El que fuera gerente de operaciones y director de Programas Técnicos en el Departamento de Educación, Kelvin Pagán La Luz, se declaró culpable en el foro federal por haber participado en un esquema en el que se logró robar, junto a su pareja, sobre $213,201.07 de la agencia, anunció este miércoles la Fiscalía federal.

Además, se declaró culpable en este mismo caso el empresario Javier Santiago Rodríguez y su empresa, Star Enterprises Inc. (“Star Enterprises”).

De inmediato, el Departamento de Educación emitió una declaración pública en la que informó que Pagán La Luz renunció a su puesto de carrera el pasado 31 de enero.

Su dimisión, de hecho, ocurrió a un año de que el exsecretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, determinara reincorporarlo a su empleo, pero como director de la Oficina de Certificaciones de Docentes, tras el allanamiento que realizaron los federales en el apartamento que compartía con Santiago Rodríguez.

Según establece el acuerdo de culpabilidad de Pagán La Luz, Santiago Rodríguez y la empresa Star Enterprise, “desde junio de 2019 y hasta agosto de 2021 los acusados se ayudaron e instigaron entre sí, robaron, malversaron y obtuvieron mediante fraude $213,201.07 propiedad y bajo el cuidado, custodia y control del Departamento de Educación. El acusado Pagán La Luz fue empleado del Departamento como director de Programas Técnicos, un componente del Departamento que era responsable de la administración de las instituciones públicas postsecundarias operadas bajo los auspicios de la agencia. Pagán La Luz vivía con el acusado, Santiago Rodríguez, el propietario y presidente de la acusada Star Enterprises, una corporación con una dirección física registrada idéntica a la dirección residencial que compartían Pagán La Luz y Santiago Rodríguez”.

El robo de dinero contra Educación se ejecutó luego de que perdiera su elegibilidad para contratar con Educación, ya que el Departamento de Estado canceló en noviembre de 2017 el certificado corporativo de Star Enterprises por incumplimiento de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.

Se detalló, en comunicado de prensa, que, “a pesar de no tener un certificado de elegibilidad válido ni un certificado de incorporación válido, Pagán La Luz autorizó (en diciembre de 2019) pagos a Star Enterprises por un total de $213,210.07 por el trabajo que Star Enterprises supuestamente realizó para Educación. En septiembre de 2020, Pagán La Luz utilizó una empresa intermediaria que era un contratista autorizado para canalizar $59,999 a Star Enterprises y Santiago Rodríguez por servicios que nunca se prestaron”.

A consecuencia de esta revelación, Educación estipuló que mantienen un “compromiso absoluto de colaborar plenamente con cualquier requerimiento de las agencias estatales y federales pertinentes. En nuestra institución, rechazamos categóricamente cualquier forma de mal uso de fondos públicos. Por ende, queremos asegurarle a la comunidad que mantendremos una total transparencia en toda la información que nos sea solicitada por las autoridades correspondientes”.

Por su parte, el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, expresó que estas convicciones “deben enviar un mensaje claro de que la Fiscalía federal y nuestros socios federales y estatales trabajarán agresivamente para llevar ante la justicia a quienes defraudan al gobierno, especialmente las instituciones dedicadas a servir a nuestros niños. La corrupción pública socava la confianza en nuestras instituciones gubernamentales y el estado de derecho. Continuaremos responsabilizando a quienes violan la confianza del público para su beneficio personal”.

Mientras, el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph González, manifestó que “en este caso, el funcionario público fue llamado principalmente a actuar en beneficio de los niños y en cambio actuó en beneficio de él y de su pareja. No puedo enfatizar esto lo suficiente: ningún plan es invisible y el pueblo de Puerto Rico está cansado de soportar este comportamiento de quienes se supone deben servirles”.

La sentencia en este caso fue pautada para el 22 de mayo a las 10:00 a.m. Se exponen a cumplir hasta un máximo de 10 años en prisión, una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada.