Aguadilla. Ni un día de cárcel.

El expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, fue sentenciado a seis años por su participación en el polémico chat de WhatsApp, sin embargo, se le concedió el beneficio de pena suspendida, por lo que no tendrá que cumplir cárcel.

Originalmente, Ramos Sáenz fue acusado de 17 cargos de aprovechamiento ilegal, un cargo de enriquecimiento ilícito y una falta al código electoral. Sin embargo, los delitos fueron reclasificados a menos graves y el pasado 23 de julio el también exjuez hizo alegato de culpabilidad.

La jueza Heidi Kiess Rivera impuso ayer sentencias entre tres y cuatro meses por cada una de las 19 denuncias, para un total de 72 meses, que podrá cumplir bajo probatoria.

Aún queda por completarse un trámite para que pueda cumplir su sentencia en San Antonio, Texas, donde actualmente reside. 

A su salida de la sala 503 del Tribunal de Aguadilla, Ramos Sáenz lució mucho más relajado, luego de más de 19 meses bajo la lupa pública desde que se revelaron las conversaciones en las que supuestamente participó.

La jueza, además, puso algunas condiciones para conceder la probatoria. El exjuez tendrá que mantenerse empleado -aunque no se especificó qué trabajo tiene en Texas- y tendrá permiso para salir de su residencia de 5:30 a.m. a 8:00 p.m. en día semana y sábados, y domingo deberá estar en su residencia antes de las 5:30 p.m.

Tanto el abogado de defensa, Ivandeluis Miranda, como el fiscal Ramón Mendoza, se mostraron complacidos con el resultado final.

“Nada de lo que sucedió hoy es una sorpresa, porque cuando se comenzaron las conversaciones se tenía un fin previsto. Cuando se hizo la alegación de culpa, se dicta cuál es el contenido de la alegación de culpa y ya había unas reclasificaciones”, sostuvo Miranda a su salida de sala.

“No se puede perder de perspectiva que aquí se trata de convicciones por delitos menos grave… y ninguno conlleva depravación. Ciertamente es una sentencia mucho más beneficiosa que la que propendía con las acusaciones originales”, agregó.

Por su parte, Mendoza sostuvo que, aunque se requirió un acuerdo para reclasificar los cargos que originalmente fueron imputados, la sentencia final es “más efectiva” que si finalmente se veía el caso en sus méritos.

“Los hechos son graves. Estamos hablando de una persona que es juez, que hizo un compromiso por hacer cumplir la ley y que debe responder al pueblo de Puerto Rico… En el día de hoy se manda un mensaje bien claro a la rama judicial y a las demás ramas del gobierno de cómo, hoy más que nunca, necesitamos que el pueblo de Puerto Rico se sienta seguro de tener servidores públicos que realmente hagan cumplir la ley y combatan la corrupción”, apuntó.

Según las acusaciones, el exjuez participó activamente en el grupo llamado Plan Para Puerto Rico (P3R), que eventualmente se convirtió en el plan de gobierno del exgobernador Ricardo Rosselló. Mientras fungía como juez municipal en el 2015, supuestamente utilizó su correo electrónico de la Rama Judicial para funciones relacionadas al grupo político. Mientras, en el 2016, también consultó a los miembros del P3R decisiones judiciales mientras se desempeñaba como presidente de la CEE de Moca, a través de los chats de WhatsApp “P3R-coffee break” y “P3R-estructura gerencial”.

Mendoza indicó que próximamente se hará público el informe final, en el que se darán a conocer los detalles del caso, incluyendo la participación de los otros integrantes del chat, algunos de los cuales fungieron como funcionarios bajo la administración Rosselló, como el secretario de la Gobernación, William Villafañe; la secretaria asociada de la Gobernación y creadora del chat, Itza García, entre otros.

“Ese infirme, junto con las determinaciones originales del Departamento de Justicia, va a aclarar que no había realmente elementos suficientes para que estas personas fueran procesadas en términos criminales”, subrayó.