“Una alegación de un individuo” llevó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) a investigar a la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano por supuestamente recibir pagos de soborno de parte de una de sus empleadas en la Cámara de Representantes entre el 2017 al 2020, informó este lunes un agente especial de la agencia, Andrew Waltz.

El funcionario aceptó con un “Sí”, a preguntas del fiscal federal Jonathan E. Jacobson, en torno a si ese individuo que hizo tal alegación contra la exlegisladora fue Jonathan Alemán Arce. Este era el director de la oficina legislativa de Charbonier Laureano durante gran parte del periodo que se alega recibió sobornos, específicamente del 2017 a verano de 2019.

“Jonathan Alemán fue un testigo cooperador del FBI”, precisó Waltz durante su testimonio, al especificar que la investigacion federal contra Charbonier Laureano inició entre finales de febrero a principios de marzo de 2020.

Ha trascendido durante el juicio federal contra Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, que se realiza en la sala de la jueza Silvia Carreño Coll, en el Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, que Alemán Arce fue presidente municipal de Loíza por el Partido Nuevo Progresista (PNP), era amante de la empleada de la exrepresentante que se declaró culpable en este caso por pagar sobornos, Frances Acevedo Ceballos, y devengaba $10,000 mensuales hasta la fecha en que fue despedido, en verano del 2019.

Alemán Arce figurará como testigo del caso. De hecho, es la persona A en la acusación que emitió un gran jurado en agosto de 2020 contra Charbonier Laureano; su esposo; su hijo, Orlando Gabriel Montes Charbonier, y Acevedo Ceballos.

Ya testificó en el juicio Sheila Mangual, quien fue la que sustituyó a Alemán Arce una vez fue despedido. Esta ocupó el cargo de julio de 2019 a julio de 2020, cuando también se convirtió en cooperadora.

Para probar las imputaciones realizadas por el exdirectivo, Waltz indicó que la Fiscalía federal sometió supinas, realizaron allanamientos e investigaron récords telefónicos y bancarios, entre otras cosas, que fueron procesados por el FBI.

Durante su testimonio, el agente federal validó las peticiones de información que realizaron los federales para obtener información contra la exlegisladora, principalmente a empresas de telefonía. Incluyeron documentos de tres números telefónicos a nombre de Charbonier Laureano en AT&T, uno de Sprint bajo el nombre de Acevedo Ceballos y otro de AT&T perteneciente a Maritza Torrealba.

Waltz reveló que el 11 de julio de 2020, cuando acudió junto a otros agentes a la casa de Acevedo Ceballos, esta se excusó para ir al baño “por un largo periodo de tiempo. Ella dejó su teléfono”. Lo que supuestamente hizo Acevedo Ceballos fue solicitar el teléfono a Torrealba para llamar a Montes Rivera y así poder alertar a la exlegisladora sobre la visita de los agentes federales. La llamada duró 561 segundos o alrededor de 10 minutos.

Tras esta primera visita, el FBI acudió el 15 de julio de 2020 a la casa de Acevedo Ceballos y ocupó dos celulares, uno de la exempleada de Charbonier Laureano y otro de Torrealba, así como un iPad. Acto seguido, los agentes se movieron a la residencia de Charbonier Laureano en Río Grande. Allí, buscaban electrónicos y otros récords. Específicamente, ocuparon un iPad, un iMac, así como varios celulares.

“No encontramos un teléfono”, indicó Waltz.

“Era uno de los celulares que interceptamos. Así que pensamos que habría evidencia ahí”, añadió.

Comentó que un agente llamó al número de celular que buscaban, el cual fue contestado por Charbonier Laureano. Esta no estaba en su hogar, ya que se fue en medio del allanamiento. No obstante, la exlegisladora entregó el teléfono en controversia durante la noche en un estacionamiento.

El fiscal presentó fotografías del celular tomadas el 16 de julio de 2020 para establecer que se habían borrado los mensajes de texto y de Whatsapp. Sólo aparecían dos mensajes nuevos de texto, uno de los cuales era del exlegislador Leo Díaz y otro del FBI. Además, aparecían cinco llamadas de “ayer”, ya que las demás también se habían borrados. Tenía dos llamadas a una personas llamada “Mariela Comisionada”, una de Díaz y otra de “El Rey León”.

Asimismo, el agente testificó que el FBI hizo un “pago controlado” a Jonathan Alemán para que este le pasara el dinero a Acevedo Ceballos y así poder contar con grabaciones sobre el presunto esquema ilegal que investigaban contra la exlegisladora.

Trascendió que el dinero se lo dieron los federales a Alemán Arce para que lo pasara a Acevedo Ceballos, ya que esta última estaba “corta de dinero” para pagar un soborno a la exlegisladora.

A preguntas del abogado de defensa, Francisco Rebollo, el agente aceptó que las movidas del FBI antes explicadas se realizaron para corroborar la alegación de que Charbonier Laureano recibía pagos de sobornos.

“No era una teoría. Estábamos buscando la verdad, no importa qué”, respondió el agente.

¿Conectados?

Tras establecer tales incautaciones de electrónicos, el testimonio del agente federal se centró en una presentación que realizó para relacionar los mensajes de texto, las llamadas y las transacciones bancarias que se emitieron los días en los que supuestamente Acevedo Ceballos pagaba los sobornos.

Se destacó que el 10 de abril de 2018 Acevedo Ceballos cobró $2,669.22 y ese mismo día cambió el cheque. Depositó en su cuenta $1,169.22 y se quedó con $1,500 en efectivo. Ese día Charbonier Laureano la llamó en siete ocasiones y Acevedo Ceballos la llamó en otras cinco.

Mientras, trascendió que el 13 de agosto de 2019 la exlegisladora le escribió un mensaje a Acevedo Ceballos en el que le pregunta si “cambiaste”. Lo que le contesta con un: “¡Ayy, sí!”.

También hubo contacto entre Acevedo Ceballos y el esposo de Charbonier Laureano. Uno de los que Waltz mencionó como ejemplo fue para noviembre de 2018.

Específicamente, el 29 de noviembre de 2018 Acevedo Ceballos cobró de la Cámara de Representantes $2,817.60, depositó a su cuenta $1,317.60 y se quedó con $1,500 a la mano.

Un día después, según relató el agente, Montes Rivera envió un mensaje a Acevedo Ceballos que estipulaba: “El número de mi cuenta es 223-968-393. Asegúrate que esa cuenta está a mi nombre. Le tienes que decir a la empleada del banco que verifique que la cuenta con ese número corresponde a mi nombre”.

Ese 30 de noviembre de 2018 el FBI pudo detectar una hoja de depósito del Banco Popular a la cuenta estipulada por Montes Rivera por un monto de $1,500.

Para el 27 de octubre de 2019 hubo otros mensajes de texto destacados durante el juicio entre Charbonier Laureano y su empleada, en el que Acevedo Ceballos le expresó a esta tener problemas para remitir dinero a Montes Rivera a través de ATH Móvil.

Según Waltz, Acevedo Ceballos intentó unas siete veces enviar $500 a Montes Rivera con el mensaje “De Tata”. Ese día, de hecho, se registraron cuatro llamadas entre Acevedo Ceballos y el esposo de la exlegisladora. Además, Montes Rivera le pasó $1 a la empleada que supuestamente pagaba los sobornos a modo de “una prueba”.

Tras esta “prueba”, Acevedo Ceballos intentó en otras dos ocasiones enviar el dinero y, tras fallar nuevamente, se registró una llamada entre esta y la exlegisladora. También se registró un mensaje de texto en la que Charbonier Laureano cuestionó si “le pasaste eso a Orlando”. A lo que respondió, “no, porque me dice error... Habrá que sacarlos”.

Waltz destacó, además, que para la fecha en que el FBI comenzó a investigar, entre finales de febrero a principios de marzo de 2020, se registraron más comunicaciones vía texto entre Charbonier Laureano y Acevedo Ceballos en lo que se hablada de “eso”, que se presume era dinero, en un “sobre”. Tal “sobre”, la empleada debía dárselo al hijo de la exlegisladora.

Las palabras “eso” y “sobre” se repitieron en varias ocasiones en otros mensajes entre las partes que Waltz reveló como parte de su testimonio.

Tras la presentación, Rebollo cuestionó cuánto dinero supuestamente recibió su clienta, Charbonier Laureano, en sobornos y el agente respondió que “no recuerdo”.

El abogado le presentó un correo electrónico y el agente leyó que los alegatos fueron que obtuvo $105,800 en sobornos pagados de manera bisemanal por Acevedo Ceballos entre 2017 hasta febrero 2020.

Rebollo utilizó los ejemplos que dio Waltz para demarcar que el cálculo de los mismos no daban $105,800, sino una cantidad mucho menor. El agente reconoció que sus ejemplos suman “$7,600″.

En medio del contrainterrogatorio del abogado de defensa, el juicio tuvo un receso. Se espera que mañana, martes, el agente del FBI continúe como testigo.

Por otro lado, la primera testigo del sexto día del juicio federal fue una oficial del Banco Popular de Puerto Rico, Tanya Pérez. Esta, en esencia, estableció que la institución bancaria guarda de seis meses a un año los vídeos que capturan dentro y fuera de sus sucursales.

La acusación

Charbonier Laureano y Montes Rivera están acusados de cargos de conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesa un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.

Según alega la Fiscalía federal, Charbonier Laureano infló el salario de Acevedo Ceballos, quien era su “recepcionista-secretaria” en la oficina legislativa, hasta llevarlos a $8,000 mensuales para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

Acevedo Ceballos también figuraba en la acusación. Esta se declaró culpable el pasado 7 de noviembre de “soborno relacionado con programas que reciben fondos federales”. No figuraría como testigo, aunque su nombre ha salido a relucir durante el juicio.

El cuarto acusado en este caso lo fue el hijo del matrimonio, Montes Charbonier. Sin embargo, no figurará en el juicio, ya que se acogió a un programa de desvío, en el cual tendrá que aceptar un grado de responsabilidad y cumplir ciertos criterios que le impondrán. Al cabo de cumplidos, se le desestimarían los cargos.