Empleados del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 marcharon este lunes en la calle Fortaleza en repudio a la movilización de trabajadores administrativos para llevar a cabo funciones en el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Máxime, porque a pesar de que el DSP exigió el pasado jueves que empleados administrativos del Negociado se trasladen, aún se desconocen cuáles funciones se les encargará.

Esta interrogativa no la pudo precisar el asesor de La Fortaleza, Yamil Ayala, tras la reunión que sostuvo con el presidente de la Unión CWA local 3010 Aramis Cruz Domínguez, quien representa a los empleados del Negociado.

La transferencia pone en jaque al Negociado, ya que sería una violación a la ley federal por desviación de fondos. Esto porque los empleados están prohibidos de ejercer funciones en agencias distintas, denunció Cruz Domínguez.

“Los puntos que no se aclararon son qué funciones van a hacer esos empleados dentro del Departamento de Seguridad Pública, ya que la ley federal no permite que empleados del 9-1-1 hagan funciones de otros negociados u otras agencias. Tiene que ser del 9-1-1, porque se cataloga como una desviación de fondos. Esa pregunta -el asesor de Fortaleza Yamil Ayala- no tuvo respuesta, porque al día de hoy no saben cuáles son las funciones que los empleados van a realizar”, comentó a Primera Hora Cruz Domínguez.

“Tenemos dos o tres respuestas, pero todavía tenemos muchas preguntas todavía que no tenemos respuestas”, agregó al manifestar que, a pesar de esta incógnita, Ayala le aseguró que la transferencia no afectaría el salario ni beneficios de los empleados.

Además de la desviación de fondos, Cruz Domínguez detalló que, si se da paso a esta movilización de empleados, se afectaría aún más la agilidad al comprar servicios para el mantenimiento de los equipos tecnológicos.

Al estar bajo el DSP y tener que efectuar compras mediante la Administración de Servicios Generales (ASG), los procesos de compras se han dilatado severamente, dijo el líder sindical. Una compra de mantenimiento de equipo que se efectuó en julio del 2021, por ejemplo, aún no se ha recibido, obstaculizando la prestación de servicios de la línea de emergencias.

“Esto no ocurría cuando el 9-1-1 tenía su propio comité de subasta, porque el 9-1-1 lo hacía todo. Lo compraba, tenía sus propios fondos, lo pagaba. Ahora, al estar bajo el Departamento de Seguridad Pública y ASG, como están todas las agencias, se dilatan las compras, se dilata el servicio y, si tú te vas a llevar estos empleados para el Departamento, es como un efecto dominó; todo se va a ver afectado hasta que entre en la operación y ahí entonces, cuando entre en operación, estamos hablando de tiempo de respuesta. Y ahí es que está el peligro y lo que queremos evitar”, señaló. “Esto lo llevamos denunciando desde el 2017, cuando se creó el DSP. Ese es el problema. Hay una burocracia increíble y ya lo estamos viendo”, agregó.

“Yo espero el cese y desista de esta movilidad de empleados. Yo entiendo que eso se tiene que detener, porque un desvío de fondos pone en peligro unos subsidios que el 9-1-1 puede solicitar, porque es una violación a la ley federal”, manifestó.

En la reunión, además, Cruz Domínguez exigió la implementación de la Ley 32 del 2020, que busca garantizar que los fondos recibidos por el Sistema se utilicen únicamente para las llamadas de emergencia, garantizar su independencia fiscal y prohibir el uso de dichos fondos para propósitos contrarios a la legislación y a la regulación federal aplicable.

Según dicta la Ley, el Negociado “opera con recursos propios, producto de cargos que se cobran a teléfonos celulares, residenciales o comerciales, tanto alámbricos como inalámbricos en Puerto Rico, lo que convierte a este negociado en uno autónomo y autosuficiente, no dependiendo así del Fondo General”.

Más aun, después que se emitió la Ley la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) sometió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aduciendo que era incompatible con el Plan Fiscal.

“En el día de hoy lo que estamos esperando es en una Resolución Conjunta, porque todo el mundo está de acuerdo en que el 9-1-1 no hay ninguna incompatibilidad con el Plan Fiscal y estamos esperando que AAFAF radique una nueva certificación y así incluya al 9-1-1. El 9-1-1 continúa con sus propios fondos, continúa siendo una agencia dependiente como lo fue desde que se creó el Departamento de Seguridad Pública”, expresó Cruz Domínguez.

El traslado afectaría, también, la reunión del nuevo convenio, el cual no ha sido renovado desde el 2011.

“Toda esta movilidad afecta, porque miembros del comité del patrono van a ser transferidos también para el Departamento de Seguridad Pública y en estos momentos estamos en el aire de cuándo, cómo, si sigue bien la negociación de convenios, ellos tampoco lo tenían. Sí estoy esperando una llamada de recursos humanos del DSP para poder calificar ese punto en particular”, acertó.

Una segunda reunión se calendarizó con los empleados administrativos para el 21 de marzo para profundizar en el tema.