamericana, tras recibirse una llamada telefónica a través del 9-1-1 en la que un estudiante que caminaba cerca de la pista alegó había visto un hombre de 40 años, de tez trigueña y pelo largo que le dijo que iba a poner una bomba en un bulto en el recinto, lo cual era falso.

El estudiante del Departamento de Música, identificado como Jerome Alberto Arroyo Pérez, de 22 años, se hizo pasar como agente federal y vestía un abrigo con las siglas del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

La fiscal Vanessa Rivera Morales formuló tres cargos por amenaza, impostura y posesión y traspaso de documentos falsificados.

El 5 de octubre, el Departamento de Justicia radicó siete cargos por violación al artículo 239 de Código Penal (llamada telefónica falsa al sistema de emergencias) a un hombre que se alega llamó en casi 20,000 ocasiones al Sistema de Emergencias 9-1-1 durante un período de poco menos de un año.

La jueza Kariem Álvarez Echevarría, determinó causa probable para arresto contra Carlos M. Soto Rodríguez, de 35 años, quien es vecino del residencial Carioca, en Guayama, cuya defensa se allanó a la determinación y prestó una fianza de $3,500.

Otros incidentes similares o falsas alarmas se reportaron el 27 de junio a la 1:30 p.m. en el Aeropuerto Mercedita en Ponce, donde encontraron un equipaje abandonado que no contenía explosivos; el 21 de junio en una zona industrial localizada en la carretera PR-28, en Bayamón, se reportó falsamente un secuestro; el 4 de mayo, frente a la entrada de la base militar Fort Allen, en Juana Díaz, donde un ciclista dejó abandonado un bulto que contenía artículos personales y el 5 de enero hubo otra movilización a la urbanización Reparto Metropolitano en Puerto Nuevo, donde hallaron un barril en una acera con una nota que leía: “Material Peligroso”, que solo tenía basura.