Una exempleada postal fue hallada culpable de retrasar ilegalmente cuatro papeletas de voto adelantado, enviadas a través del correo para la elección especial de Distrito de San Juan, celebrada en 2022.

Según la prueba desfilada en el proceso judicial que se celebró en el Tribunal Federal de Puerto Rico, María De Lourdes Martínez-Garriga, quien laboraba como cartero, en el correo de la 65 de Infantería en San Juan, retrasó ilegalmente cuatro sobres de correo certificado que contenían papeletas para la Elección Especial del 2022 para el Distrito de San Juan. Todos los votantes afectados confirmaron, y cuatro de ellos testificaron en el juicio, que a pesar de haber solicitado las papeletas de voto anticipado a la Comisión Electoral de Puerto Rico nunca las recibieron, según reveló la Fiscalía Federal en un comunicado de prensa.

“Nuestra democracia depende del derecho de los votantes elegibles a emitir su voto y a que ese voto sea contado. Si los votantes no reciben sus papeletas, no pueden ejercer uno de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos de los Estados Unidos: el derecho a votar”, dijo el fiscal Muldrow. “La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos junto a las demás agencias del orden público, continuaremos protegiendo este pilar fundamental de nuestra sociedad”, afirmó el fiscal federal.

“Poner correspondencia en manos del Servicio Postal es un acto de confianza pública que todos los empleados postales deben mantener”, dijo Tammy Hull, Inspectora General del Servicio Postal de Estados Unidos. “La señora Martínez violó esa confianza al retrasar la entrega del correo electoral. A través de nuestra investigación, los agentes especiales de la OIG, la llevaron ante la justicia y ha sido condenada por sus delitos por un jurado.”

“El FBI está comprometido con la protección de la integridad de nuestros procesos democráticos, incluida la garantía de que se escuche la voz de cada votante. Cualquier intento de interferir con el correo electoral es una violación de la confianza pública y una amenaza a los cimientos de nuestra democracia”, dijo Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de San Juan del FBI.

Otros tres ex empleados del Servicio Postal aguardan juicio por delitos similares y de ser hallados culpables, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión.